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Bullying Racista

Cada vez que América Latina es reorganizada desde afuera en nombre del orden, la seguridad o la civilización, reaparece una lógica que el continente conoce demasiado bien: la articulación del capitalismo a través de un sistema de jerarquías raciales. No se trata de un desvío ni de un exceso ocasional, sino de una estructura histórica profunda. El Imperio Español la formuló de manera explícita al organizar la economía colonial mediante un régimen de castas que distribuía trabajo, movilidad, derechos y humanidad según la raza; el capitalismo latinoamericano nació así, racializado desde su origen. Desde entonces, cada ciclo de acumulación extractiva sin mediaciones políticas ni democráticas reactiva esa matriz: poblaciones clasificadas, territorios administrados, cuerpos criminalizados. La intervención de Estados Unidos en Venezuela debe leerse en esa genealogía larga. No como un episodio aislado de política exterior, sino como la reactivación de una gramática colonial que concibe a la región menos como un conjunto de sociedades soberanas que como una reserva de recursos, un problema demográfico y un espacio de contención. La figura del “narco-terrorista”, la criminalización del migrante venezolano, la aceptación tácita de que un país puede ser “administrado” desde afuera no son anomalías discursivas: son los signos contemporáneos de un orden que, cuando el capitalismo deja de necesitar ciudadanos y pasa a necesitar territorios y minerales, vuelve a organizar el mundo en términos de raza, peligrosidad y utilidad. En ese marco, la democracia deja de ser un principio universal y se convierte en un privilegio condicional.

Venezuela no fue liberada: fue reclasificada dentro de un nuevo orden imperial que ya no necesita fingir legitimidad democrático.

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La ley de la selva

El 3 de enero de 2026 no será recordado, pese a la tentación mediática, como el día en que cayó Nicolás Maduro. Esa lectura, cómoda y moralmente tranquilizadora, es insuficiente y, en última instancia, engañosa. Lo que ocurrió ese día no se agota en la captura de un dictador largamente repudiado por su propio pueblo y por amplios sectores de la comunidad internacional. El acontecimiento real es otro, más profundo y más inquietante: Estados Unidos abandonó de manera explícita el marco normativo, simbólico y político con el que justificó su hegemonía global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela fue el escenario; el verdadero giro es sistémico.

Durante décadas, incluso en sus intervenciones más brutales o contradictorias, Estados Unidos sostuvo —al menos en el plano discursivo— que su poder estaba orientado a fines universales. Democracia, derechos humanos, autodeterminación, libre comercio, seguridad colectiva: ese conjunto de ideas funcionó simultáneamente como coartada, horizonte y límite. A veces se lo traicionaba, a veces se lo instrumentalizaba, pero rara vez se lo negaba de frente. El lenguaje importaba porque la legitimidad importaba. El mundo posterior a 1945 se organizó alrededor de esa ficción productiva: que la fuerza debía justificarse, que la soberanía popular era un valor, que la legalidad internacional era algo más que un estorbo administrativo.

El Eterno Retorno del Imperio

El anuncio realizado por Donald Trump desde Mar-a-Lago rompe con esa tradición sin nostalgia ni disimulo. No hubo intento serio de construir legitimidad multilateral, no hubo consulta al Congreso estadounidense, no hubo coordinación regional, no hubo siquiera un relato jurídico coherente que articulara fines, medios y consecuencias. Hubo, en cambio, una afirmación desnuda de poder: Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición “segura”. No una transición democrática, no una restitución institucional, no la entrega inmediata del mando a las autoridades electas en 2024, sino una administración tutelar ejercida desde afuera. Ese matiz no es menor: es el núcleo del problema.

Conviene decirlo con claridad, para evitar equívocos interesadamente explotados. El régimen de Maduro era ilegítimo. Perdió las elecciones de 2024. Gobernó mediante represión, fraude y miedo. Violó derechos humanos de manera sistemática. Construyó alianzas criminales y parasitó al Estado venezolano durante años. Nada de eso está en discusión. Pero la ilegitimidad del régimen derrocado no legitima automáticamente lo que lo reemplaza. La historia latinoamericana está llena de episodios en los que una injusticia fue sustituida por otra, a veces más sofisticada, a veces más cínica, casi siempre presentada como un mal necesario.

Estados Unidos no abandona la Pax Americana porque haya sido derrotado, sino porque dejó de estar dispuesto a pagar los costos de sostenerla.

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Si el objetivo hubiera sido restaurar la soberanía popular venezolana, el proceso habría sido radicalmente distinto. La centralidad política habría recaído de inmediato en el presidente electo Edmundo González Urrutia; María Corina Machado habría sido interlocutora inevitable; se habría buscado el respaldo explícito de Colombia, Brasil, México, la OEA y la Unión Europea; se habría articulado algún tipo de marco jurídico excepcional que, aun frágil, intentara sostener una legalidad compartida. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, Trump declaró no haber hablado con Machado y sugirió que su liderazgo sería “difícil”, mientras su secretario de Estado mantenía conversaciones con figuras residuales del chavismo. El mensaje implícito es brutal: la democracia venezolana no es el sujeto del proceso, es una variable secundaria, negociable, prescindible.

Esferas de Influencia

Este desplazamiento no es accidental. Responde a un cambio doctrinario más amplio. Estados Unidos adopta ahora, de manera explícita, la lógica de las esferas de influencia, una noción que históricamente rechazó por considerarla propia de imperios autoritarios. Durante la Guerra Fría, Washington se presentó como la potencia que no reclamaba territorios ni “patios traseros”, sino adhesiones voluntarias a un modelo político y económico. Esa pretensión fue muchas veces hipócrita, pero funcionó como principio ordenador. La idea de que ningún país estaba condenado por su geografía a renunciar a la democracia fue central en el imaginario occidental.

Hoy esa idea se abandona sin duelo. El discurso que empieza a consolidarse —y que la intervención en Venezuela cristaliza— es otro: cada gran potencia administra su vecindario, negocia con las otras potencias los límites de su dominio y deja de fingir que los valores universales son algo más que retórica instrumental. Rusia en Europa del Este, China en Asia, Estados Unidos en el hemisferio occidental. No cooperación, no derecho internacional, no autodeterminación: reparto. El mundo vuelve a organizarse como tablero, no como comunidad.

La intervención en Venezuela no ordena América Latina: la convierte en una zona de impacto donde los Estados reaccionan a decisiones que no tomaron.

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La Droga como excusa… again…

Uno de los aspectos más reveladores de este giro es la pobreza deliberada de su justificación. Drogas, terrorismo, migración, petróleo, Cuba, China, Irán: las razones se acumulan sin articularse, se contradicen entre sí y se desmoronan al contacto con los hechos. Sin embargo, esa debilidad argumentativa no parece inquietar a la Casa Blanca. Y no la inquieta porque ya no es necesario convencer. La legitimidad deja de ser un requisito cuando el poder se percibe como suficiente. El mensaje no está dirigido a América Latina ni al sistema internacional, sino al consumo político doméstico estadounidense: demostración de fuerza, decisión ejecutiva, espectáculo de soberanía.

En ese sentido, Venezuela no importa como país. Importa como símbolo. Importa como prueba de que Estados Unidos puede actuar solo, rápido y sin pedir permiso. Importa como escenificación de un poder que ya no se siente obligado a justificarse moralmente. Ese gesto tiene consecuencias que exceden con creces al caso venezolano.

Aceptar este precedente implica aceptar todos los que siguen. Si Estados Unidos puede intervenir unilateralmente para “administrar” Venezuela, Rusia puede hacer lo propio en Ucrania sin más argumento que su seguridad estratégica; China puede hacer lo mismo en Taiwán en nombre de su integridad territorial. La fuerza deja de ser excepción y se convierte en norma. La violencia se normaliza como herramienta legítima de política internacional. El mundo se vuelve, inevitablemente, más inestable, más peligroso y más propenso a conflictos prolongados y difíciles de contener.

La verdadera novedad no es la caída de un dictador, sino la normalización de un mundo donde nadie se siente obligado a justificar el uso de la fuerza.

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Pero el efecto de este giro no se limita al plano internacional. Tiene un efecto espejo hacia adentro de Estados Unidos. La historia del siglo XX demuestra que la política exterior y la política interna están íntimamente ligadas. Fue la necesidad de presentarse como líder del “mundo libre” lo que empujó avances decisivos en derechos civiles, desegregación racial y ampliación de libertades durante las décadas centrales del siglo pasado. La coherencia entre el relato externo y la práctica interna no era perfecta, pero funcionaba como motor de transformación.

Pax Romana-Pax Hispánica-Pax Británica-Pax Americana-Caos.

Cuando esa exigencia desaparece, cuando Estados Unidos deja de verse a sí mismo como portador de un proyecto universal, se debilitan también los incentivos para sostener estándares democráticos en casa. Si ya no hay que ser ejemplo, si ya no hay que persuadir, si ya no hay que justificar, ¿por qué no retroceder hacia jerarquías, exclusiones y autoritarismos “domésticos”? La historia muestra que el imperialismo externo suele ir acompañado de regresiones internas. No es una hipótesis: es un patrón.

Venezuela, en este contexto, ocupa un lugar trágico. Millones de venezolanos votaron en 2024 bajo un régimen represivo, arriesgaron su seguridad, documentaron el fraude, sostuvieron una esperanza democrática contra todo pronóstico. Lo que reciben ahora no es la restitución de su voluntad, sino su desplazamiento. La soberanía popular es descartada como incómoda. Paradójicamente, el gesto de Trump termina validando retrospectivamente el relato chavista: Estados Unidos no quiere democracia, quiere control. Un relato falso durante años, ahora confirmado por los hechos.

La guerra mundial por default no comienza con una declaración formal, sino cuando el poder deja de sentirse responsable de evitarla.

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Las consecuencias regionales de este giro son inmediatas y profundamente desestabilizadoras. La intervención unilateral en Venezuela no ordena América Latina: la convierte en zona de impacto. Los gobiernos que se alinean ideológicamente con Washington, como el argentino, lo hacen sin coordinación real, sin diálogo en tiempo real y sin capacidad de incidir en las decisiones que celebran. El comunicado del gobierno argentino, apoyando al presidente electo venezolano y a María Corina Machado mientras Trump los ignora públicamente, revela una subordinación simbólica más que una alianza estratégica. En ese marco, incluso los gobiernos bienintencionados se verán empujados a decisiones materiales que contradicen cualquier retórica democrática: endurecimiento de fronteras, políticas migratorias restrictivas, securitización de la pobreza, cooperación policial opaca. Venezuela no desaparecerá como problema regional; una transición tutelada y sin legitimidad interna clara puede producir nuevas olas de exilio en un Cono Sur que se endurece ideológicamente hacia la ultraderecha. El resultado previsible no es estabilidad, sino fricción: conflictos diplomáticos, tensiones fronterizas y disputas humanitarias que nadie quiere asumir.

IIIWW

Hablar, entonces, de una “tercera guerra mundial por default” no implica imaginar un conflicto total, declarado y simétrico entre potencias, sino algo más silencioso y más corrosivo: un proceso de descomposición del orden global producido por la renuncia progresiva de Estados Unidos a sostener los costos políticos, simbólicos y materiales de su propia hegemonía. La Pax Americana no colapsa porque sea derrotada por un enemigo externo, sino porque deja de ser creíble incluso para quienes se beneficiaban de ella. Allí donde antes había un poder que, con todas sus contradicciones, ofrecía reglas, previsibilidad y un horizonte universalista, aparece ahora un actor que se comporta como bully regional, administra territorios, extrae recursos y reduce la política internacional a una lógica transaccional de corto plazo. Este giro no fortalece a Estados Unidos: lo debilita. Al abandonar el universalismo —aunque fuera hipócrita— y reemplazarlo por una parcialización del mundo en zonas de dominio, Washington deja de ser árbitro imperfecto para convertirse en un factor más del desorden que dice combatir. La guerra por default no estalla porque alguien la declare, sino porque nadie se siente ya obligado a evitarla; emerge por inercia, como resultado acumulativo de intervenciones sin legitimidad, cierres de fronteras, jerarquizaciones raciales y repliegues identitarios que erosionan, uno a uno, los mecanismos que durante décadas contuvieron la violencia global. No es una guerra épica ni ideológica, sino una guerra de agotamiento moral y político: el síntoma final de un imperio que, incapaz de sostener su propio relato, opta por administrar fragmentos del mundo y deja al resto librado al conflicto permanente.

La guerra mundial por default no comienza con una declaración formal, sino cuando el poder deja de sentirse responsable de evitarla.

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Trump, Cornered, Dismantles the Pax Americana by Putinizing the World

Structural Racism

Every time Latin America is reorganized from the outside in the name of order, security, or civilization, a logic reemerges that the continent knows all too well: the articulation of capitalism through a system of racial hierarchies. This is not a deviation or an occasional excess, but a deep historical structure. The Spanish Empire formulated it explicitly by organizing the colonial economy through a caste system that distributed labor, mobility, rights, and even humanity according to race; Latin American capitalism was born racialized at its core. Since then, every cycle of extractive accumulation without political or democratic mediation has reactivated that matrix: classified populations, administered territories, criminalized bodies. The U.S. intervention in Venezuela must be read within this long genealogy. Not as an isolated episode of foreign policy, but as the reactivation of a colonial grammar that conceives the region less as a collection of sovereign societies than as a reserve of resources, a demographic problem, and a zone of containment. The figure of the “narco-terrorist,” the criminalization of the Venezuelan migrant, and the tacit acceptance that an entire country can be “administered” from abroad are not discursive anomalies; they are contemporary signs of an order that, when capitalism no longer needs citizens and instead needs territories and minerals, reorganizes the world once again in terms of race, dangerousness, and utility. In this framework, democracy ceases to be a universal principle and becomes a conditional privilege.

Venezuela did not fall as an exception; it was absorbed as a test case for a world no longer organized around consent, but around control.

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January 3, 2026 will not be remembered—despite media temptation—as the day Nicolás Maduro fell. That reading, comfortable and morally reassuring, is insufficient and ultimately misleading. What occurred that day does not end with the capture of a dictator long repudiated by his own people and by broad sectors of the international community. The real event is something else, deeper and far more unsettling: the United States explicitly abandoned the normative, symbolic, and political framework through which it justified its global hegemony since the end of the Second World War. Venezuela was the stage; the real shift is systemic.

US withdraws from a 2000 year Tradition of “Civilizatory” Empires

For decades, even in its most brutal or contradictory interventions, the United States maintained—at least discursively—that its power was oriented toward universal ends. Democracy, human rights, self-determination, free trade, collective security: this set of ideas functioned simultaneously as alibi, horizon, and limit. They were often betrayed or instrumentalized, but rarely rejected outright. Language mattered because legitimacy mattered. The post-1945 world was organized around that productive fiction: that force required justification, that popular sovereignty had value, that international legality was more than a bureaucratic inconvenience.

Donald Trump’s announcement from Mar-a-Lago breaks with that tradition without nostalgia or disguise. There was no serious attempt to build multilateral legitimacy, no consultation with the U.S. Congress, no regional coordination, not even a coherent legal narrative articulating ends, means, and consequences. Instead, there was a naked assertion of power: the United States would “run” Venezuela until a “safe” transition could be achieved. Not a democratic transition, not institutional restitution, not the immediate transfer of authority to the officials elected in 2024, but a tutelary administration imposed from outside. That distinction is not semantic; it is the core of the problem.

When power stops pretending to be universal, democracy ceases to be a principle and becomes a conditional privilege.

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This must be stated clearly to avoid convenient misunderstandings. Maduro’s regime was illegitimate. He lost the 2024 elections. He governed through repression, fraud, and fear. He violated human rights systematically. He built criminal alliances and parasitized the Venezuelan state for years. None of this is in dispute. But the illegitimacy of the overthrown regime does not automatically legitimize what replaces it. Latin American history is replete with episodes in which one injustice was substituted by another, sometimes more sophisticated, sometimes more cynical, almost always presented as a necessary evil.

The collapse of the Pax Americana is not a sign of U.S. strength, but of an empire unwilling to bear the costs of its own order.

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Had the goal been to restore Venezuelan popular sovereignty, the process would have been radically different. Political centrality would have immediately fallen to President-elect Edmundo González Urrutia; María Corina Machado would have been an unavoidable interlocutor; explicit backing would have been sought from Colombia, Brazil, Mexico, the OAS, and the European Union; some form of exceptional but shared legal framework would have been articulated. None of this occurred. Instead, Trump declared he had not yet spoken with Machado and suggested her leadership would be “difficult,” while his Secretary of State held conversations with residual figures of Chavismo. The implicit message is brutal: Venezuelan democracy is not the subject of this process; it is a secondary, negotiable, dispensable variable.

The Backyard Theory

This displacement is not accidental. It responds to a broader doctrinal shift. The United States now explicitly adopts the logic of spheres of influence, a notion it historically rejected as characteristic of authoritarian empires. During the Cold War, Washington portrayed itself as a power that did not claim territories or “backyards,” but voluntary adherence to a political and economic model. That claim was often hypocritical, but it functioned as an organizing principle. The idea that no country was condemned by geography to renounce democracy was central to the Western imaginary.

Today that idea is abandoned without mourning. The emerging discourse—crystallized by the Venezuelan intervention—is different: each great power administers its neighborhood, negotiates the limits of its dominance with other powers, and stops pretending that universal values are anything more than instrumental rhetoric. Russia in Eastern Europe, China in Asia, the United States in the Western Hemisphere. No cooperation, no international law, no self-determination: division. The world is reorganized as a board, not a community.

What is being normalized is not intervention, but the idea that force no longer requires explanation.

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One of the most revealing aspects of this shift is the deliberate poverty of its justification. Drugs, terrorism, migration, oil, Cuba, China, Iran: the reasons accumulate without coherence, contradict one another, and collapse upon contact with reality. Yet this argumentative weakness does not seem to trouble the White House. And it does not trouble it because persuasion is no longer necessary. Legitimacy ceases to be a requirement when power is perceived as sufficient. The message is not directed at Latin America or the international system, but at domestic U.S. political consumption: displays of force, executive decisiveness, spectacles of sovereignty.

Venezuela as a Symptom

In this sense, Venezuela does not matter as a country. It matters as a symbol. It matters as proof that the United States can act alone, quickly, and without asking permission. It matters as the staging of a power that no longer feels compelled to justify itself morally. That gesture carries consequences far beyond the Venezuelan case.

What is being normalized is not intervention, but the idea that force no longer requires explanation.

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Accepting this precedent means accepting all those that follow. If the United States can unilaterally intervene to “administer” Venezuela, Russia can do the same in Ukraine under the banner of strategic security; China can do so in Taiwan in the name of territorial integrity. Force ceases to be an exception and becomes the rule. Violence is normalized as a legitimate tool of international politics. The world becomes, inevitably, more unstable, more dangerous, and more prone to prolonged conflicts that are difficult to contain.

The US as Black Mirror

But the effects of this shift are not limited to the international sphere. They produce a mirror effect within the United States itself. Twentieth-century history shows that foreign policy and domestic politics are deeply intertwined. The need to present itself as leader of the “free world” propelled decisive advances in civil rights, racial desegregation, and the expansion of freedoms during the mid-century decades. Coherence between external narrative and internal practice was never perfect, but it functioned as a motor of transformation.

Latin America is no longer treated as a political region, but as an extractive and disciplinary space within a fragmented imperial order.

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When that demand disappears—when the United States ceases to see itself as bearer of a universal project—the incentives to sustain democratic standards at home weaken as well. If there is no longer a need to be an example, no need to persuade, no need to justify, why not regress toward hierarchies, exclusions, and “domestic” authoritarianisms? History shows that external imperialism is often accompanied by internal regression. This is not speculation; it is a pattern.

Venezuela, in this context, occupies a tragic position. Millions of Venezuelans voted in 2024 under a repressive regime, risked their safety, documented fraud, and sustained democratic hope against all odds. What they receive now is not the restitution of their will, but its displacement. Popular sovereignty is discarded as inconvenient. Paradoxically, Trump’s gesture retrospectively validates the Chavista narrative: the United States does not want democracy; it wants control. A narrative false for years, now confirmed by facts.

Paradoxically, Trump’s gesture retrospectively validates the Chavista narrative: the United States does not want democracy; it wants control. A narrative false for years, now confirmed by facts.

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The regional consequences of this shift are immediate and deeply destabilizing. Unilateral intervention in Venezuela does not order Latin America; it turns it into an impact zone. Governments ideologically aligned with Washington, such as Argentina’s, do so without real coordination, without real-time dialogue, and without the ability to influence the decisions they celebrate. The Argentine government’s statement supporting the Venezuelan president-elect and María Corina Machado while Trump publicly ignores them reveals symbolic subordination rather than strategic alliance. In this context, even well-intentioned governments will be pushed toward material decisions that contradict democratic rhetoric: hardened borders, restrictive migration policies, securitization of poverty, opaque police cooperation. Venezuela will not disappear as a regional problem; a tutelary transition lacking clear internal legitimacy may generate new waves of exile in a Southern Cone that is ideologically hardening toward the far right. The predictable outcome is not stability, but friction: diplomatic conflicts, border tensions, and humanitarian disputes that no one wants to assume responsibility for.

To speak, then, of a “third world war by default” is not to imagine a total, declared, symmetrical conflict among powers, but something quieter and more corrosive: a process of global order decomposition produced by the progressive renunciation of the United States to bear the political, symbolic, and material costs of its own hegemony. The Pax Americana does not collapse because it is defeated by an external enemy, but because it ceases to be credible even to those who benefited from it. Where there was once a power that, for all its contradictions, offered rules, predictability, and a universalist horizon, there now appears an actor behaving as a regional bully, administering territories, extracting resources, and reducing international politics to short-term transactional logic. This turn does not strengthen the United States; it weakens it. By abandoning universalism—even hypocritical universalism—and replacing it with a partitioned world of dominance zones, Washington ceases to be an imperfect arbiter and becomes just another contributor to the disorder it claims to oppose. The war by default does not erupt because someone declares it, but because no one feels obliged to prevent it; it emerges through inertia, as the cumulative result of illegitimate interventions, border closures, racial hierarchizations, and identitarian retreats that erode, one by one, the mechanisms that contained global violence for decades. It is not an epic or ideological war, but a war of moral and political exhaustion: the final symptom of an empire that, unable to sustain its own narrative, opts to administer fragments of the world and leaves the rest to permanent conflict.

This is not the return of geopolitics as usual, but the erosion of the last restraints that once made global violence avoidable.

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Historia a contrapelo del arte argentino propone una lectura crítica y no complaciente de la historia del arte en la Argentina, escrita desde los márgenes, contra el canon y contra las versiones consolidadas del poder cultural.

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