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Argentina no está atravesando simplemente un cambio de regimen politico, en el sentido más profundo del término sino que está atravesando un proceso más profundo y más peligroso: una balcanización silenciosa de su estructura política y territorial. Cuando hablo de balcanización no estoy usando una metáfora dramática por gusto. Me refiero a un fenómeno histórico concreto: la fragmentación de un proyecto nacional en unidades políticas que actúan como enclaves autónomos, muchas veces subordinados a intereses externos o locales antes que a un horizonte soberano común. En Argentina, la balcanización no implica secesión formal, pero sí implica algo más sutil: gobernadores peronistas, bloques legislativos que responden a intereses locales corporativos y coaliciones nacionales operando como administradores de intereses territoriales o extractivos, más que como representantes de un proyecto nacional coherente.

Argentina no está “cambiando de regimen”: está entrando en una balcanización silenciosa donde el Senado, con votos del radicalismo y del peronismo, actúa en clave territorial y extractiva más que soberana.

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Lo que ocurrió estos días en el Parlamento argentino, con votos provenientes tanto del radicalismo como del peronismo que resultaron funcionales a reformas como la laboral o la ley de glaciares que facilitan la extranjerización de la tierra y la expansión de esquemas extractivos, no es un accidente ni una traición aislada. Es la expresión de una mutación estructural. El radicalismo, históricamente asociado a una tradición republicana y desarrollista, y el peronismo, históricamente asociado a la justicia social y la soberanía económica, convergen hoy en una práctica que prioriza la gobernabilidad territorial, la caja provincial y la negociación con capitales externos antes que una estrategia nacional. No se trata de ideología pura sino de incentivos materiales. Cada provincia negocia regalías, inversiones, infraestructura. Cada bloque parlamentario asegura gobernabilidad local. El resultado es un federalismo transaccional. La soberanía ya no es un principio ordenador sino una variable de negociación.

La Ley de Glaciares expone el núcleo del problema: tierra, agua y recursos estratégicos pasan a ser variables de negociación con capital transnacional, y la soberanía deja de ordenar la política.

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Cuando hablamos de tierra en Argentina no hablamos de un recurso cualquiera. Hablamos de agua, de litio, de minería metalífera, de territorios estratégicos para la transición energética global. La Ley de Glaciares, que originalmente fue concebida para proteger reservas de agua dulce frente a la minería de alta montaña, se convirtió en un símbolo de esa tensión entre preservación ambiental y presión extractiva. La flexibilización o reinterpretación de ese marco no ocurre en abstracto. Ocurre bajo presión de capitales internacionales que buscan asegurarse acceso a recursos críticos en un contexto de competencia geopolítica global. Si bloques históricos votan de manera funcional a ese esquema, el mensaje es claro: el eje soberanía versus capital transnacional dejó de estructurar el sistema político.

Eso es el “sálvese quien pueda” institucionalizado. Cada actor racionaliza su supervivencia territorial. Cada gobernador negocia su acuerdo. Cada legislador responde a su red local de poder. El proyecto nacional se diluye en acuerdos parciales. La oposición deja de articular una alternativa y pasa a competir por quién administra mejor el flujo de inversión extranjera. En ese contexto, esperar que el peronismo encarne automáticamente una alternativa transformadora es repetir una hipótesis que ya no se sostiene empíricamente. El peronismo sigue siendo una maquinaria electoral formidable en muchos distritos, pero su función sistémica se ha desplazado. Hoy opera más como amortiguador y gestor que como fuerza disruptiva.

En Gorton & Denton, el triunfo del Partido Verde muestra que un partido histórico puede ser reemplazado cuando deja de representar, pero solo si hay organización real, candidatos creíbles y un mensaje coherente.

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Hannah Gordon, una luz en medio de la oscuridad

Este punto es clave para entender el paralelo con lo que acaba de suceder en Inglaterra, en el distrito de Gorton and Denton, en el área metropolitana de Manchester. Gorton and Denton es una circunscripción parlamentaria creada recientemente a partir de una redistribución de distritos. No es Londres, no es una burbuja universitaria. Es una zona con tradición obrera, con historia industrial, con electorado históricamente laborista. Allí, en una elección parcial, lo que en el sistema británico se denomina by-election —es decir, una elección que se realiza fuera del calendario general para cubrir una vacante en el Parlamento—, el Partido Verde británico obtuvo una victoria contundente frente al Partido Laborista y frente a Reform UK, el partido de ultraderecha populista asociado a Nigel Farage.

Para entender lo sísmico de lo que acaba de pasar, hay que recordar qué es el Partido Laborista en el Reino Unido. Fundado a comienzos del siglo XX como expresión política del movimiento sindical, el Labour fue durante décadas el principal vehículo de la socialdemocracia británica. Implementó el Estado de bienestar de posguerra, nacionalizó sectores estratégicos y creó el National Health Service, el sistema público de salud británico. Sin embargo, desde los años noventa, con Tony Blair y el llamado New Labour, el partido se desplazó hacia una posición más centrista y pro-mercado. Hoy, la gente tiene que esperar meses para ver a su medico en un país sin tradición de seguro de salud privada. Keir Starmer, el actual líder laborista, profundizó ese giro tras el liderazgo del “radical” Jeremy Corbyn, quien había intentado reorientar el partido hacia una agenda más abiertamente socialista. El aparato interno del Labour neutralizó el momento Corbyn y restableció una línea más moderada pero muy corporativa: permite que tras que se pinchara la burbuja inmobiliaria londinense, hedge funds compraran en masa y manejaran oligopolicamente los alquileres, aprobó una ley que permite al Estado meterse en las cuentas bancarias y en datos que, hasta ahora, pertenecían a la intimidad de las personas y ni hablar de haber designado a el (ex?) Lord Peter Mandelson, intimo amigo de Epstein como Embajador en USA.

Nueva York sugiere lo mismo desde otro sistema: cuando existe infraestructura militante y disputa interna, el aparato puede ser desbordado; en Argentina, sin alternativa organizada, el vacío lo llena la ruptura de Milei, aunque implique más fragmentación.

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En ese contexto, la victoria de una candidata del partido verde, Hannah Spencer, que hasta hace poco trabajaba como plomera y estaba formándose como yesera, tiene una dimensión simbólica fuerte pero no superficial. No se trata simplemente de celebrar la llegada de alguien “común” al Parlamento. Se trata de que el Partido Verde logró capturar un electorado (sacando casi la sumatoria de votos Tories y Laboristas sumados) que históricamente votaba Labour, articulando un discurso centrado en el costo de vida, la defensa del NHS, la crítica a la influencia de los billonarios en la política y una postura más clara respecto de Gaza, un tema que en amplios sectores progresistas británicos genera frustración por la tibieza del Labour.

El líder verde, Zack Polanski, fue explícito: no estamos aquí para decepcionarnos con el Labour, estamos aquí para reemplazarlo. Esa frase es estratégica. No plantea presión interna ni reforma gradual. Plantea un proyecto de sustitución al que los argentinos deberían prestar mucha atención porque sino no hay salida. 

Y aquí es donde el paralelo con Argentina se vuelve incómodo. En el Reino Unido, el desplazamiento del Labour hacia el centro abrió un espacio que el Partido Verde está intentando ocupar como alternativa de izquierda con viabilidad electoral real. En Argentina, el desplazamiento del peronismo hacia una práctica más pragmática y extractiva no abrió un espacio equivalente en la izquierda ecológica o social. Abrió un espacio que capitalizó la derecha libertaria de Javier Milei mientras el supuesto peronismo de izquierdas con Cristina y Kicillof son lisa y llanamente invotables y están tan pero tan atados al entramado político tradicional que nada buenos puede salir de eso. Pero no todas son malas noticias, porque hay cambios que, poco a poco, están ocurriendo a nivel internacional. 

Tomemos como ejemplo a Estados Unidos. En Nueva York, las primarias demócratas para cargos municipales han visto emerger figuras más progresistas que el establishment tradicional del Partido Demócrata y su plan de gobierno quasi socialista está funcionando. El miedo de que se fueran las corporaciones porque subió los impuestos a las corporaciones no se materializó y la gente, al menos en esa ciudad, vive mejor. El sistema estadounidense funciona mediante primarias internas donde los votantes de cada partido eligen a sus candidatos antes de la elección general. Eso permitió que en los últimos años aparecieran figuras vinculadas a corrientes más a la izquierda, como las asociadas a organizaciones como Justice Democrats o el Democratic Socialists of America. No siempre ganan. No siempre logran sostener la organización. Pero existe una infraestructura paralela que disputa al interior del partido o desde candidaturas insurgentes. Y el escándalo de los Epstein files y la crisis mental de Trump convergen para abrir un espacio a un electorado en shock que quiere probar alternativas al capitalismo, al menos, en su estado actual. 

En Argentina, esa infraestructura no existe con peso nacional. Hay partidos provinciales, hay expresiones testimoniales, hay movimientos sociales. Pero no hay una fuerza ecológico-social con implantación territorial y capacidad electoral que pueda disputar seriamente el espacio que hoy ocupa el peronismo como oposición estructural. Y mientras ese vacío persista, la balcanización continuará. Porque los actores racionales seguirán negociando en clave provincial, extractiva y de corto plazo. El peor error de Cristina fue el haber cooptado el progresismo joven del que algo puede salir. La cosa está muy difícil en la Argentina pero no hay que perder las esperanzas pero la solución no esta en los partidos tradicionales. 

La izquierda internacional enfrenta una encrucijada similar. En el Reino Unido, parte de la izquierda radical sostiene que el Labour es irreformable y que debe dejarse colapsar para que emerja algo nuevo. Ese argumento parte de una experiencia concreta: el momento Corbyn fue neutralizado por el aparato partidario, y muchos militantes concluyeron que la estrategia de “reformar desde dentro” fracasó. Pero el aceleracionismo tiene riesgos evidentes. La destrucción de un partido histórico no garantiza que la alternativa que emerja sea progresista. Puede fortalecer a la derecha.

Lo que distingue al caso británico es que el Partido Verde logró construir estructura territorial, candidatos creíbles y un mensaje coherente antes de plantear abiertamente la sustitución del Labour. No es solo catarsis. Es organización. En Estados Unidos, los sectores progresistas disputan primarias con recursos, bases militantes y redes de financiación alternativas. En Argentina, la crítica al peronismo por su pragmatismo extractivo puede ser legítima, pero sin una alternativa organizada se convierte en comentario.

La pregunta entonces no es meramente si el peronismo puede ganar elecciones futuras. La pregunta es si puede volver a encarnar un proyecto nacional coherente que articule soberanía territorial, transición ecológica y justicia social en un contexto global donde los recursos naturales son objeto de competencia feroz. Si la respuesta es negativa, la política argentina corre el riesgo de quedar atrapada en un esquema donde la discusión se limita a quién administra mejor la inserción subordinada en el mercado global.

Ese es el punto de partida. No Inglaterra. No Nueva York. Argentina. Si el Senado vota en clave territorial y extractiva, si los partidos históricos operan como agregadores de intereses locales antes que como articuladores de un proyecto nacional, y si no emerge una fuerza capaz de disputar ese eje desde una perspectiva ecológica y soberana, la balcanización dejará de ser una advertencia y se convertirá en descripción.

El triunfo verde en Gorton and Denton muestra que los partidos históricos pueden ser reemplazados cuando dejan de representar. Las primarias demócratas en ciudades como Nueva York muestran que el aparato puede ser disputado cuando existe organización. Argentina muestra que cuando no hay reemplazo ni disputa estructurada, el vacío lo ocupa quien ofrece ruptura, aunque esa ruptura implique más fragmentación.

La izquierda internacional debería mirar estos tres escenarios como variaciones de un mismo dilema: administrar el centro, reformar desde dentro o construir por fuera. Cada opción tiene costos. Pero lo que ya no parece sostenible es la ilusión de que el partido histórico, por inercia, seguirá siendo el vehículo natural de transformación.

En Argentina, esa ilusión es la que más urgentemente necesita revisión.

‘Sovereignty or Enclaves: What the Green Victory in the UK Reveals About Argentina’s “Every Man for Himself” Politics

Argentina is not merely “changing regime”; it is entering a silent balkanization in which the Senate — with votes from both Radicalism and Peronism — operates along territorial and extractive lines rather than sovereign ones.

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Argentina is not simply undergoing a change of political regime in the deepest sense of the term; it is experiencing something more profound and more dangerous: a silent balkanization of its political and territorial structure. When I speak of balkanization, I am not indulging in dramatic metaphor. I am referring to a concrete historical phenomenon: the fragmentation of a national project into political units that function as autonomous enclaves, often subordinated to external or local interests rather than to a shared sovereign horizon. In Argentina, balkanization does not mean formal secession, but something more subtle: Peronist governors, legislative blocs responsive to local corporate interests, and national coalitions operating as managers of territorial or extractive interests rather than as representatives of a coherent national project.

The Glaciers Law reveals the core problem: land, water, and strategic resources become negotiable variables for transnational capital, and sovereignty ceases to structure political decision-making.

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What took place in recent days in the Argentine Congress, with votes from both the Radical Civic Union and Peronism that proved functional to reforms such as labor deregulation or changes to the Glaciers Law facilitating land foreignization and the expansion of extractive schemes, is neither an accident nor an isolated betrayal. It is the expression of a structural mutation. Radicalism, historically associated with a republican and developmentalist tradition, and Peronism, historically linked to social justice and economic sovereignty, now converge in a practice that prioritizes territorial governability, provincial revenue, and negotiation with external capital over a national strategy. This is not a matter of pure ideology but of material incentives. Each province negotiates royalties, investment, infrastructure. Each parliamentary bloc secures local governability. The result is transactional federalism. Sovereignty ceases to be an organizing principle and becomes a negotiable variable.

In Gorton & Denton, the Green Party’s victory shows that a historic party can be replaced when it no longer represents — but only if real organization, credible candidates, and a coherent message are in place.

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When we speak of land in Argentina, we are not referring to just any resource. We are speaking of water, lithium, metal mining, and strategic territories for the global energy transition. The Glaciers Law, originally conceived to protect freshwater reserves from high-altitude mining, became a symbol of the tension between environmental preservation and extractive pressure. The flexibilization or reinterpretation of that framework does not occur in the abstract. It happens under pressure from international capital seeking secure access to critical resources in a context of global geopolitical competition. If historic political blocs vote in ways that are functional to that scheme, the message is clear: the axis of sovereignty versus transnational capital no longer structures the political system.

In Gorton & Denton, the Green Party’s victory shows that a historic party can be replaced when it no longer represents — but only if real organization, credible candidates, and a coherent message are in place.

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This is institutionalized “every man for himself.” Each actor rationalizes territorial survival. Each governor negotiates their own deal. Each legislator answers to their local power network. The national project dissolves into partial agreements. The opposition ceases to articulate an alternative and instead competes over who can better administer foreign investment flows. In that context, expecting Peronism to automatically embody a transformative alternative is to repeat a hypothesis that is no longer empirically sustainable. Peronism remains a formidable electoral machine in many districts, but its systemic function has shifted. It now operates more as a buffer and manager than as a disruptive force.

Hannah Gordon, a light in the darkness

This is key to understanding the parallel with what has just occurred in England, in the district of Gorton and Denton, within the Greater Manchester area. Gorton and Denton is a parliamentary constituency recently created through boundary redistribution. It is not London, not a university bubble. It is an area with a working-class tradition, an industrial history, and an electorate that has historically voted Labour. There, in a by-election — a vote held outside the general electoral calendar to fill a parliamentary vacancy — the British Green Party secured a decisive victory over both the Labour Party and Reform UK, the far-right populist party associated with Nigel Farage.

To grasp how seismic this development is, one must recall what the Labour Party represents in the United Kingdom. Founded in the early twentieth century as the political expression of the trade union movement, Labour was for decades the primary vehicle of British social democracy. It implemented the postwar welfare state, nationalized key sectors, and created the National Health Service, the public healthcare system. However, since the 1990s, under Tony Blair and the so-called New Labour project, the party shifted toward a more centrist, pro-market position. Today, in a country without a strong tradition of private health insurance, patients wait months to see a general practitioner. Keir Starmer, the current Labour leader, deepened that centrist turn after the leadership of the “radical” Jeremy Corbyn, who had attempted to redirect the party toward a more openly socialist agenda. The Labour apparatus neutralized the Corbyn moment and restored a more moderate but highly corporate orientation: it allowed hedge funds to purchase housing en masse after the London real estate bubble deflated, consolidating oligopolistic control over rents; it approved legislation enabling the state to access personal banking and data information previously considered private; and it appointed (former?) Lord Peter Mandelson, a close associate of Jeffrey Epstein, as Ambassador to the United States.

New York suggests the same from a different system: when activist infrastructure and internal contestation exist, the establishment can be challenged; in Argentina, without an organized alternative, the vacuum is filled by Milei’s rupture — even if that rupture deepens fragmentation.

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In that context, the victory of Green Party candidate Hannah Spencer, who until recently worked as a plumber and was training as a plasterer, carries symbolic weight that is not superficial. It is not merely about celebrating the arrival of an “ordinary” person in Parliament. It is that the Green Party managed to capture an electorate — nearly matching the combined vote totals of the Tories and Labour — that historically voted Labour, articulating a discourse centered on the cost-of-living crisis, defense of the NHS, criticism of billionaire influence in politics, and a clearer stance on Gaza, an issue on which many progressive British voters perceive Labour as timid.

Green leader Zack Polanski was explicit: we are not here to be disappointed by Labour; we are here to replace it. That phrase is strategic. It does not propose internal pressure or gradual reform. It proposes substitution — a project Argentines should pay close attention to, because without such clarity there is no exit.

Here is where the parallel with Argentina becomes uncomfortable. In the United Kingdom, Labour’s shift toward the center opened space that the Green Party is attempting to occupy as a viable left-wing alternative. In Argentina, Peronism’s shift toward a more pragmatic and extractive practice did not open an equivalent space in the ecological or social left. It opened a space capitalized upon by libertarian right-wing leader Javier Milei, while the supposed left Peronism associated with Cristina Fernández de Kirchner and Axel Kicillof has become electorally untenable and deeply entangled in the traditional political web from which little innovation can emerge. Yet not all is bleak, because changes are slowly unfolding at the international level.

Consider the United States. In New York, Democratic primaries for municipal offices have seen the emergence of more progressive figures challenging the traditional party establishment, and aspects of their quasi-socialist governance programs have proven functional. Fears that corporations would flee after corporate tax increases did not materialize, and at least in that city, living conditions improved. The American system operates through internal primaries in which party voters select candidates before the general election. This has enabled the rise of figures associated with left-leaning organizations such as Justice Democrats and the Democratic Socialists of America. They do not always win. They do not always sustain organizational coherence. But a parallel infrastructure exists that contests the party from within or through insurgent candidacies. Meanwhile, the Epstein files scandal and Donald Trump’s visible mental instability converge to open space for a shocked electorate willing to test alternatives to capitalism, at least in its current form.

In Argentina, such infrastructure does not exist at the national level. There are provincial parties, testimonial expressions, social movements. But there is no territorially rooted ecological-social force with electoral capacity capable of seriously disputing the space currently occupied by Peronism as the structural opposition. And as long as that vacuum persists, balkanization will continue. Rational actors will keep negotiating in provincial, extractive, and short-term terms. Cristina’s greatest mistake was co-opting the young progressive sector from which something new might have emerged. The situation in Argentina is extremely difficult, but hope should not be abandoned. The solution, however, does not lie within the traditional parties.

The international left faces a similar crossroads. In the United Kingdom, part of the radical left argues that Labour is irreformable and should be allowed to collapse so that something new can arise. That position stems from a concrete experience: the Corbyn moment was neutralized by the party apparatus, leading many activists to conclude that the strategy of “reform from within” failed. But accelerationism carries obvious risks. Destroying a historic party does not guarantee that what emerges will be progressive. It can strengthen the right.

What distinguishes the British case is that the Green Party built territorial infrastructure, credible candidates, and a coherent message before openly advocating Labour’s replacement. It is not mere catharsis. It is organization. In the United States, progressive sectors contest primaries with resources, activist bases, and alternative fundraising networks. In Argentina, criticism of Peronism’s extractivist pragmatism may be legitimate, but without an organized alternative it remains commentary.

The question, then, is not simply whether Peronism can win future elections. It is whether it can once again embody a coherent national project articulating territorial sovereignty, ecological transition, and social justice in a global context of fierce competition over natural resources. If the answer is no, Argentine politics risks becoming trapped in a framework where the debate is reduced to who can better administer a subordinate insertion into the global market.

That is the point of departure. Not England. Not New York. Argentina. If the Senate votes along territorial and extractive lines, if historic parties operate as aggregators of local interests rather than articulators of a national project, and if no force emerges capable of contesting that axis from an ecological and sovereign perspective, balkanization will cease to be a warning and become a description.

The Green victory in Gorton and Denton demonstrates that historic parties can be replaced when they cease to represent. Democratic primaries in cities like New York show that party establishments can be contested when organization exists. Argentina demonstrates that when there is neither replacement nor structured contestation, the vacuum is filled by whoever offers rupture, even if that rupture entails further fragmentation.

The international left should read these three scenarios as variations of the same dilemma: manage the center, reform from within, or build from outside. Each carries costs. What no longer seems sustainable is the illusion that a historic party will, by inertia alone, continue serving as the natural vehicle of transformation.

In Argentina, that illusion is the one most urgently in need of revision.

© 2026 Rodrigo Cañete. All rights reserved. This text may not be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including digital reproduction, without prior written permission from the author.