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Travestismo mediático y la nueva cruzada reaccionaria

Viviana Canosa no denunció: acusó. En televisión abierta, y sin prueba alguna, sugirió que dos figuras muy conocidas y queridas por el público —Lizy Tagliani y Costa— estarían involucradas en redes de trata y abuso sexual infantil. Lo hizo con tono de certeza moral y pánico ético, como si se tratara de verdades reveladas. El escándalo, desde luego, fue instantáneo. Pero la lógica de esa acusación no es nueva. De hecho, es muy vieja. En momentos de crisis, ciertos cuerpos disidentes —trans, maricas, migrantes— vuelven a encarnar la figura del enemigo interno. Esta vez, travestido de “monstruo sexual”.

En tiempos de fascismo sexual, no se persigue al delito sino al cuerpo que no se deja gobernar. El problema no es la prueba, es el deseo que no pide disculpas.

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Mientras tanto, el presidente Javier Milei dice en Davos que la izquierda defiende la pedofilia. Su estrategia es clara: ligar derechos humanos, feminismo, diversidad sexual y política progresista con la corrupción moral. Es el mismo argumento con el que Putin persigue a la comunidad LGBT, solo que pronunciado con acento libertario. En ese marco, Canosa funciona como parte de un dispositivo más amplio: no se trata de proteger a los niños, sino de disciplinar los cuerpos y deseos que incomodan al nuevo orden moral-mercantil.

El mecanismo es tan conocido como eficaz: se moviliza un pánico moral que opera como distracción política y a la vez como depuración simbólica. No importa si hay pruebas; importa que haya un cuerpo queer en el lugar equivocado. Y ese cuerpo —travesti, popular, sin padrinos— se vuelve chivo expiatorio. Lo central no es el delito, sino el cuerpo que se puede criminalizar.

Genealogía de una sospecha

La figura del desviado sexual —ya sea homosexual, invertido, onanista o degenerado— no nació con los medios de comunicación ni con la paranoia contemporánea. Su genealogía se remonta al siglo XIX europeo, cuando Francia y Alemania se convirtieron en los laboratorios jurídicos y médicos de la sexualidad moderna. En textos como el Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing o los informes de Tardieu sobre delitos sexuales, lo que se construye no es solo una taxonomía del deseo, sino una forma de intervención estatal sobre cuerpos que ya no pueden ser simplemente castigados: deben ser clasificados, corregidos, documentados.

La familia cisheterosexual sigue siendo el salvoconducto para no ser cancelade. A Flor de la V no se la toca. A Lizy y Costa, sí. La diferencia es la respetabilidad.

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Ese saber médico-jurídico se encarna en instituciones (cárceles, hospicios, hospitales) y en formas discursivas quenno describen sino que prescriben la conducta. El sujeto se transforma en un problema a administrarö es mas, debe aprender a controlarse, regularse, a responder al llamado del Estado liberal con eficiencia, autocuidado y responsabilidad. Lo que no entra en ese régimen —el exceso, el deseo no reproductivo, lo queer— se vuelve sospechoso. Y, ademas, se necesitan contraejemplos a crucificar. Se vino la Inquisicion y tiene Mata Haris muy hijas de puta como Canosa que se hacía la anti-Milei y ahora juega en el bando de Trump, Milei y Putin.

La sospecha se hereda. El juicio moral recae en quienes encarnan una sexualidad que no puede ser absorbida por las estructuras del afecto normativo: ni madres, ni esposas, ni discretos consumidores. El odio a la diferencia se disfraza de protección a la infancia. La criminalización opera como pedagogía colectiva: “esto es lo que pasa si no sabés comportarte”.

Las buenas y las malas

La promesa de estabilidad es una trampa. No es inclusión: es domesticación.

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En este escenario resulta evidente que no todos los cuerpos trans reciben el mismo trato. Flor de la V, también mujer trans y figura mediática, no fue blanco de los ataques de Canosa. ¿Por qué? Porque ha construido —o ha debido construir— una identidad pública que se presenta como asimilable: madre de familia, esposa, cristiana. Su disidencia se vuelve tolerable en tanto no interrumpe el orden de género ni amenaza la fantasía de estabilidad afectiva y moral. Su figura no desafía la gobernanza: la reconcilia con su versión inclusiva.

El odio al sexo es el odio a lo que no puede ser gestionado. El placer no regulado es el enemigo del poder.

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Muchas veces las promesas de felicidad —el amor romántico, la familia, la estabilidad— se convierten en formas de trampa afectiva. Nos apegamos a ideales que nos dañan, pero que siguen funcionando como criterio de legitimación social. Flor es protegida porque cumple con ese contrato: la diferencia no molesta si se vuelve decente.

El contraste con Lizy o Costa es brutal. Ambas figuras encarnan un tipo de exceso festivo, marica, popular, que nunca termina de encajar. No son peligrosas, pero tampoco “aptas para todo público”. Se las puede invitar a un show, pero no a la mesa de Mirtha Legrand. Tenemos eso en común. Y eso las vuelve vulnerables: están expuestas porque su diferencia no ha sido domesticada. Igual que la mía.

Gobernar el deseo

Las sociedades contemporáneas —aparentemente liberadas y permisivas— siguen construyendo al sexo como amenaza. No es el deseo lo que se persigue, sino lo que escapa al relato productivo del deseo. El sexo queer, no reproductivo, sin moral, sin futuro garantizado, es intolerable. Y esa intolerancia se expresa en linchamientos mediáticos, en causas judiciales, en silenciamientos institucionales. El odio al sexo es, en última instancia, odio a lo que no puede ser gestionado.

El show del señalamiento queer ya lo vimos: Milei en Davos, Canosa en la tele. No importa la infancia: importa la obediencia.

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Por eso no se persigue a quienes cometen delitos, sino a quienes desbordan el molde. La estructura judicial, mediática y policial actúa más como sistema de contención moral que como búsqueda de justicia. Y en ese marco, la figura del monstruo sexual es funcional: permite sostener un relato de amenaza permanente que justifica la intervención punitiva sobre cuerpos disidentes.

No es casual que los pedidos de pruebas, las exigencias de garantías procesales o incluso los derechos más elementales se suspendan cuando se trata de acusados queer. El terror sexual se impone como excepción ética: no se busca justicia, se busca ejemplaridad.

Qué cuerpos importan

Jasbir Puar, en Terrorist Assemblages, propone el concepto de homonacionalismo para pensar cómo ciertas identidades disidentes son cooptadas por el Estado para mostrar tolerancia, mientras otras son dejadas caer, perseguidas o incluso eliminadas. Las primeras se convierten en embajadores de una inclusión vigilada; las segundas, en carne sacrificable.

Cuando Viviana Canosa acusa a Lizy y a Costa sin pruebas, no está buscando justicia. Está reactivando una vieja figura: la del monstruo sexual. El travesti vuelve a ser el enemigo interno.

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El sujeto queer admisible es aquel que reproduce valores nacionales, que defiende el capitalismo, que adopta niños, que no protesta demasiado. Quien no entra en ese molde —como muchas travestis, maricas, migrantes o pobres— sigue siendo visto como un riesgo. Lo queer domesticado es aplaudido. Lo queer radical, incómodo, deseante, es castigado.

En este marco, la cancelación de figuras queer, la tolerancia selectiva de otras, y la espectacularización del “monstruo sexual” forman parte de un mismo dispositivo de gobernanza. No se persigue a quienes cometen abusos, sino a quienes no se dejan gobernar por el lenguaje de la decencia. Por eso, más que defendernos desde el lugar del “buen gay” o la “trans respetable”, la respuesta tiene que ser otra: defender el derecho a desear sin pedir disculpas, y a existir sin tener que justificarse.

No se trata de defender la inocencia de los acusados, sino de denunciar la lógica que solo sospecha de ciertos cuerpos. La justicia no puede ser selectiva ni espectáculo.

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