Cuando Javier Milei eligió a Patricia Bullrich para conducir la cartera de Seguridad, no solo apostó por la mujer que le había garantizado la victoria en la segunda vuelta de 2023, sino que también compró la promesa de orden a cualquier costo. Ambos se presentaban como paradigmas de las manos limpias.
Bullrich encarnaba, para la narrativa libertaria, a la guerrera implacable que había librado una “guerra sin cuartel” (como tituló su propio libro) contra el crimen organizado y las supuestas amenazas externas durante su gestión con Mauricio Macri. Su acceso privilegiado a las cúpulas de las fuerzas federales y a agencias de seguridad de Estados Unidos e Israel eran, en teoría, la garantía de un escudo protector para la nueva era.
La Firma de Alberto Fohrig en Millonarias Contrataciones Directas:
Y como si el tiempo no hubiera pasado, Bullrich desembarcó en el gobierno de Milei con el mismo equipo que la acompañó en la era Macri. Entre ellos, su mano derecha: Alberto Fernando Föhrig, actual director de Cooperación Internacional, pero en ese entonces secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación. Föhrig, que junto con Gerardo Milman (hoy diputado nacional), fue una pieza clave en la trama de las compras directas, vuelve ahora a escena con el peso incómodo de su historial. Porque lo que Milei no vio, no quiso ver, o tal vez le ocultaron, es lo que acaba de destapar la Auditoría General de la Nación: un esquema de contrataciones plagado de irregularidades, sobreprecios escandalosos y vínculos turbios con empresas israelíes.
La AGN, al auditar las adquisiciones realizadas bajo el paraguas de la Emergencia de Seguridad Pública que Bullrich decretó en 2016, detectó un patrón claro: compras directas sin licitación, precios inflados hasta cinco veces por encima del valor de mercado, falta de documentación respaldatoria y una velocidad de gestión tan sospechosa como conveniente. En casi la mitad de las operaciones analizadas (29 en total), no hubo compulsa de precios: el Ministerio eligió discrecionalmente a las empresas proveedoras, muchas de ellas vinculadas al Estado de Israel. Cuando la AGN pidió explicaciones, la cartera de Bullrich argumentó que la “prisa” respondía a “situaciones que demandaban respuestas inmediatas e imprevistas”.
El Decreto de Emergencia como Salvoconducto de Contratación y Sobreprecios:
Lo que quedó en evidencia es que, en la práctica, el decreto de emergencia no fue otra cosa que un salvoconducto legal para negociar a dedo. El rastro de las negociaciones quedó parcialmente expuesto en el Registro de Audiencias Públicas: ahí aparecen Föhrig y Milman representando al equipo de Bullrich en reuniones con funcionarios israelíes y empresarios del sector armamentístico. Föhrig, de hecho, aparece como el principal operador técnico de las contrataciones, algo que cobra especial relevancia si se considera que hoy dirige el área de Cooperación Internacional, lo que le permite moverse con la misma impunidad, pero con un rango ampliado. Milman, por su parte, parece haber rehecho los lazos con Bullrich: el 14 de febrero de este año, blanquearon una reunión para discutir “asuntos legislativos”, según consta en el Registro de Audiencias. Curiosamente, ambos vienen de militar juntos en el GEN de Margarita Stolbizer, antes de saltar al ala dura de la halcona.
Chin Chin
El cinismo no termina ahí: la comunicación de las primeras adquisiciones por 84 millones de dólares se hizo en fechas estratégicamente elegidas para pasar desapercibidas. Mientras el país se preparaba para el brindis de Fin de Año, el 30 de diciembre de 2016, Bullrich cerró una compra por 35 millones de dólares a la empresa israelí IAI ELTA. Apenas tres días después, el 2 de enero de 2017, el Boletín Oficial informó la autorización para adquirir cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, supuestamente para combatir el terrorismo en la Hidrovía.
Lo llamativo no es solo el precio inflado de las lanchas ni la ausencia de licitación, sino la justificación: combatir el terrorismo fluvial en el Paraná, como si ISIS tuviera bases en Rosario. Lo que queda claro es que, detrás del show punitivista de Bullrich, hubo una maquinaria de negocios opacos y favoritismos diplomáticos, con Föhrig como uno de los operadores centrales. Milei, por ahora, mira para otro lado, mientras la ministra desfila como heroína de la represión. Lo interesante será ver hasta dónde la protección presidencial logra tapar la mugre de los negocios con Israel.
Cuando Patricia Bullrich desembarcó en el gobierno de Javier Milei con su equipo de halcones, trajo consigo no solo la promesa de “orden a cualquier costo”, sino también una mochila cargada de negocios turbios y favores pendientes. Lo que parecía un regreso triunfal con la bandera de la mano dura, empieza ahora a mostrar su reverso: un lodazal de sobreprecios, contrataciones discrecionales y pagos inexplicables, con una trama israelí que huele a lobby de tercera categoría. Y en el centro de la escena, el hombre que une todos los hilos: Eitamar Barr, un empresario fantasmagórico que lo mismo aparece como asesor de ventas, lobista, o representante de IAI (Israel Aerospace Industries), pero que en realidad parece haber sido la clave para vehiculizar los negocios espurios de Bullrich con el Estado israelí.
El informe de la Auditoría General de la Nación es demoledor: pagos inflados hasta cinco veces por encima del valor de mercado, gastos duplicados, facturaciones paralelas y un entramado deliberadamente opaco. La empresa Issatec Technologies, dirigida por Barr y su socia argentina, Irene Fuentes, cobró 41 millones de pesos por tareas que, según la AGN, ya estaban incluidas en el acuerdo original con la subsidiaria israelí ELTA Systems Ltd., a cargo del convenio principal. En otras palabras: le facturaron dos veces al Estado por el mismo trabajo, con la excusa de “concretar la ejecución del Convenio de Implementación”. Todo esto, con la firma de Föhrig, la sombra técnica de Bullrich en estos negocios.
El delirio no termina ahí. El informe revela que Issatec fue contratada “sin mediar trámites administrativos”, en conjunto con ELTA, para realizar capacitaciones sobre el mantenimiento del Equipo VANT27 BE 650D, a pesar de que ese servicio ya estaba contemplado en el contrato inicial. Por ese premio duplicado, cobraron un millón de dólares, con la pequeña ironía de que, según la auditoría, los equipos están fuera de servicio, acumulando polvo en la Unidad de Aviación Orán.
Y como si se tratara del hilo de Ariadna, el nombre de Barr aparece en todas partes, atando reuniones, contratos y pagos. Lo más grotesco es que ni siquiera sabían bien cómo presentarlo: en el Registro de Audiencias, su nombre figura indistintamente como asesor, interesado particular, representante de IAI o Automation System S.A., una empresa que, casualmente, maneja el sistema de circuito cerrado de la Casa Rosada.
Pero la verdadera joya de la corona es que Eitamar Barr aparece en los Panamá Papers. Su nombre figura como accionista de OR IDO Holdings LTD, una offshore panameña vinculada a Ronen Barr y Amir Dadush, que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación identificó como parte de la red de sociedades pantalla utilizadas para operaciones dudosas. Es decir, Bullrich le abrió las puertas del Ministerio a un operador con un historial de movidas offshore.
La AGN también pone el foco en la caja negra del Ministerio: el Ente Cooperador ACARA, utilizado como un chanchito discrecional. Entre 2016 y 2019, los fondos de ACARA se incrementaron en un 1378%, y fueron utilizados para pagar tanto a Issatec como para contratar “servicios de consultoría de medios”, sin que exista ninguna justificación de la necesidad de tales contrataciones. La pregunta es cómo esos fondos están siendo usados, hoy.
138% de Sobreprecio
El capítulo de las lanchas patrulleras Shaldag es otra postal del desfalco. Compradas al astillero Israel Shipyards Ltd. por 49 millones de dólares, la AGN concluyó que se pagó un 138% más que el valor de mercado, según un estudio comparativo realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y lo más delirante: la Prefectura Naval nunca accedió a la información técnica completa, por lo que no pudo evaluar la idoneidad ni la conveniencia de la compra.
Cuando la AGN quiso contrastar las explicaciones del Ministerio de Seguridad, Bullrich y su equipo patearon el tema a otros colaboradores, sin dar respuestas concretas. Pero el verdadero espectáculo vino después: Eitamar Barr, con la desfachatez del que sabe que tiene la protección diplomática de Israel, salió a desmentir todo. Aseguró que “no hubo sobreprecios” y que IAI había presentado la oferta más baja, mientras que él, supuestamente, nunca fue investigado. Sin embargo, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia en 2022, y aunque Barr asegura que nunca fue citado, su firma sigue apareciendo en contratos auditados por la AGN como beneficiaria de pagos irregulares.
Mientras tanto, el Estado argentino todavía le debe a IAI e Issatec casi el 30% del contrato firmado bajo la gestión de Macri, lo que equivale a millones de dólares en deuda por un equipamiento obsoleto y fuera de servicio.
La trama Bullrich-Barr es la versión criolla del clásico esquema de compras de emergencia utilizadas como pantalla para la corrupción, con la bandera del “combate al crimen” como coartada. Mientras tanto, Milei sigue bendiciendo a su ministra de la represión, pero el peso de los negocios turbios la acecha. Bullrich, Fohrigh, Netanhyahu, y vamos que el genocidio justifica todo.
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