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Introducción
Hay gestos que no son accidentales, incluso cuando se presentan como torpezas, memes o provocaciones efímeras. Hay imágenes que no funcionan como mensajes aislados, sino como síntomas. Y hay momentos históricos en los que una imagen —precisamente por su vulgaridad— dice más que mil documentos técnicos. El video AI que Donald Trump publicó y luego retiró, en el que Barack Obama aparecía figurado como un mono, pertenece a esa categoría. No fue simplemente “racista” en el sentido banal del término; fue algo más incómodo: una escena de verdad obscena del sistema político estadounidense en su fase actual.

Durante horas, el episodio fue tratado como se tratan casi todos los excesos trumpistas: indignación rápida, condena moral, memes de respuesta, llamados a la decencia. Sin embargo, algo se desvió de ese guion habitual. El post fue retirado. Hubo desmarques. Hubo excusas. Hubo un retroceso torpe —“no vi el final”, “lo subió un staffer”— que contrasta con la lógica de duplicación y desafío que suele caracterizar al trumpismo. Esa retirada es la primera pista de que no se estaba frente a una provocación cualquiera. Algo ahí tocó un nervio estructural.
El meme de Obama como mono no fue un exceso de Trump: fue el momento en que el sistema dejó de necesitar mediadores humanos.
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La comparación de personas negras con animales no es una metáfora inocente ni un exabrupto contemporáneo. Es uno de los archivos visuales más persistentes del racismo moderno, una tecnología simbólica que justificó esclavitud, segregación, colonialismo y exterminio. No requiere sofisticación histórica para ser reconocida como tal. Precisamente por eso, el gesto no puede leerse como un simple “error de comunicación” o una provocación destinada al consumo interno de una base radicalizada. La pregunta pertinente no es si fue racista —eso es evidente— sino por qué apareció ahora, por qué tuvo como objeto a Obama y por qué, a diferencia de otras brutalidades, debió ser retirado.
Barack Obama no es una figura marginal del sistema político estadounidense. Tampoco es, como a veces se lo presenta retrospectivamente, un outsider traicionado por las instituciones. Obama fue el mayor éxito del Partido Demócrata en el siglo XXI. Fue la prueba de que el sistema podía absorber la cuestión racial, metabolizarla simbólicamente y devolverla en forma de legitimidad renovada sin alterar sus fundamentos económicos. Bajo su presidencia se consolidó la arquitectura financiera posterior a la crisis de 2008, se estabilizó el poder de Wall Street, se profundizó la alianza con Silicon Valley y se restauró la autoridad moral de Estados Unidos tras el descrédito de la era Bush. Todo eso ocurrió mientras se celebraba, con razón histórica pero también con función política, la llegada del primer presidente negro a la Casa Blanca.
Ese es el punto incómodo que rara vez se formula con claridad: Obama no fue solo una conquista de los derechos civiles; fue también una herramienta de disciplinamiento. Canalizó el conflicto racial hacia el terreno de la representación, del mérito individual y del ejemplo moral, desactivando su potencial como conflicto económico estructural. La inclusión operó como sustituto de la redistribución. La diversidad en la cima funcionó como prueba de justicia sistémica mientras las condiciones materiales de amplios sectores —negros y blancos— se precarizaban. Esa operación no fue un engaño personal de Obama; fue una lógica de sistema. Y durante un tiempo, funcionó.
Cuando el futuro desaparece, la política deja de integrar y empieza a deshumanizar: el insulto reemplaza a la promesa.
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Lo que el gesto trumpista parece señalar es que esa lógica ha llegado a su límite. La animalización de Obama no es solo un insulto a una persona; es una revocación simbólica de su función histórica. Es el sistema diciendo, sin mediaciones civilizatorias, que incluso su figura más exitosa, su emblema de inclusión y autocontrol, es prescindible. Que cuando el dispositivo de legitimación deja de servir, puede ser degradado sin contemplaciones. La obscenidad no está solo en la imagen, sino en su franqueza.
Esta obscenidad coincide con una transformación más amplia del poder. Durante décadas, la dominación en Estados Unidos se organizó en torno a clivajes relativamente estables: raza, clase, ciudadanía. El Partido Demócrata administró buena parte de esos conflictos mediante políticas simbólicas, reconocimiento cultural y una pedagogía moral que prometía integración futura. El Partido Republicano, por su parte, canalizó resentimientos mediante conservadurismo cultural y nacionalismo económico retórico. Ese equilibrio precario dependía de una condición central: que el capitalismo estadounidense siguiera siendo capaz de prometer futuro, aunque no lo entregara de manera equitativa.

Esa condición ya no existe. El crecimiento no alcanza, la productividad se concentra, la deuda se expande y la tecnología redefine la relación entre trabajo, valor y control. En ese contexto, la vieja gramática de la inclusión pierde eficacia. La deshumanización ya no se organiza únicamente —ni siquiera principalmente— en torno a la raza. Empieza a hacerlo en torno a la utilidad sistémica, la posición política, el acceso a educación, la integración tecnológica y la capacidad de adaptación a un orden cada vez más inestable. El obrero precarizado, el migrante funcional, el graduado endeudado, el usuario convertido en productor gratuito de datos: todos ocupan posiciones distintas en una jerarquía que ya no necesita justificarse moralmente.
Trump no crea esta mutación; la exhibe. Su vulgaridad no es una anomalía sino una adaptación. El trumpismo elimina el lenguaje civilizatorio que el Partido Demócrata perfeccionó durante décadas y lo reemplaza por una política de choque, distracción y deshumanización explícita. No propone un nuevo orden; administra el colapso del viejo. En ese sentido, el meme racista no es un desliz comunicacional sino una escena condensada de esta transición: del disciplinamiento inclusivo a la dominación obscena.
La pregunta que organiza este análisis no es, entonces, si Trump es racista —lo es— ni si Obama fue una figura admirable —lo fue en muchos sentidos—, sino qué revela el pasaje de uno al otro sobre el estado actual del poder. ¿Qué ocurre cuando la política racial, durante décadas canalizada y neutralizada por el Partido Demócrata, deja de cumplir su función estabilizadora? ¿Qué tipo de dominación emerge cuando la inclusión simbólica ya no alcanza para sostener la legitimidad del sistema? ¿Y qué lugar ocupa, en este escenario, una sociedad cada vez más fragmentada entre ganadores tecnológicos y poblaciones descartables?
Responder estas preguntas exige abandonar la comodidad del juicio moral inmediato y entrar en una lectura estructural. Exige mirar el gesto obsceno no como una aberración, sino como un síntoma. Porque cuando el sistema deja de prometer futuro, la política deja de ser administración y vuelve a ser, en su forma más cruda, dominación. Y en ese punto, incluso los símbolos que alguna vez garantizaron estabilidad pueden ser arrojados al suelo sin remordimiento.
El racismo explícito no es un desvío del sistema: es su forma de gobierno cuando ya no puede ofrecer bienestar.
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De la inclusión disciplinaria a la deshumanización obscena: una mutación del poder
Durante décadas, el sistema político estadounidense gestionó sus contradicciones internas mediante un delicado equilibrio entre reconocimiento simbólico y exclusión material. La cuestión racial fue central en ese dispositivo. No porque resolviera la desigualdad estructural, sino porque permitió administrarla. El Partido Demócrata se convirtió en el principal canal de esa gestión: absorbió demandas históricas, las tradujo en lenguaje institucional y las integró a un relato de progreso que reforzaba la legitimidad del orden existente.

La presidencia de Barack Obama fue el punto más alto de ese mecanismo. No solo por el hecho histórico de su elección, sino por la función política que cumplió. Obama operó como una figura de sutura: entre el trauma de la crisis financiera de 2008, la violencia racial persistente y la erosión del contrato social, su imagen permitió sostener la idea de que el sistema, pese a todo, funcionaba. La narrativa era clara: si un hombre negro podía llegar a la presidencia, entonces el problema no era estructural sino residual; no era sistémico sino moral; no requería redistribución sino paciencia.
Ese desplazamiento tuvo consecuencias profundas. La desigualdad racial dejó de ser pensada principalmente como una cuestión de propiedad, trabajo, vivienda o acceso a servicios, y pasó a ser tratada como un problema de representación, lenguaje y conducta individual. La violencia policial continuó, pero fue reinterpretada como desviación; la pobreza persistió, pero fue encuadrada como déficit educativo; la exclusión se mantuvo, pero quedó envuelta en un discurso de diversidad corporativa y meritocracia ilustrada. Silicon Valley, Wall Street y el Partido Demócrata encontraron ahí un punto de convergencia: inclusión simbólica sin transformación material.
Ese modelo, sin embargo, dependía de una condición que hoy está rota: la capacidad del capitalismo estadounidense de ofrecer un horizonte creíble de mejora. Mientras existió crecimiento, expansión crediticia y movilidad relativa —aunque desigual—, la inclusión disciplinaria funcionó. Pero cuando el futuro se volvió escaso, cuando la automatización comenzó a vaciar de sentido la promesa del trabajo estable, cuando la deuda reemplazó al salario como mecanismo de supervivencia, la pedagogía moral perdió eficacia.
Es en ese contexto donde debe leerse el gesto trumpista. Trump no irrumpe como un accidente externo al sistema, sino como una mutación interna. El trumpismo no intenta integrar; intenta gobernar el colapso. No promete ascenso; promete castigo y jerarquía. No busca legitimidad moral; busca eficacia performativa. En lugar de administrar el conflicto racial, lo reconfigura como espectáculo de deshumanización.
La animalización de Obama no es solo racismo explícito; es una revocación simbólica del contrato anterior. Es el sistema diciendo que ya no necesita la mediación civilizatoria que Obama representaba. Que ya no necesita disimular. Que puede prescindir de la ficción de progreso inclusivo y pasar a una lógica más cruda: ganadores y descartables, útiles e inútiles, obedientes y prescindibles.
Aquí aparece un punto clave: la deshumanización ya no se organiza exclusivamente en torno a la raza, aunque la raza siga siendo un vector privilegiado. Se reorganiza en torno a la posición política y funcional dentro del sistema. El “enemigo” ya no es solo el otro racializado, sino también el progresista, el educado, el sindicalizado, el crítico, el que cuestiona la arquitectura financiera o tecnológica. La línea divisoria se desplaza: no es solo blanco/negro, sino integrado/no integrado, dócil/disruptivo, útil/obsoleto.

Esto explica por qué el gesto contra Obama no proviene de un margen extremista sino del centro del poder. Obama encarna una figura paradójica: fue el máximo logro simbólico del sistema, pero también el límite de su capacidad de absorción. Cuando ese límite se vuelve evidente, la figura deja de ser protegida y pasa a ser sacrificable. El meme no es una anomalía; es una señal de que el ciclo de la inclusión disciplinaria ha terminado.
Cuando la conversación política se bloquea y lo material desaparece del debate, la deshumanización se vuelve el lenguaje normal del poder.
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En ese sentido, el trumpismo no destruye el orden liberal; lo despoja de su máscara. Expone la violencia que siempre estuvo ahí, pero que antes se administraba con lenguaje jurídico, diversidad institucional y promesas diferidas. La obscenidad no es un exceso: es una simplificación. Un modo de gobierno adaptado a un tiempo en el que ya no hay futuro suficiente para todos y, por lo tanto, ya no hay necesidad de fingir que lo habrá.
Este pasaje tiene implicancias profundas para entender el presente. Cuando la política racial deja de ser una herramienta de estabilización y pasa a ser un campo de confrontación abierta, el conflicto ya no puede canalizarse por las vías tradicionales. El Partido Demócrata, cuya función histórica fue traducir conflicto en gobernabilidad, queda atrapado: no puede radicalizar sin desarmarse, ni contener sin perder relevancia. Y en ese vacío, la deshumanización explícita se vuelve un recurso de poder, no un error comunicacional.
La escena del meme racista es, así, una condensación de este cambio de régimen. No habla solo de Trump. Habla de un sistema que ha dejado de invertir en consenso y ha comenzado a invertir en choque. Un sistema que ya no promete integración, sino supervivencia jerárquica. Y que, al hacerlo, redefine quién cuenta como plenamente humano y quién puede ser reducido a caricatura sin consecuencias.
El precio del orden: dólar, energía y disciplinamiento en un mundo sin futuro
La deshumanización obscena no es un fenómeno aislado ni meramente cultural. Es el correlato simbólico de una transformación material más profunda: la crisis del régimen económico que sostuvo la hegemonía estadounidense durante las últimas cinco décadas. Para comprender por qué el sistema ya no necesita mediaciones civilizatorias —y por qué puede permitirse gestos brutales sin pagar costos inmediatos— es necesario volver a un punto de inflexión histórico: 1971.

Cuando Estados Unidos abandona el patrón oro y rompe el sistema de Bretton Woods, inaugura una forma inédita de poder. A partir de ese momento, el dólar deja de estar respaldado por un activo material y pasa a estar respaldado por algo más difuso pero más eficaz: la capacidad estadounidense de imponer las reglas del comercio, las finanzas y la seguridad global. El país se convierte en importador neto, financia sus déficits emitiendo su propia moneda y obliga al resto del mundo a reciclar esos dólares dentro de su sistema financiero.
Ese reciclaje adopta una forma relativamente estable durante décadas. Los dólares que salen regresan en forma de compra de bonos del Tesoro, inversión inmobiliaria y activos financieros. El Estado se financia, el complejo militar-industrial se expande, Wall Street crece y el consumo interno se sostiene aun cuando la producción se deslocaliza. La promesa implícita es clara: el mundo trabaja, Estados Unidos administra.
Ese equilibrio comienza a resquebrajarse cuando dos procesos convergen. Por un lado, la financiarización extrema vacía de contenido al trabajo como fuente de integración social. Por otro, la emergencia de China como potencia productiva y tecnológica pone en cuestión el monopolio estadounidense sobre el futuro. Ya no se trata solo de competir en precios o salarios, sino en capacidad de planificación, infraestructura, energía y control de cadenas de valor estratégicas.
La obscenidad no es un exceso del sistema: es la forma que adopta el poder cuando ya no puede prometer futuro.
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En ese escenario, la energía se vuelve un campo central de disputa. El giro hacia el fracking, la obsesión por asegurar productores fósiles y la resistencia sistemática a una transición energética real no responden a una negación ingenua del cambio climático, sino a una lógica defensiva. El petróleo y el gas no son solo fuentes de energía: son instrumentos de poder. Controlar su flujo permite condicionar economías enteras, disciplinar aliados y presionar competidores.
Sin embargo, esta estrategia tiene una contradicción interna evidente. El núcleo social del trumpismo —particularmente en regiones como el Permian Basin— depende de precios del petróleo relativamente altos para sobrevivir. Si el barril cae por debajo de cierto umbral, las pequeñas y medianas empresas de fracking dejan de ser rentables. A diferencia de productores como Arabia Saudita, capaces de sostener bajos precios por volumen, el fracking estadounidense necesita escasez relativa para funcionar.
Esto vuelve incoherente la fantasía de “tomar” el petróleo del mundo y volcarlo al mercado. No se trata de inundar de crudo, sino de administrar su restricción. La energía, como el dólar, funciona mejor como amenaza que como abundancia. Es un instrumento de negociación, no una mercancía neutral.
Aquí aparece un punto clave: el orden que se intenta sostener ya no está orientado al crecimiento general, sino a la preservación de jerarquías. El objetivo no es expandir bienestar, sino evitar el colapso del sistema financiero y monetario que sostiene los privilegios existentes. En ese marco, incluso decisiones aparentemente irracionales —como transportar gas licuado a través de océanos para reemplazar gas más barato y cercano— adquieren sentido. No son eficientes en términos energéticos ni climáticos, pero sí en términos geopolíticos y financieros.
Este tipo de racionalidad tiene efectos directos sobre la política interna. Cuando la economía deja de ofrecer mejoras tangibles, la legitimidad ya no puede basarse en promesas materiales. Debe basarse en otras cosas: identidad, miedo, castigo, pertenencia. La violencia simbólica —incluida la deshumanización racial o política— se convierte entonces en una herramienta funcional. No distrae del sistema; lo estabiliza.
La obsesión con el dólar es central en este punto. A medida que la hegemonía productiva se erosiona, la hegemonía monetaria debe intensificarse. De ahí la importancia de nuevos mecanismos de absorción de liquidez global: instrumentos financieros opacos, activos “seguros”, arquitecturas paralelas que permitan seguir financiando al Estado sin tocar los privilegios fiscales internos. El capital global debe seguir fluyendo hacia el centro, aun cuando el centro ya no ofrezca un proyecto compartido.
En este contexto, la política se vuelve cada vez más explícita en su brutalidad porque ya no puede ocultar su función real. No está organizando un futuro común, sino administrando una retirada. La pregunta deja de ser cómo integrar a las mayorías y pasa a ser cómo evitar que el descontento se traduzca en una amenaza sistémica.
La deshumanización, entonces, no es un exceso ideológico. Es una señal de época. Marca el pasaje de un orden que prometía —aunque incumpliera— a un orden que directamente ya no promete. Y cuando no hay promesa, lo único que queda es la fuerza: económica, simbólica, policial o militar.
El precio del orden: dólar, energía y disciplinamiento en un mundo sin futuro
La deshumanización obscena no es un fenómeno aislado ni meramente cultural. Es el correlato simbólico de una transformación material más profunda: la crisis del régimen económico que sostuvo la hegemonía estadounidense durante las últimas cinco décadas. Para comprender por qué el sistema ya no necesita mediaciones civilizatorias —y por qué puede permitirse gestos brutales sin pagar costos inmediatos— es necesario volver a un punto de inflexión histórico: 1971.

Cuando Estados Unidos abandona el patrón oro y rompe el sistema de Bretton Woods, inaugura una forma inédita de poder. A partir de ese momento, el dólar deja de estar respaldado por un activo material y pasa a estar respaldado por algo más difuso pero más eficaz: la capacidad estadounidense de imponer las reglas del comercio, las finanzas y la seguridad global. El país se convierte en importador neto, financia sus déficits emitiendo su propia moneda y obliga al resto del mundo a reciclar esos dólares dentro de su sistema financiero.
Ese reciclaje adopta una forma relativamente estable durante décadas. Los dólares que salen regresan en forma de compra de bonos del Tesoro, inversión inmobiliaria y activos financieros. El Estado se financia, el complejo militar-industrial se expande, Wall Street crece y el consumo interno se sostiene aun cuando la producción se deslocaliza. La promesa implícita es clara: el mundo trabaja, Estados Unidos administra.
Ese equilibrio comienza a resquebrajarse cuando dos procesos convergen. Por un lado, la financiarización extrema vacía de contenido al trabajo como fuente de integración social. Por otro lado, la emergencia de China como potencia productiva y tecnológica pone en cuestión el monopolio estadounidense sobre el futuro. Ya no se trata solo de competir en precios o salarios, sino en capacidad de planificación, infraestructura, energía y control de cadenas de valor estratégicas.
En ese escenario, la energía se vuelve un campo central de disputa. El giro hacia el fracking, la obsesión por asegurar productores fósiles y la resistencia sistemática a una transición energética real no responden a una negación ingenua del cambio climático, sino a una lógica defensiva. El petróleo y el gas no son solo fuentes de energía: son instrumentos de poder. Controlar su flujo permite condicionar economías enteras, disciplinar aliados y presionar competidores.

Sin embargo, esta estrategia tiene una contradicción interna evidente. El núcleo social del trumpismo —particularmente en regiones como el Permian Basin— depende de precios del petróleo relativamente altos para sobrevivir. Si el barril cae por debajo de cierto umbral, las pequeñas y medianas empresas de fracking dejan de ser rentables. A diferencia de productores como Arabia Saudita, capaces de sostener bajos precios por volumen, el fracking estadounidense necesita escasez relativa para funcionar. Esto vuelve incoherente la fantasía de “robar” el petróleo del mundo y volcarlo al mercado. No se trata de inundar de crudo, sino de administrar su restricción. La energía, como el dólar, funciona mejor como amenaza que como abundancia. Es un instrumento de negociación, no una mercancía neutral.
Aquí aparece un punto clave: el orden que se intenta sostener ya no está orientado al crecimiento general, sino a la preservación de jerarquías. El objetivo no es expandir bienestar, sino evitar el colapso del sistema financiero y monetario que sostiene los privilegios existentes. En ese marco, incluso decisiones aparentemente irracionales —como transportar gas licuado a través de océanos para reemplazar gas más barato y cercano— adquieren sentido. No son eficientes en términos energéticos ni climáticos, pero sí en términos geopolíticos y financieros. Este tipo de racionalidad tiene efectos directos sobre la política interna. Cuando la economía deja de ofrecer mejoras tangibles, la legitimidad ya no puede basarse en promesas materiales. Debe basarse en otras cosas: identidad, miedo, castigo, pertenencia. La violencia simbólica —incluida la deshumanización racial o política— se convierte entonces en una herramienta funcional. No distrae del sistema; lo estabiliza.
La obsesión con el dólar es central en este punto. A medida que la hegemonía productiva se erosiona, la hegemonía monetaria debe intensificarse. De ahí la importancia de nuevos mecanismos de absorción de liquidez global: instrumentos financieros opacos, activos “seguros”, arquitecturas paralelas que permitan seguir financiando al Estado sin tocar los privilegios fiscales internos. El capital global debe seguir fluyendo hacia el centro, aun cuando el centro ya no ofrezca un proyecto compartido.En este contexto, la política se vuelve cada vez más explícita en su brutalidad porque ya no puede ocultar su función real. No está organizando un futuro común, sino administrando una retirada. La pregunta deja de ser cómo integrar a las mayorías y pasa a ser cómo evitar que el descontento se traduzca en una amenaza sistémica.
La deshumanización, entonces, no es un exceso ideológico. Es una señal de época. Marca el pasaje de un orden que prometía —aunque incumpliera— a un orden que directamente ya no promete. Y cuando no hay promesa, lo único que queda es la fuerza: económica, simbólica, policial o militar.
Del banco al algoritmo: Big Tech, financiarización extrema y el agotamiento del bipartidismo
Si la ruptura de 1971 inaugura la hegemonía financiera del dólar, el ciclo que se abre en las últimas dos décadas marca algo distinto: el progresivo desplazamiento del centro de gravedad del poder desde la banca clásica hacia un entramado híbrido de tecnología, finanzas y control informacional. Este corrimiento no es meramente económico; es político, cultural y afectivo. Y explica en gran medida por qué el sistema bipartidista estadounidense ya no puede procesar conflictos estructurales sin recurrir a formas crecientes de violencia simbólica y social.

Durante buena parte del siglo XX, el conflicto político en Estados Unidos —como en otras democracias industriales— se organizó alrededor de una tensión relativamente clara entre capital industrial, trabajo organizado y Estado. Incluso cuando esa tensión se resolvía a favor del capital, existía una mesa implícita: sindicatos, partidos, regulación, negociación. El Partido Demócrata funcionaba, con todos sus límites, como un dispositivo de mediación. Canalizaba demandas sociales, contenía conflictos raciales y de clase, y traducía tensiones estructurales en reformas parciales que preservaban la estabilidad del sistema.
Ese esquema comienza a erosionarse cuando la financiarización se vuelve dominante y la producción deja de ser el núcleo del poder. La crisis de 2008 es un punto de inflexión evidente: el Estado rescata al sistema financiero sin exigir transformaciones estructurales, consolidando la idea de que ciertos actores son demasiado grandes para caer y, por lo tanto, demasiado poderosos para ser regulados. A partir de allí, la legitimidad democrática entra en una fase de desgaste acelerado. Lo que emerge en la década siguiente no es simplemente un capitalismo más desigual, sino un capitalismo cualitativamente distinto. Big Tech no solo acumula capital; acumula datos, atención, hábitos, lenguaje, deseo. Controla infraestructuras cognitivas. No negocia con sindicatos porque no los necesita. No depende de territorios específicos ni de comunidades estables. Y, sobre todo, no requiere integración social para funcionar.
Este punto es clave para entender el agotamiento del bipartidismo. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata están estructuralmente incapacitados para confrontar a Big Tech, porque dependen de ella para gobernar: financiamiento, plataformas, comunicación, vigilancia, legitimación. La política se vuelve performance dentro de sistemas que no controla. El Partido Demócrata, en particular, queda atrapado en una paradoja. Históricamente asociado a la defensa de derechos civiles y a una retórica progresista, se convierte progresivamente en el gestor “civilizado” de un orden que ya no puede ofrecer inclusión material. Su función ya no es transformar la estructura, sino administrar la frustración. En ese marco, la cuestión racial cumple un rol central.
Durante décadas, el conflicto racial en Estados Unidos fue canalizado institucionalmente a través del Partido Demócrata. La integración simbólica —representación, lenguaje, gestos, reconocimiento— funcionó como sustituto parcial de la integración material. La figura de Barack Obama es el ejemplo más acabado de ese mecanismo. Su ascenso representó un triunfo histórico en términos simbólicos, pero también selló un pacto implícito: la inclusión racial no vendría acompañada de una transformación estructural del poder financiero. Obama no desmantela Wall Street; lo estabiliza. No cuestiona el rol del dólar; lo refuerza. No rompe con la lógica imperial; la gestiona con mayor sofisticación discursiva. Su presidencia demuestra que el sistema puede integrar identidades diversas sin alterar sus fundamentos. Y precisamente por eso, su figura se vuelve funcional al orden que emerge.
Aquí se produce un giro inquietante. Cuando el sistema deja de necesitar mediaciones, las figuras que antes funcionaban como dispositivos de legitimación se vuelven prescindibles —e incluso atacables. La deshumanización explícita de Obama no es solo racismo vulgar; es una señal de que la fase “integracionista” ha terminado. El mensaje implícito es brutal: incluso el máximo exponente de la inclusión simbólica puede ser reducido a objeto si ya no cumple una función sistémica. En paralelo, el Partido Demócrata continúa operando como una máquina de absorción y neutralización de cualquier intento de radicalización. Movimientos que emergen con demandas materiales claras —salud, vivienda, deuda estudiantil, regulación tecnológica— son reabsorbidos, fragmentados o diluidos en nombre de la “viabilidad electoral”. La estructura partidaria no está diseñada para disputar poder real, sino para impedir que ese poder se desborde.
Esto genera un vacío político peligroso. Sectores amplios de la población experimentan deterioro material, pérdida de horizonte y desprotección, pero no encuentran canales institucionales para procesar ese malestar. La derecha radical ocupa entonces ese espacio, ofreciendo una narrativa simple: el problema no es el sistema, sino enemigos identificables. Migrantes, minorías, “élites culturales”, “progres”. La violencia simbólica se vuelve un sustituto de la política material.
Big Tech no solo tolera esta dinámica; la amplifica. Algoritmos diseñados para maximizar atención privilegian contenido polarizante, indignación, simplificación extrema. La fragmentación cognitiva dificulta la construcción de proyectos colectivos. La política se reduce a ciclos de escándalo, meme y reacción. El sistema se retroalimenta: cuanto más vacía es la oferta material, más intensa debe ser la estimulación afectiva.
En este punto, la distinción clásica entre dominantes y dominados comienza a desplazarse. Ya no se organiza exclusivamente en términos raciales —aunque el racismo siga siendo central— sino en términos de alineamiento político, acceso a educación, capacidad de interpretar el sistema. La deshumanización se aplica de forma transversal: contra migrantes, contra pobres, contra “woke”, contra disidentes. La pertenencia al orden se define menos por el origen que por la adhesión.
El bipartidismo, lejos de ofrecer una salida, se convierte en un mecanismo de bloqueo. Uno canaliza la rabia; el otro la administra. Ninguno cuestiona el núcleo del poder tecnológico-financiero. Y cuando el sistema entra en crisis abierta, la respuesta ya no puede ser reforma, sino control. La escena del meme racista no es un accidente ni una provocación aislada. Es una condensación. Muestra qué ocurre cuando el orden abandona la pretensión de universalidad y se revela como lo que es: una estructura dispuesta a sacrificar cualquier mediación simbólica con tal de sostener su posición en un mundo que se le escapa.
De la integración al castigo: racialización, espectáculo y pedagogía de la deshumanización
La escena del meme racista no debe leerse como un exceso aislado ni como una simple provocación destinada a distraer. Funciona, más bien, como un síntoma condensado de una mutación más profunda: el pasaje de un régimen político que todavía necesitaba integrar simbólicamente a sus sujetos subalternos a otro que ya no necesita hacerlo y puede, por lo tanto, recurrir abiertamente a la humillación, la deshumanización y el castigo ejemplar.

Durante buena parte del siglo XX y comienzos del XXI, la cuestión racial en Estados Unidos estuvo atravesada por una lógica ambigua pero estable: la inclusión simbólica operaba como mecanismo de contención del conflicto. El reconocimiento cultural, la representación política y ciertos avances formales en derechos civiles funcionaban como válvulas de escape frente a una estructura económica que permanecía profundamente desigual. El Partido Demócrata fue el principal administrador de ese equilibrio inestable. Su rol no consistía en desarmar la jerarquía social, sino en volverla tolerable, presentable, compatible con la narrativa democrática.
La presidencia de Barack Obama marca el punto más alto —y a la vez el límite— de esa estrategia. Obama encarna la promesa de integración plena: un hombre negro en la cúspide del poder político global. Sin embargo, esa promesa exigía un precio. Para ser aceptado como figura de consenso, Obama debía demostrar que no representaba una amenaza estructural. Su presidencia se construye, así, sobre una cuidadosa neutralización del conflicto: rescate del sistema financiero sin castigo a los responsables, continuidad de la arquitectura imperial, tecnocratización del discurso político, moralización del esfuerzo individual.
Este proceso tiene un efecto paradójico. Al mismo tiempo que amplía el horizonte simbólico de lo posible —“cualquiera puede llegar”—, clausura el horizonte material de transformación. La desigualdad racial persiste, pero se vuelve más difícil de nombrar sin ser acusado de resentimiento, ingratitud o extremismo. La figura de Obama opera entonces como disciplinamiento: prueba viviente de que el sistema funciona, incluso cuando no funciona para la mayoría. Cuando ese dispositivo deja de ser útil, el sistema no lo defiende; lo devora. La deshumanización explícita de Obama —reducido a caricatura animal— no es solo una expresión de racismo clásico, aunque lo sea. Es también una forma de castigo retrospectivo. Un mensaje dirigido tanto hacia arriba como hacia abajo: hacia las élites integradas, recordándoles que su inclusión siempre fue condicional; hacia las mayorías, señalando que la promesa de integración fue una excepción clausurada.
Aquí se vuelve evidente el cambio de fase. El orden ya no necesita figuras mediadoras que traduzcan el conflicto en consenso. Necesita enemigos, chivos expiatorios, cuerpos sobre los cuales inscribir la frustración social. La deshumanización deja de ser un subproducto vergonzante y se convierte en pedagogía política. No se trata solo de insultar; se trata de enseñar quién puede ser reducido a cosa, a objeto de burla, a resto descartable. El formato del meme no es accidental. El meme condensa, simplifica, circula rápido, evade responsabilidad. Permite decir lo indecible bajo la coartada del humor. “Era solo un chiste”, “es solo internet”, “no hay que exagerar”. Esa lógica reproduce un mecanismo clásico de poder: la violencia simbólica se ejerce y, al mismo tiempo, se niega. Quien se ofende queda automáticamente deslegitimado, convertido en exagerado, sensible, ridículo. La agresión se naturaliza; la reacción se patologiza.

Este procedimiento no apunta únicamente contra un individuo concreto. Apunta contra la posibilidad misma de establecer límites. Cuando todo puede ser relativizado como broma, nada es realmente condenable. La política se desplaza así del terreno de la deliberación al del shock permanente. Cada provocación necesita ser más extrema que la anterior para producir efecto. El resultado es una escalada de brutalidad discursiva que prepara el terreno para formas más directas de violencia. En este contexto, la racialización se reconfigura. No desaparece, pero se articula con nuevos criterios de exclusión. La frontera ya no separa únicamente blancos de no blancos; separa a los “alineados” de los “desviados”, a los funcionales de los disfuncionales, a los integrables de los descartables. La raza sigue siendo un marcador privilegiado, pero se combina con otros: nivel educativo, posición política, relación con el Estado, capacidad de consumo, visibilidad mediática.
La deshumanización se vuelve transversal. Migrantes, pobres, activistas, docentes, artistas, estudiantes, “progresistas”: todos pueden ser convertidos en blanco. El objetivo no es resolver un conflicto, sino administrarlo mediante el miedo y la humillación. El castigo simbólico cumple una función disciplinaria: disuade la protesta, fragmenta solidaridades, normaliza la crueldad. El Partido Demócrata, lejos de ofrecer una alternativa, queda atrapado en una lógica reactiva. Denuncia el exceso, pero no cuestiona la estructura que lo produce. Se indigna, pero no desarma el sistema de incentivos que convierte la indignación en espectáculo. Defiende la dignidad en el plano discursivo mientras gestiona un orden que la erosiona materialmente. Esa disociación debilita su credibilidad y refuerza la percepción de que no hay salida institucional al conflicto.
El resultado es un paisaje político en el que la integración ha sido reemplazada por el castigo como principio organizador. Ya no se promete futuro; se administra resentimiento. Ya no se construye consenso; se impone obediencia afectiva. La humillación pública funciona como advertencia: esto es lo que ocurre cuando se desafía el orden o cuando se confía en que la inclusión simbólica equivale a poder real. Esta mutación no es un desvío momentáneo, sino una respuesta sistémica a un problema estructural: un capitalismo que ya no puede ofrecer bienestar ni movilidad necesita nuevas formas de control. Cuando la promesa se agota, queda la amenaza. Y cuando la amenaza se normaliza, la barbarie deja de ser una anomalía para convertirse en método.
Dólar fuerte, cuerpos débiles: hegemonía monetaria y economía política de la deshumanización
La escena cultural de la deshumanización —el meme, el insulto racial, la humillación pública— no opera en el vacío. Está anclada en una arquitectura material precisa. Para comprender por qué la brutalidad discursiva se vuelve no sólo posible sino funcional, es necesario descender al corazón económico del orden contemporáneo: la hegemonía del dólar y su mutación en un régimen de extracción global que ya no necesita legitimarse mediante prosperidad compartida.

Desde 1971, cuando Estados Unidos abandona Bretton Woods y rompe el vínculo entre el dólar y el oro, la economía mundial entra en una fase inédita. La potencia hegemónica pasa de producir y exportar bienes a importar masivamente y financiar ese desequilibrio mediante emisión monetaria. El dólar deja de ser una moneda respaldada por un activo material y se convierte en una promesa sostenida por poder militar, financiero e institucional. Esta transformación inaugura lo que suele llamarse el “privilegio exorbitante”: Estados Unidos puede vivir por encima de sus posibilidades porque el resto del mundo necesita dólares para comerciar, ahorrar y estabilizar sus propias economías. Ese sistema funciona mientras el reciclaje de dólares sea estable. Los excedentes generados en Asia, Europa o América Latina regresan a Estados Unidos a través de tres grandes canales: deuda pública (Treasuries), mercados financieros y activos inmobiliarios. El Estado se financia, el sector financiero se expande y la economía rentista se consolida. Pero esta estabilidad tiene un costo: la desindustrialización interna, la precarización del trabajo y el vaciamiento del contrato social.
Aquí aparece una primera clave para leer la deshumanización contemporánea. Cuando la hegemonía se sostiene por mecanismos financieros abstractos y no por bienestar tangible, la población deja de ser un sujeto a integrar y pasa a ser una variable a gestionar. El cuerpo social se fragmenta entre quienes acceden a los flujos de valorización y quienes quedan expuestos a la intemperie. En ese contexto, la dignidad deja de ser un derecho implícito y se convierte en un privilegio condicional. La política acompaña este desplazamiento. El consenso tecnocrático que caracterizó las décadas anteriores —gestión, moderación, institucionalidad— resulta insuficiente para administrar el malestar acumulado. La promesa de movilidad social se erosiona, el empleo estable desaparece, la vivienda se vuelve inaccesible. El sistema necesita entonces otros lenguajes para sostenerse. El shock cultural, la provocación constante y la producción de enemigos internos cumplen esa función.
La humillación pública opera como correlato simbólico de la extracción económica. Así como el dólar absorbe valor del resto del mundo sin contrapartida productiva equivalente, el discurso político absorbe frustración social sin ofrecer soluciones estructurales. La violencia simbólica no es un error: es una forma de compensación emocional. Ofrece la ilusión de poder a quienes han perdido poder material. Permite canalizar la rabia hacia figuras visibles y vulnerables, evitando que se dirija hacia las estructuras que producen el daño. En este punto, la racialización adquiere un nuevo espesor. No se trata únicamente de reproducir jerarquías históricas, sino de reinscribirlas en un orden financiero global. El cuerpo racializado, precarizado o estigmatizado funciona como superficie de inscripción del fracaso sistémico. Al degradar al otro, se oculta la fragilidad propia. Al animalizar, se evita preguntar por las causas materiales de la exclusión.
La transición del capitalismo productivo al capitalismo financiero intensifica este proceso. En un régimen donde la valorización ocurre mayormente a través de activos, algoritmos y deuda, grandes segmentos de la población “sobran”. No son necesarios para producir, pero sí son peligrosos si se organizan. La deshumanización preventiva cumple entonces una función de control: desactiva la empatía, normaliza la violencia, legitima el abandono. El trumpismo, en este sentido, no es una anomalía sino una explicitación. Dice en voz alta lo que el sistema venía practicando en silencio. Donde antes había lenguaje de derechos, ahora hay lenguaje de fuerza. Donde antes se prometía inclusión, ahora se administra exclusión. La coherencia no es moral; es funcional. Un orden basado en la hegemonía monetaria necesita disciplinamiento social, y el disciplinamiento requiere narrativas que justifiquen quién merece protección y quién no.
La reacción del Partido Demócrata frente a esta mutación revela su límite histórico. Puede denunciar el racismo explícito, pero no puede cuestionar el régimen económico que lo hace rentable políticamente. Puede apelar a la decencia, pero no ofrecer redistribución real. Al no disputar el corazón financiero del sistema, queda atrapado en una defensa simbólica que se erosiona frente a la eficacia brutal del adversario. La financiarización extrema produce, además, una desmaterialización de la responsabilidad. Cuando el poder se ejerce a través de mercados, plataformas y flujos abstractos, nadie parece responsable del daño. La violencia discursiva llena ese vacío. Personaliza el conflicto, le pone rostro al enemigo, simplifica la complejidad. En lugar de hablar de tasas de interés, cadenas de valor o arquitectura monetaria, se habla de cuerpos, identidades y traiciones.
Así, la hegemonía del dólar y la cultura del meme convergen en un mismo punto: ambas operan por desanclaje. Una desvincula la moneda de la producción; la otra desvincula la política de la deliberación. Ambas requieren un acto de fe sostenido por fuerza. Y ambas generan un mundo en el que la estabilidad se compra al precio de una creciente brutalización de la vida pública. En este escenario, la deshumanización no es solo un problema ético; es un indicador económico. Señala el momento en que un sistema deja de invertir en su población y comienza a gestionarla como residuo. El insulto, la burla y el castigo simbólico anticipan políticas más duras: recortes, represión, abandono institucional. La cultura prepara el terreno para la coerción. Lo que emerge no es simplemente un giro autoritario, sino una reconfiguración del vínculo entre dinero, poder y cuerpo. El dólar fuerte exige cuerpos débiles. La hegemonía financiera necesita sociedades fragmentadas, incapaces de reconocerse como colectivo con intereses comunes. La deshumanización es el pegamento ideológico de ese orden.
Energía, petróleo y guerra cultural: cuando el extractivismo reemplaza al futuro
La dimensión energética completa y endurece el cuadro anterior. Allí donde la hegemonía monetaria comienza a mostrar fisuras, el control de la energía aparece como último recurso material para sostener poder. Petróleo, gas y rutas de suministro ya no funcionan solo como insumos económicos, sino como instrumentos de disciplinamiento geopolítico y, cada vez más, como ejes de una guerra cultural que naturaliza el sacrificio social.
La transición energética global —marcada por la electrificación, las renovables y la centralidad tecnológica de China— coloca a Estados Unidos frente a un dilema estructural. Competir en ese terreno implicaría invertir a largo plazo, redistribuir recursos, aceptar pérdidas en sectores fósiles y reconstruir capacidades productivas internas. Ese camino exige cohesión social, planificación estatal y una redefinición del contrato político. Exactamente lo que el sistema actual ya no puede ofrecer.
La alternativa elegida es otra: redoblar el extractivismo. “Drill, baby, drill” no es solo un eslogan electoral; es una confesión estratégica. Frente a un futuro que se escapa, se intensifica la explotación del pasado. El petróleo y el gas se convierten en armas de corto plazo para aplazar una transición que ya no puede ser liderada. La lógica es defensiva: ganar tiempo, no construir futuro.
Este giro tiene consecuencias internas inmediatas. La base material del trumpismo está profundamente ligada al fracking, especialmente en regiones como la Cuenca Pérmica en Texas. Ese modelo, sin embargo, es extremadamente sensible al precio del barril. Por debajo de ciertos umbrales, las empresas independientes —núcleo económico y simbólico del movimiento— se vuelven inviables. Aquí emerge una contradicción central: la expansión agresiva del control petrolero global amenaza con derrumbar los precios y, con ellos, a la propia base que se dice defender.
El extractivismo imperial entra así en conflicto con el extractivismo doméstico. Las grandes corporaciones integradas pueden resistir precios bajos gracias al volumen y la diversificación; las pequeñas y medianas no. El resultado es una tensión latente entre capital concentrado y capital “popular” fósil. La promesa de soberanía energética choca con la realidad de un mercado global que castiga a los creyentes más fieles.

Para resolver esta contradicción, la política recurre nuevamente a la deshumanización. Cuando la economía no puede cumplir, el discurso compensa. El fracaso estructural se desplaza hacia enemigos externos o internos: países sancionados, migrantes, activistas climáticos, “élites urbanas”, minorías raciales. La guerra cultural actúa como amortiguador de una incoherencia económica profunda.
En el plano internacional, el control energético se presenta como palanca frente a China. Si el dominio tecnológico y de minerales críticos está del lado asiático, el petróleo aparece como el último botón que puede presionarse. La amenaza implícita es clara: sin acceso a energía fósil, no hay transición ordenada posible. El mensaje no es desarrollo compartido, sino chantaje estructural.
Este esquema reproduce, a escala global, la misma lógica que opera internamente. Se bloquea el futuro para forzar obediencia en el presente. Se sacrifica la sostenibilidad para preservar jerarquías. Se acepta el colapso ambiental como daño colateral de la supervivencia hegemónica. La racionalidad es corta, pero consistente: si no se puede ganar el mañana, se controla el hoy por la fuerza.
La cultura acompaña este movimiento. El negacionismo climático, la burla a la ciencia, la exaltación de la virilidad fósil no son simples delirios ideológicos. Funcionan como pedagogía política. Enseñan a aceptar la destrucción como destino y a desconfiar de cualquier proyecto que implique cooperación, planificación o límites. El petróleo no es solo energía; es identidad.
En este marco, la deshumanización vuelve a cumplir un rol clave. Defender el extractivismo requiere naturalizar víctimas: comunidades desplazadas, territorios degradados, generaciones futuras descartadas. Para sostener ese sacrificio, es necesario debilitar la empatía. El otro —el pobre, el migrante, el ambientalista, el extranjero— se convierte en obstáculo al progreso, no en sujeto de derechos.

La paradoja es brutal: un sistema que se presenta como defensor de la “vida real” apuesta por un modelo que acelera la inviabilidad de la vida. Pero esa contradicción no se resuelve; se administra mediante espectáculo, provocación y violencia simbólica. La guerra cultural es el lubricante de una maquinaria que ya no produce bienestar, solo dominación.
Así, la cuestión energética no puede leerse separada de la crisis política y cultural. Petróleo, dólar y deshumanización forman un mismo triángulo. Cuando el futuro tecnológico se pierde, se intensifica el control sobre los cuerpos. Cuando la transición se vuelve imposible, el conflicto se vuelve inevitable.
El resultado es un orden que avanza hacia adelante mirando hacia atrás: más extracción, más coerción, menos horizonte. Y en ese vacío de proyecto, la brutalidad deja de ser un exceso para convertirse en método.’
El callejón sin salida del bipartidismo: disciplina, cooptación y el fin de la mediación racial
La crisis que se despliega en los planos monetario, energético y cultural converge inevitablemente en la forma política. En Estados Unidos, esa forma tiene un nombre preciso: bipartidismo. Durante décadas, el sistema político funcionó como un dispositivo de contención capaz de absorber conflictos sociales profundos sin poner en riesgo la estructura del poder. Hoy, ese mecanismo muestra signos claros de agotamiento. Históricamente, el Partido Demócrata cumplió un rol central en esa arquitectura. No fue el partido de la transformación radical, sino el de la mediación. Su función consistió en canalizar demandas sociales —especialmente las vinculadas a la cuestión racial— hacia formas compatibles con la reproducción del orden económico. La inclusión operaba como integración controlada; el reconocimiento, como límite.
La presidencia de Barack Obama representó el punto más alto y, al mismo tiempo, el punto de cierre de ese ciclo. Obama encarnó la promesa de una reconciliación racial dentro del marco institucional existente. Su figura permitió al sistema narrarse a sí mismo como post-racial, meritocrático y abierto, incluso mientras consolidaba transformaciones estructurales que reforzaban el poder financiero y debilitaban la base material de amplios sectores sociales. El ascenso de Obama funcionó como un poderoso mecanismo de legitimación. Si un hombre negro podía llegar a la presidencia, el problema ya no sería estructural, sino individual. La desigualdad dejaba de ser política para volverse moral. El racismo, una anomalía del pasado; la pobreza, una falla personal. De ese modo, la cuestión racial fue neutralizada como conflicto sistémico y reabsorbida como narrativa de éxito excepcional.
Este proceso tuvo un costo profundo. Al convertir la representación en sustituto de la redistribución, el Partido Demócrata debilitó su capacidad de ofrecer respuestas materiales. La expansión del sector financiero, la desregulación tecnológica y la consolidación de Big Tech avanzaron bajo una retórica progresista que hablaba de diversidad mientras reorganizaba el poder económico en formas cada vez más concentradas. Cuando esa mediación se rompió, no fue la izquierda la que ocupó el vacío, sino la reacción. El trumpismo emerge precisamente allí donde el dispositivo disciplinador deja de funcionar. Ya no se trata de integrar a las minorías bajo reglas compartidas, sino de exponerlas como enemigos internos. La deshumanización reemplaza a la cooptación; la humillación pública, al reconocimiento simbólico.
En este punto, el ataque racista explícito —como el meme que compara a Obama con un mono— no debe leerse como un exceso individual ni como simple provocación. Es un gesto político que marca el fin de una etapa. Obama deja de ser el símbolo de una integración posible para convertirse en el recordatorio de una promesa incumplida. Su figura concentra una doble operación: fue necesaria para estabilizar el sistema y, una vez agotada su función, es degradada para habilitar un nuevo régimen de dominación más crudo. La deshumanización ya no se dirige únicamente a sujetos racializados en abstracto, sino a posiciones políticas específicas. La línea divisoria se desplaza: no separa solo blancos de negros, sino “productivos” de “parásitos”, “ganadores” de “dependientes”, “realistas” de “progres”. La raza no desaparece, pero se articula con nuevas jerarquías basadas en educación, capital cultural y alineamiento ideológico.
Este corrimiento tiene efectos profundos. El enemigo ya no es únicamente el otro racial, sino cualquiera que cuestione el orden: docentes, estudiantes, científicos, periodistas, trabajadores precarizados. La deshumanización se vuelve transversal y funcional a un capitalismo que ya no puede prometer ascenso social. Cuando no hay futuro que ofrecer, el sistema necesita culpables. El Partido Demócrata, lejos de ofrecer una salida, refuerza la trampa. Cada intento de radicalización interna es absorbido, neutralizado o expulsado. Las figuras que logran visibilidad son empujadas hacia una lógica de marketing político que diluye su potencia transformadora. La máquina partidaria convierte el conflicto en branding y la disidencia en capital simbólico gestionable.

Así, el bipartidismo deja de ser un campo de disputa real para convertirse en un circuito cerrado. De un lado, una derecha que gobierna mediante provocación, coerción y deshumanización abierta. Del otro, un progresismo que administra la derrota, moraliza el conflicto y confunde representación con justicia material. La consecuencia es un bloqueo histórico. La cuestión racial, que durante décadas fue utilizada como vía de integración controlada, reaparece ahora como campo de batalla desnudo. Ya no sirve para estabilizar el sistema; sirve para radicalizarlo. Y en ese proceso, la democracia liberal pierde su última función mediadora. Lo que emerge no es un nuevo equilibrio, sino una forma política más violenta y menos disimulada. Un orden que ya no promete inclusión, sino obediencia. Y que, al no poder ofrecer futuro, gobierna administrando resentimiento, miedo y degradación.
De la raza a la obediencia: la nueva gramática de la deshumanización
El desplazamiento que se observa en el régimen político estadounidense no consiste en la superación de la cuestión racial, sino en su reconfiguración. La raza deja de ser el único eje visible de jerarquización para integrarse en una gramática más amplia de deshumanización política. El criterio decisivo ya no es únicamente el color de piel, sino la posición que cada sujeto ocupa frente al orden social existente. En este nuevo esquema, la deshumanización funciona como tecnología de gobierno. No se limita a producir exclusión simbólica, sino que organiza afectos, legitima políticas materiales y habilita violencia institucional. La lógica es simple: cuando una parte creciente de la población deja de ser considerada plenamente humana —o plenamente merecedora—, el ajuste, la precarización y el abandono se vuelven aceptables.
La figura del “parásito” es central en esta transformación. No se trata de una metáfora inocente. Históricamente, la deshumanización siempre operó mediante imágenes biológicas: animales, plagas, cuerpos improductivos. Lo novedoso es que ahora ese lenguaje se aplica a categorías políticas y sociales amplias: beneficiarios de programas sociales, estudiantes universitarios, docentes, trabajadores culturales, científicos, migrantes, personas trans, militantes de izquierda. La lista es móvil, pero el principio es estable: quien no se alinea con la lógica del mercado o con el mandato de productividad extrema es sospechoso.
Este corrimiento permite entender por qué el ataque a Obama tiene una densidad simbólica particular. No es solo racismo en su forma clásica. Es también un ajuste de cuentas con una figura que encarnó la promesa de que el sistema podía reformarse desde dentro sin alterar sus bases materiales. Al degradar a Obama, el trumpismo no solo exhibe racismo: clausura la ilusión de mediación. El mensaje es claro: ya no habrá integración, solo jerarquía. En este punto, la distinción entre esclavos y patrones se vuelve más abstracta y, al mismo tiempo, más brutal. No depende exclusivamente de la raza ni siquiera del ingreso, sino del acceso al conocimiento, de la capacidad de interpretar el mundo y de la disposición a cuestionar el orden. La educación, lejos de ser un bien público, se convierte en un marcador de amenaza. El saber crítico deja de ser un valor democrático para transformarse en signo de enemistad.
Este fenómeno explica el ataque sistemático a universidades, medios, ciencia y cultura. No es un capricho antiintelectual ni una simple estrategia electoral. Es una necesidad estructural. En un capitalismo que ya no puede prometer bienestar, el pensamiento crítico resulta peligroso porque revela la falta de horizonte. La deshumanización del “progre”, del académico o del artista cumple la misma función que, en otros momentos históricos, cumplió la deshumanización racial: legitimar la violencia preventiva. La novedad es que esta violencia no siempre adopta la forma de represión directa. Muchas veces opera como abandono. Sistemas de salud colapsados, educación desfinanciada, territorios librados a su suerte, endeudamiento crónico. La crueldad se normaliza porque las víctimas han sido previamente despojadas de estatus moral. No son sujetos de derechos; son costos.
En este contexto, el progresismo cultural enfrenta una paradoja profunda. Al insistir en una política centrada exclusivamente en el reconocimiento simbólico, contribuye involuntariamente a este proceso. Cuando la justicia se reduce a lenguaje, representación y gestos performativos, se deja intacta la estructura material que produce exclusión. Peor aún: se facilita la reacción, que convierte esa política simbólica en objeto de burla y resentimiento. El resultado es un círculo vicioso. La derecha radicaliza su discurso deshumanizante; el progresismo responde con indignación moral; la base social precarizada percibe ambas posiciones como ajenas a sus necesidades materiales. En ese vacío, la obediencia se presenta como única forma de pertenencia. No se promete bienestar, pero sí identidad negativa: alguien a quien odiar, alguien a quien culpar.‘
Así, la deshumanización deja de ser un residuo del pasado para convertirse en el principio organizador del presente. No se trata de un retorno al fascismo clásico, sino de una mutación adaptada a un capitalismo financiero, digital y extractivo. Un régimen que no necesita consenso, porque ya no puede ofrecerlo; le alcanza con fragmentar, enfrentar y administrar el deterioro. Esta transformación plantea una pregunta decisiva: ¿es posible una política que rompa esta lógica sin recaer en el moralismo ni en la nostalgia? ¿Cómo construir una alternativa que vuelva a poner en el centro lo material —salud, vivienda, trabajo, energía— sin reproducir los mecanismos de disciplinamiento que condujeron a este punto? Esa pregunta conduce inevitablemente a la sección final: la necesidad de una reorganización política que no dependa del bipartidismo agotado ni de la gestión simbólica del conflicto, sino de una reapropiación colectiva de las condiciones materiales de la vida social.
Cuando la conversación se bloquea, el autoritarismo gana
La fase actual del capitalismo político no se caracteriza solo por el endurecimiento material de la vida, sino por el colapso de los canales a través de los cuales ese endurecimiento podía ser discutido, negociado o resistido. La conversación pública —entendida no como intercambio superficial de opiniones, sino como proceso social de elaboración de conflictos— se encuentra sistemáticamente bloqueada. Y ese bloqueo no es accidental: es funcional al nuevo orden. Históricamente, la democracia liberal operó como un sistema de amortiguación. Permitía que el conflicto social se expresara de forma canalizada: partidos, sindicatos, prensa, negociación colectiva. Incluso cuando las decisiones favorecían al capital, existía la ficción —y a veces la realidad parcial— de que la sociedad podía deliberar sobre su rumbo. Ese dispositivo se ha erosionado hasta casi desaparecer.
En Estados Unidos, el bipartidismo ya no cumple una función mediadora. El Partido Republicano ha abandonado cualquier pretensión de universalidad y se organiza abiertamente como una fuerza de dominación cultural y coercitiva. El Partido Demócrata, por su parte, conserva el lenguaje de los derechos y la inclusión, pero lo vacía de contenido material. Funciona como una máquina de absorción y neutralización de cualquier intento de radicalización: integra demandas, las estetiza y las vuelve inofensivas. En este marco, la cuestión racial ocupa un lugar clave. Durante décadas, el conflicto racial fue canalizado institucionalmente a través del Partido Demócrata. La promesa implícita era clara: reconocimiento simbólico, representación y ascenso individual a cambio de desactivar la crítica estructural. Barack Obama encarna ese momento histórico. Su figura permitió que una parte significativa del conflicto racial fuera traducida en éxito personal, diversidad institucional y legitimación del sistema financiero que, paradójicamente, profundizó la desigualdad racial y de clase.
El trumpismo rompe ese pacto. No porque supere el racismo, sino porque lo reconfigura. Al atacar a Obama de forma abiertamente deshumanizante, no solo humilla a una figura racializada: declara obsoleto el modelo de integración disciplinada que el Partido Demócrata ofrecía. El mensaje es brutal y transparente: ya no hace falta disimular. Ya no hay necesidad de mediadores. La dominación puede ser directa, obscena y espectacular. Este giro explica por qué los “memes racistas” no son meras provocaciones culturales. Son dispositivos políticos. Funcionan como pruebas de fuerza: miden hasta dónde puede llegar el poder sin enfrentar consecuencias. Cuando generan indignación pero no producen organización, refuerzan el cinismo del régimen. Cuando, excepcionalmente, encuentran resistencia transversal —como ocurrió con la retirada del contenido— revelan algo fundamental: el poder no es absoluto, pero aprende rápido.
El problema central es que la indignación moral, por sí sola, no construye alternativa. Puede frenar excesos puntuales, pero no modifica la estructura que los produce. Peor aún: cuando se convierte en el único registro de respuesta, refuerza la narrativa autoritaria según la cual toda crítica es mera sensibilidad herida, incapaz de disputar el terreno material. Aquí aparece una de las grandes trampas del presente. Al bloquear la conversación sobre condiciones materiales —salarios, vivienda, deuda, energía, salud—, el sistema empuja el conflicto hacia el terreno identitario puro, donde puede ser manipulado con mayor facilidad. El resultado es una polarización estéril: de un lado, una derecha que ofrece pertenencia a través de la crueldad; del otro, un progresismo que ofrece superioridad moral sin capacidad de transformación.
En ese vacío, el autoritarismo se vuelve pedagógico. Enseña quién manda, a quién se obedece y qué se puede decir. La deshumanización cumple aquí una función didáctica: muestra el costo de disentir. No hace falta encarcelar a todos; basta con señalar a algunos. El resto aprende. Sin embargo, el mismo proceso que bloquea la conversación genera fisuras. La precarización masiva, el endeudamiento crónico y el colapso de expectativas producen una experiencia compartida que desborda las categorías identitarias tradicionales. La pregunta no es si existe malestar, sino quién logra organizarlo políticamente.
La experiencia histórica muestra que, cuando las vías institucionales se cierran, surgen formas alternativas de organización. No necesariamente progresistas. De hecho, el autoritarismo suele adelantarse ofreciendo orden, castigo y sentido. Por eso, la reconstrucción de una política emancipadora no puede limitarse a denunciar al fascismo: debe competir con él en el terreno de lo concreto. Eso implica reabrir la conversación allí donde fue clausurada. No en los grandes medios capturados ni en los parlamentos vaciados, sino en los espacios cotidianos: barrios, lugares de trabajo, escuelas, sistemas de salud, territorios energéticos. Implica hablar de propiedad, de control, de excedente. Implica preguntar quién decide, quién gana y quién paga. La lección es incómoda pero clara: cuando la conversación se bloquea, gana el autoritarismo; cuando se reconstituye sobre bases materiales, el autoritarismo pierde su ventaja. No porque desaparezca el conflicto, sino porque deja de poder administrarlo en soledad.
El desafío no es menor. Requiere abandonar la comodidad de la denuncia moral y asumir el riesgo de la organización. Requiere aceptar que no habrá pureza, que habrá derrotas y retrocesos. Pero también implica reconocer que incluso en un escenario de colapso, la historia no está cerrada. El mismo sistema que produce deshumanización genera las condiciones para su impugnación. La cuestión decisiva es si esas condiciones serán capturadas por nuevas formas de barbarie o por una política capaz de devolver humanidad allí donde fue negada.
© Rodrigo Cañete — All rights reserved.
This text may not be reproduced, distributed, translated, or adapted, in whole or in part, without explicit written permission from the author. Originally published on Love Art Not People.
Post-Human Politics: Supremacist Trump, Obama as Monkey, and a System That No Longer Needs Humans’
Introduction
There are gestures that are not accidents, even when they present themselves as clumsiness, memes, or fleeting provocations. There are images that do not function as isolated messages, but as symptoms. And there are historical moments in which an image—precisely because of its vulgarity—says more than a thousand technical documents. The AI-generated video that Donald Trump posted and later removed, in which Barack Obama was depicted as a monkey, belongs to that category. It was not simply “racist” in the banal sense of the term; it was something more uncomfortable: an obscenely truthful scene of the U.S. political system in its current phase.

For hours, the episode was treated the way almost all Trumpian excesses are treated: quick outrage, moral condemnation, counter-memes, calls for decency. Yet something slipped from that familiar script. The post was taken down. There were disavowals. There were excuses. There was an awkward retreat—“I didn’t see the ending,” “a staffer posted it”—that contrasts sharply with the logic of escalation and defiance that usually defines Trumpism. That withdrawal is the first clue that this was not just another provocation. Something there struck a structural nerve.
Obscenity is not an excess of the system; it is the form power takes when it can no longer promise a future.
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The comparison of Black people with animals is neither an innocent metaphor nor a contemporary slip. It is one of the most persistent visual archives of modern racism: a symbolic technology that justified slavery, segregation, colonialism, and extermination. It does not require historical sophistication to recognize it as such. Precisely for that reason, the gesture cannot be read as a mere “communication error” or a provocation designed solely for the internal consumption of a radicalized base. The relevant question is not whether it was racist—that is obvious—but why it appeared now, why Obama was its target, and why, unlike so many other brutalities, it had to be withdrawn.
Barack Obama is not a marginal figure in U.S. political history. Nor is he, as he is sometimes retrospectively portrayed, an outsider betrayed by institutions. Obama was the greatest success of the Democratic Party in the twenty-first century. He was proof that the system could absorb the racial question, metabolize it symbolically, and return it as renewed legitimacy without altering its economic foundations. Under his presidency, the post-2008 financial architecture was consolidated, Wall Street’s power was stabilized, the alliance with Silicon Valley was deepened, and the moral authority of the United States was restored after the discredit of the Bush era. All of this occurred while the arrival of the first Black president in the White House was celebrated—rightly as a historic achievement, but also functionally as a political instrument.
This is the uncomfortable point that is rarely stated clearly: Obama was not only a conquest of civil rights; he was also a tool of discipline. He channeled racial conflict into the terrain of representation, individual merit, and moral example, deactivating its potential as a structural economic conflict. Inclusion operated as a substitute for redistribution. Diversity at the top functioned as proof of systemic justice while the material conditions of broad sectors—Black and white alike—were being precarized. This was not a personal deception by Obama; it was a systemic logic. And for a time, it worked.
What the Trumpian gesture seems to signal is that this logic has reached its limit. The animalization of Obama is not only an insult to a person; it is a symbolic revocation of his historical function. It is the system saying, without civilizational mediation, that even its most successful figure—its emblem of inclusion and self-control—is disposable. That when a legitimizing device ceases to be useful, it can be degraded without hesitation. The obscenity lies not only in the image, but in its frankness.
This obscenity coincides with a broader transformation of power. For decades, domination in the United States was organized around relatively stable cleavages: race, class, citizenship. The Democratic Party managed many of these conflicts through symbolic policies, cultural recognition, and a moral pedagogy that promised future integration. The Republican Party, for its part, channeled resentment through cultural conservatism and rhetorical economic nationalism. This precarious balance depended on a central condition: that U.S. capitalism could continue to promise a future, even if it failed to deliver it equitably.
That condition no longer exists. Growth no longer suffices, productivity is increasingly concentrated, debt expands, and technology redefines the relationship between labor, value, and control. In this context, the old grammar of inclusion loses its effectiveness. Dehumanization no longer organizes itself solely—or even primarily—around race. It begins to organize itself around systemic utility, political position, access to education, technological integration, and the capacity to adapt to an increasingly unstable order. The precarious worker, the “useful” migrant, the indebted graduate, the user turned into a producer of free data: all occupy different positions within a hierarchy that no longer needs moral justification.
Trump does not create this mutation; he exposes it. His vulgarity is not an anomaly but an adaptation. Trumpism strips away the civilizational language that the Democratic Party perfected over decades and replaces it with a politics of shock, distraction, and explicit dehumanization. It does not propose a new order; it administers the collapse of the old one. In this sense, the racist meme is not a communicational slip but a condensed scene of this transition: from disciplinary inclusion to obscene domination.
Trump’s racism is not a deviation from the system but the moment when the system stops pretending it needs inclusion to govern.
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The question organizing this analysis is therefore not whether Trump is racist—he is—nor whether Obama was an admirable figure—he was, in many respects—but what the passage from one to the other reveals about the current state of power. What happens when racial politics, for decades channeled and neutralized by the Democratic Party, ceases to fulfill its stabilizing function? What form of domination emerges when symbolic inclusion is no longer sufficient to sustain systemic legitimacy? And what place does a society increasingly fragmented between technological winners and disposable populations occupy within this landscape?
Answering these questions requires abandoning the comfort of immediate moral judgment and entering a structural reading. It requires looking at the obscene gesture not as an aberration, but as a symptom. Because when the system stops promising a future, politics stops being administration and becomes, in its rawest form, domination. And at that point, even the symbols that once guaranteed stability can be thrown to the ground without remorse.
From Disciplinary Inclusion to Obscene Dehumanization: A Mutation of Power
For decades, the U.S. political system managed its internal contradictions through a delicate balance between symbolic recognition and material exclusion. The racial question was central to this device—not because it resolved structural inequality, but because it allowed it to be administered. The Democratic Party became the main channel of this management: it absorbed historical demands, translated them into institutional language, and integrated them into a narrative of progress that reinforced the legitimacy of the existing order.
The presidency of Barack Obama was the high point of that mechanism. Not only because of the historic fact of his election, but because of the political function he fulfilled. Obama operated as a figure of suture: between the trauma of the 2008 financial crisis, persistent racial violence, and the erosion of the social contract, his image made it possible to sustain the idea that the system, despite everything, still worked. The narrative was clear: if a Black man could become president, then the problem was not structural but residual; not systemic but moral; not one that required redistribution, but patience.
This displacement had profound consequences. Racial inequality ceased to be thought of primarily as a question of property, labor, housing, or access to services, and came to be treated as a problem of representation, language, and individual behavior. Police violence continued, but it was reinterpreted as deviation; poverty persisted, but it was framed as an educational deficit; exclusion remained, but it was wrapped in a discourse of corporate diversity and enlightened meritocracy. Silicon Valley, Wall Street, and the Democratic Party found a point of convergence there: symbolic inclusion without material transformation.
The Obama-as-monkey meme exposes a post-human order where legitimacy no longer depends on dignity, but on obedience and usefulness.
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That model, however, depended on a condition that is now broken: the capacity of U.S. capitalism to offer a credible horizon of improvement. As long as there was growth, credit expansion, and relative—though unequal—mobility, disciplinary inclusion worked. But when the future became scarce, when automation began to empty the promise of stable work of its meaning, when debt replaced wages as a survival mechanism, moral pedagogy lost its effectiveness.
It is in this context that the Trumpian gesture must be read. Trump does not erupt as an external accident to the system, but as an internal mutation. Trumpism does not seek to integrate; it seeks to govern collapse. It does not promise ascent; it promises punishment and hierarchy. It does not seek moral legitimacy; it seeks performative efficacy. Instead of managing racial conflict, it reconfigures it as a spectacle of dehumanization.
The animalization of Obama is not only explicit racism; it is a symbolic revocation of the previous contract. It is the system saying that it no longer needs the civilizational mediation that Obama represented. That it no longer needs to pretend. That it can dispense with the fiction of inclusive progress and move toward a cruder logic: winners and discardables, useful and useless, obedient and expendable.
Here a key point emerges: dehumanization no longer organizes itself exclusively around race, although race remains a privileged vector. It reorganizes itself around political and functional position within the system. The “enemy” is no longer only the racialized other, but also the progressive, the educated, the unionized, the critical subject, the one who questions the financial or technological architecture. The dividing line shifts: it is not only white/Black, but integrated/non-integrated, compliant/disruptive, useful/obsolete.
This explains why the gesture against Obama does not come from an extremist fringe but from the center of power. Obama embodies a paradoxical figure: he was the system’s greatest symbolic achievement, but also the limit of its absorptive capacity. When that limit becomes evident, the figure ceases to be protected and becomes sacrificial.
The Price of Order: Dollar, Energy, and Discipline in a World Without a Future
Obscene dehumanization is neither an isolated phenomenon nor a merely cultural one. It is the symbolic counterpart of a deeper material transformation: the crisis of the economic regime that sustained U.S. hegemony over the last five decades. To understand why the system no longer requires civilizational mediations—and why it can afford brutal gestures without paying immediate costs—it is necessary to return to a historical turning point: 1971.
Trump’s obscenity is not a deviation from the system, but the moment when the system stops pretending it needs humans at all.
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When the United States abandoned the gold standard and dismantled the Bretton Woods system, it inaugurated an unprecedented form of power. From that moment on, the dollar ceased to be backed by a material asset and became anchored to something more diffuse but more effective: the U.S. capacity to impose the rules of global trade, finance, and security. The country became a net importer, financed its deficits by issuing its own currency, and forced the rest of the world to recycle those dollars back into its financial system.
For decades, this recycling took on a relatively stable form. Dollars that flowed outward returned through the purchase of U.S. Treasury bonds, real estate investment, and financial assets. The state was financed, the military-industrial complex expanded, Wall Street grew, and domestic consumption was sustained even as production was offshored. The implicit promise was clear: the world works, the United States administers.
That equilibrium begins to fracture when two processes converge. On the one hand, extreme financialization empties work of its content as a source of social integration. On the other, the rise of China as a productive and technological power calls into question the U.S. monopoly over the future. Competition is no longer only about prices or wages, but about planning capacity, infrastructure, energy, and control over strategic value chains.
In this scenario, energy becomes a central field of dispute. The turn toward fracking, the obsession with securing fossil-fuel producers, and the systematic resistance to a genuine energy transition do not stem from naïve climate denial, but from a defensive logic. Oil and gas are not merely sources of energy; they are instruments of power. Controlling their flow allows entire economies to be conditioned, allies to be disciplined, and competitors to be pressured.

This strategy, however, contains an obvious internal contradiction. The social core of Trumpism—particularly in regions such as the Permian Basin—depends on relatively high oil prices to survive. If the barrel price falls below a certain threshold, small and medium-sized fracking operations become unprofitable. Unlike producers such as Saudi Arabia, which can sustain low prices through sheer volume, U.S. fracking requires relative scarcity to function.
When politics can no longer promise a future, it governs through humiliation, obedience, and the management of disposable lives.
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This makes incoherent the fantasy of “seizing” the world’s oil and flooding the market with it. The goal is not to inundate the world with crude, but to manage its restriction. Energy, like the dollar, works better as a threat than as abundance. It is a bargaining instrument, not a neutral commodity.
Here a key point emerges: the order being preserved is no longer oriented toward general growth, but toward the maintenance of hierarchies. The objective is not to expand well-being, but to prevent the collapse of the financial and monetary system that sustains existing privileges. Within this framework, even decisions that appear irrational—such as transporting liquefied gas across oceans to replace cheaper, closer sources—begin to make sense. They are inefficient in energetic and climatic terms, but rational in geopolitical and financial ones.
This type of rationality has direct effects on domestic politics. When the economy no longer delivers tangible improvements, legitimacy can no longer rest on material promises. It must be grounded elsewhere: in identity, fear, punishment, belonging. Symbolic violence—including racial or political dehumanization—thus becomes a functional tool. It does not distract from the system; it stabilizes it.
The obsession with the dollar is central at this point. As productive hegemony erodes, monetary hegemony must be intensified. Hence the importance of new mechanisms for absorbing global liquidity: opaque financial instruments, “safe” assets, parallel architectures that allow the state to continue financing itself without touching internal fiscal privileges. Global capital must keep flowing toward the center, even as the center no longer offers a shared project.
In this context, politics becomes increasingly explicit in its brutality because it can no longer conceal its real function. It is not organizing a common future, but administering a retreat. The question ceases to be how to integrate the majorities and becomes how to prevent discontent from turning into a systemic threat.
Dehumanization, then, is not an ideological excess. It is a sign of the times. It marks the passage from an order that promised—however imperfectly—to an order that no longer promises at all. And when there is no promise, only force remains: economic, symbolic, police, or military.
The Price of Order: Dollar, Energy, and Discipline in a World Without a Future
Obscene dehumanization is neither an isolated phenomenon nor a merely cultural one. It is the symbolic counterpart of a deeper material transformation: the crisis of the economic regime that sustained U.S. hegemony over the last five decades. To understand why the system no longer requires civilizational mediations—and why it can afford brutal gestures without paying immediate costs—it is necessary to return to a historical turning point: 1971.
When the United States abandoned the gold standard and dismantled the Bretton Woods system, it inaugurated an unprecedented form of power. From that moment on, the dollar ceased to be backed by a material asset and became anchored to something more diffuse but more effective: the U.S. capacity to impose the rules of global trade, finance, and security. The country became a net importer, financed its deficits by issuing its own currency, and forced the rest of the world to recycle those dollars back into its financial system.
For decades, this recycling took on a relatively stable form. Dollars that flowed outward returned through the purchase of U.S. Treasury bonds, real estate investment, and financial assets. The state was financed, the military-industrial complex expanded, Wall Street grew, and domestic consumption was sustained even as production was offshored. The implicit promise was clear: the world works, the United States administers.
That equilibrium begins to fracture when two processes converge. On the one hand, extreme financialization empties work of its content as a source of social integration. On the other, the rise of China as a productive and technological power calls into question the U.S. monopoly over the future. Competition is no longer only about prices or wages, but about planning capacity, infrastructure, energy, and control over strategic value chains.

In this scenario, energy becomes a central field of dispute. The turn toward fracking, the obsession with securing fossil-fuel producers, and the systematic resistance to a genuine energy transition do not stem from naïve climate denial, but from a defensive logic. Oil and gas are not merely sources of energy; they are instruments of power. Controlling their flow allows entire economies to be conditioned, allies to be disciplined, and competitors to be pressured.
This strategy, however, contains an obvious internal contradiction. The social core of Trumpism—particularly in regions such as the Permian Basin—depends on relatively high oil prices to survive. If the barrel price falls below a certain threshold, small and medium-sized fracking operations become unprofitable. Unlike producers such as Saudi Arabia, which can sustain low prices through sheer volume, U.S. fracking requires relative scarcity to function.
This makes incoherent the fantasy of “seizing” the world’s oil and flooding the market with it. The goal is not to inundate the world with crude, but to manage its restriction. Energy, like the dollar, works better as a threat than as abundance. It is a bargaining instrument, not a neutral commodity.
Here a key point emerges: the order being preserved is no longer oriented toward general growth, but toward the maintenance of hierarchies. The objective is not to expand well-being, but to prevent the collapse of the financial and monetary system that sustains existing privileges. Within this framework, even decisions that appear irrational—such as transporting liquefied gas across oceans to replace cheaper, closer sources—begin to make sense. They are inefficient in energetic and climatic terms, but rational in geopolitical and financial ones.
This type of rationality has direct effects on domestic politics. When the economy no longer delivers tangible improvements, legitimacy can no longer rest on material promises. It must be grounded elsewhere: in identity, fear, punishment, belonging. Symbolic violence—including racial or political dehumanization—thus becomes a functional tool. It does not distract from the system; it stabilizes it.
The obsession with the dollar is central at this point. As productive hegemony erodes, monetary hegemony must be intensified. Hence the importance of new mechanisms for absorbing global liquidity: opaque financial instruments, “safe” assets, parallel architectures that allow the state to continue financing itself without touching internal fiscal privileges. Global capital must keep flowing toward the center, even as the center no longer offers a shared project.
In this context, politics becomes increasingly explicit in its brutality because it can no longer conceal its real function. It is not organizing a common future, but administering a retreat. The question ceases to be how to integrate the majorities and becomes how to prevent discontent from turning into a systemic threat.
Dehumanization, then, is not an ideological excess. It is a sign of the times. It marks the passage from an order that promised—however imperfectly—to an order that no longer promises at all. And when there is no promise, only force remains: economic, symbolic, police, or military.
When conversation is blocked, authoritarianism wins
The current phase of political capitalism is defined not only by the material hardening of life, but by the collapse of the channels through which that hardening could be discussed, negotiated, or resisted. Public conversation—understood not as the superficial exchange of opinions, but as a social process for working through conflict—has been systematically blocked. And this blockage is not accidental: it is functional to the new order.

Historically, liberal democracy operated as a system of shock absorption. It allowed social conflict to be expressed in channelled forms: parties, unions, the press, collective bargaining. Even when decisions favoured capital, there existed the fiction—and at times the partial reality—that society could deliberate about its direction. That device has eroded to the point of near disappearance.
In the United States, bipartisanship no longer fulfils a mediating function. The Republican Party has abandoned any claim to universality and now openly organizes as a force of cultural domination and coercion. The Democratic Party, by contrast, retains the language of rights and inclusion, but empties it of material content. It functions as a machine for absorbing and neutralizing any attempt at radicalization: it integrates demands, aestheticizes them, and renders them harmless.
Within this framework, the racial question occupies a central place. For decades, racial conflict was institutionally channelled through the Democratic Party. The implicit promise was clear: symbolic recognition, representation, and individual upward mobility in exchange for deactivating structural critique. Barack Obama embodies that historical moment. His figure allowed a significant portion of racial conflict to be translated into personal success, institutional diversity, and the legitimation of a financial system that—paradoxically—deepened both racial and class inequality.
Trumpism breaks this pact. Not because it overcomes racism, but because it reconfigures it. By attacking Obama in an openly dehumanizing way, it does not merely humiliate a racialized figure; it declares obsolete the model of disciplined integration offered by the Democratic Party. The message is brutal and transparent: there is no longer any need to disguise domination. Mediators are no longer required. Power can be exercised directly, obscenely, and spectacularly.
This shift explains why “racist memes” are not merely cultural provocations. They are political devices. They function as tests of force: they measure how far power can go without facing consequences. When they generate outrage but fail to produce organization, they reinforce the regime’s cynicism. When, exceptionally, they encounter transversal resistance—as occurred with the removal of the content—they reveal something fundamental: power is not absolute, but it learns quickly.
The central problem is that moral indignation, on its own, does not build an alternative. It may halt isolated excesses, but it does not alter the structure that produces them. Worse still, when it becomes the sole register of response, it reinforces the authoritarian narrative according to which all criticism is nothing more than wounded sensitivity, incapable of disputing the material terrain.
Here one of the major traps of the present becomes clear. By blocking conversation about material conditions—wages, housing, debt, energy, health—the system pushes conflict into the terrain of pure identity, where it can be more easily manipulated. The result is a sterile polarization: on one side, a right that offers belonging through cruelty; on the other, a progressivism that offers moral superiority without transformative capacity.
In this vacuum, authoritarianism becomes pedagogical. It teaches who commands, who obeys, and what can be said. Dehumanization fulfils a didactic function: it demonstrates the cost of dissent. It is not necessary to imprison everyone; it is enough to signal a few. The rest learn.
And yet, the same process that blocks conversation also generates fissures. Mass precarization, chronic indebtedness, and the collapse of expectations produce a shared experience that exceeds traditional identity categories. The question is not whether discontent exists, but who succeeds in organizing it politically.
Historical experience shows that when institutional channels close, alternative forms of organization emerge. Not necessarily progressive ones. In fact, authoritarianism often moves first, offering order, punishment, and meaning. For this reason, the reconstruction of an emancipatory politics cannot limit itself to denouncing fascism; it must compete with it on the terrain of the concrete.
This means reopening conversation where it has been sealed off. Not in captured mass media or hollowed-out parliaments, but in everyday spaces: neighbourhoods, workplaces, schools, health systems, energy territories. It means talking about property, control, and surplus. It means asking who decides, who benefits, and who pays.
The lesson is uncomfortable but clear: when conversation is blocked, authoritarianism wins; when it is reconstituted on material foundations, authoritarianism loses its advantage. Not because conflict disappears, but because it can no longer be administered in solitude.
The challenge is substantial. It requires abandoning the comfort of moral denunciation and assuming the risks of organization. It requires accepting that there will be no purity, that there will be defeats and reversals. But it also requires recognizing that even in a scenario of collapse, history is not closed. The same system that produces dehumanization also generates the conditions for its contestation. The decisive question is whether those conditions will be captured by new forms of barbarism or by a politics capable of restoring humanity where it has been denied.
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