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LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE PUEDE SER LEÍDA AQUÍ

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LEGAL DISCLAIMER

Los textos que siguen constituyen una reconstrucción personal de experiencias vividas por el autor, redactadas en primera persona y desde un enfoque reflexivo, literario y subjetivo. Se emplean recursos estilísticos y conceptuales que no deben interpretarse como afirmaciones categóricas de hechos jurídicamente comprobados. En cumplimiento con asesoramiento legal recibido, se han omitido o reemplazado nombres de personas e instituciones, y se han introducido precauciones terminológicas (como allegedly, to the best of my knowledge, I believe, etc.). La intención no es difamar ni interferir en procedimientos judiciales en curso, sino ejercer el derecho a narrar experiencias desde una posición clínica y socialmente vulnerable. Cualquier error o inexactitud debe atribuirse al estado psicológico descripto en los textos y no a intención maliciosa alguna.

Un testimonio sobre violencia institucional, mala praxis hospitalaria y el colapso del Estado de derecho

Fue una trompada. No una metáfora. Un golpe seco, sin anuncio. A partir de ahí, el tiempo se fragmentó. Lo que vino después —el hospital, la detención, el encierro, la firma— ya no ocurrió en una secuencia, sino como una superposición de escenas donde el cuerpo dejó de ser cuerpo y pasó a ser evidencia, obstáculo, amenaza. Lo que cuento a continuación no es una crónica de una detención cualquiera. Es el retrato de cómo, en uno de los países que se proclama garante histórico de los derechos humanos, una persona en crisis psiquiátrica puede convertirse en el blanco de un proceso de criminalización institucional sistemática.

Fue una trompada. No una metáfora. Un golpe seco, sin anuncio. A partir de ahí, el tiempo se fragmentó. Lo que vino después —el hospital, la detención, el encierro, la firma— ya no ocurrió en una secuencia, sino como una superposición de escenas donde el cuerpo dejó de ser cuerpo.

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Después de esa primera agresión, llegué al hospital con signos visibles de alteración. Estaba medicado, vulnerable, y pedía ayuda. Pero no me trataron como paciente, sino como elemento disruptivo. Se activó un protocolo de seguridad, se omitió evaluar clínicamente mi estado cuando era eso lo que yo había venido pidiendo desde hacía un par de días y se priorizó una respuesta coercitiva. Poco después, dos policías intervinieron. Fui reducido en la vía pública en medio de la nada, esposado bajo la lluvia torrencial gélida, con el rostro contra el asfalto y las manos en la espalda. El dolor en mis muñecas fue tan extremo que hasta el día de hoy uno de mis hombros sigue más bajo que el otro. La fuerza aplicada era innecesaria. No estaba armado, ni representaba una amenaza concreta. Esa escena ya configura una posible violación al Código de Conducta para Funcionarios Policiales de la ONU, que establece que el uso de la fuerza debe ser proporcional, estrictamente necesario y respetuoso de la dignidad humana.

Poco después, dos policías intervinieron. Fui reducido en la vía pública en medio de la nada, esposado bajo la lluvia torrencial gélida, con el rostro contra el asfalto y las manos en la espalda. El dolor en mis muñecas fue tan extremo que hasta el día de hoy uno de mis hombros sigue más bajo que el otro.

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Uno de los agentes, en una actuación absurda y sin base, simuló que yo había intentado morderle la mano, mostrando su palma sin marcas. Era físicamente imposible: yo estaba arrodillado, inmovilizado, sin capacidad de movimiento. Esa acusación infundada, presentada como justificación para el uso desmedido de la fuerza, representa una forma de encubrimiento institucional y una práctica deliberada de fabricación de evidencia. En términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), esto podría encuadrarse como detención arbitraria, prohibida por el artículo 9.1. El objetivo de la acusación era la de transformarme en una agresor de transmisión de HIV. Sabían mi historia clínica, posiblemente aunque después en los documentos de mi estadía en el centro de detención omitieron los detalles de mi salud mental. Es mas, inventaron que tenía Hepatitis C.

El objetivo de la acusación era la de transformarme en una agresor de transmisión de HIV. Sabían mi historia clínica, posiblemente aunque después en los documentos de mi estadía en el centro de detención omitieron los detalles de mi salud mental

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Tras el intento de acusación de mordida y digo intento porque se retiro la acusación, o mejor dicho, después del intento de episodio y con las esposas intolerablemente apretadas vino la van. No un patrullero: una furgoneta sin ventanas, sin calefacción, sin espacio humano. Me arrojaron dentro como si fuera un bulto boca abajo. Las esposas seguían puestas. El suelo estaba sucio, frío, y tenía olor a orina. Yo pensé que me llevaban para cagarme a palos propiamente. Allí, en la van, permanecí tirado, desorientado, empapado en temperaturas bajo cero. En ese trayecto, uno de los agentes orinó sobre mi cuerpo. Ese acto —por sí solo— constituye un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido de manera absoluta por la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. La humillación fue deliberada. No fue un exceso individual: fue parte de una práctica de deshumanización institucional. El mensaje era claro: no sos un paciente, ni un ciudadano, ni siquiera un acusado. Sos un desecho.

Allí, en la van policial, permanecí tirado, desorientado, empapado en temperaturas bajo cero. En ese trayecto, uno de los agentes orinó sobre mi cuerpo. Ese acto —por sí solo— constituye un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido de manera absoluta por la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

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Llegamos al centro de detención de Hastings. Me metieron en una celda de aislamiento: luz fluorescente constante, un colchón de goma sobre el cemento, un inodoro metálico sin tapa y aire acondicionado que tiraba frío. En invierno. Pasé más de 30 horas sin agua ni comida. No había mantas. No podia caminar de las heridas y el golpe en la pantorrilla. No había reloj. Nadie me ofreció asistencia médica, a pesar de mis pedidos, mis visibles signos de deshidratación y alteración mental y el peligro de infección de las heridas profundas. En ese estado, pedí que contactaran al consulado argentino, como garantiza la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Nunca lo hicieron. Mi derecho a asistencia consular fue directamente vulnerado. Nadie apareció.

En ese estado, pedí que contactaran al consulado argentino, como garantiza la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Nunca lo hicieron. Mi derecho a asistencia consular fue directamente vulnerado. Nadie apareció.

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También pedí un abogado. Tardaron en asignarme uno. En el Reino Unido, la ley (PACE 1984) establece que toda persona detenida tiene derecho a asesoramiento legal inmediato. En mi caso, ese derecho fue dilatado e instrumentalizado. Me asignaron un solicitor, pero no para protegerme: fue él quien me convenció de firmar una declaración en pleno estado de disociación, diciéndome que, si no hablaba, me acusarían formalmente llevando directamente al equivalente de Comodoro PY que es a donde estoy yendo. Yo no entendía dónde estaba. Estaba hablando con el inodoro minutos antes y ni se lo que dije. Lo que recuerdo es que en mi delirio, agravado por la deshidratación, cerré un acuerdo con el inodoro por el que debía incriminarme. De lo que participé —una declaración institucional redactada por otros— sería luego utilizada como prueba central en mi contra.

En estado disociativo me hicieron declarar. Pedí un abogado. Ese derecho fue dilatado e instrumentalizado: fue él quien me convenció de firmar una declaración en pleno estado de disociación, diciéndome que, si no hablaba, me acusarían formalmente, lo que hicieron usando mi declaración contra mí.

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Aún más alarmante: ese mismo abogado fue incluido como testigo de la acusación violando la confidencialidad entre abogado y cliente. Vaya a saber si era abogado. El sistema giraba sobre sí mismo. El testigo era el supuesto abogado. El procedimiento validaba su propia ficción. Y yo —sedado, deshidratado, disociado— era la figura que encajaba: el extranjero, el queer, el clínicamente inestable. Un cuerpo ideal para montar una narrativa.

Aún más alarmante: ese mismo abogado fue incluido como testigo de la acusación violando la confidencialidad entre abogado y cliente. Vaya a saber si era abogado. El sistema giraba sobre sí mismo.

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Mientras yo estaba encerrado, comenzaron a circular imágenes recortadas, sacadas de contexto y presentadas con una clara intención de sexualizar mi figura. El material audiovisual fue manipulado. Ningún tribunal revisó esa edición. Nadie me permitió acceder a las grabaciones completas. La narrativa ya estaba escrita. Otras imágenes fueron borradas a pesar de mis pedidos formales vulnerando mi derecho al Habeas Data.

El material audiovisual fue manipulado. Ningún tribunal revisó esa edición. Nadie me permitió acceder a las grabaciones completas. La narrativa ya estaba escrita.

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Todo lo que acabo de describir vulnera múltiples tratados internacionales que el Reino Unido está obligado a cumplir: la Convención contra la Tortura, el PIDCP, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la Convención de Viena. Pero más allá de las convenciones, lo que aquí se violó fue el principio más básico del derecho: la presunción de inocencia. El Estado no me trató como alguien a quien proteger, ni como alguien que merecía cuidados. Me trató como un cuerpo a disciplinar. Como un problema a encerrar. Como un caso que convenía cerrar rápido, aun a costa de la verdad.

Pero más allá de las convenciones, lo que aquí se violó la presunción de inocencia. El Estado no me trató como alguien a quien proteger, ni como alguien que merecía cuidados. Me trató como un problema a encerrar. No me dejé.

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La asistencia consular, negada. La defensa legal, invertida. Y la salud mental —el motivo por el cual yo pedí ayuda— fue usada en mi contra como indicio de culpa, sin, aparentemente, como se verá después, pruebas científicas. Este relato no es excepcional. Es la consecuencia de un sistema donde la extranjería, la disidencia y la vulnerabilidad se castigan, no se atienden. Un sistema que te encierra primero y te pregunta después. Un sistema que, como todo aparato colonial, necesita cuerpos sacrificables para sostener su ficción de orden.

Este relato no es excepcional. Es la consecuencia de un sistema donde la extranjería, la disidencia y la vulnerabilidad se castigan, no se atienden.

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Hoy puedo contarlo. Pero todavía no pasó la pesadilla. Casi dos años, después. Continuará.

From the Pavement to the Police Cell: How a “Suspect” Is metamorphosed from patient that was a victim of mala praxis to criminal in Today’s United Kingdom/ second part

You Can Read the First Part by Clicking Here

Legal Disclaimer

The following texts constitute a personal reconstruction of experiences lived by the author, written in the first person and from a reflective, literary, and subjective perspective. Stylistic and conceptual devices are used that should not be interpreted as categorical statements of legally proven facts. In compliance with legal advice received, the names of individuals and institutions have been omitted or replaced, and terminological safeguards have been introduced (such as “allegedly,” “to the best of my knowledge,” “I believe,” etc.). The intention is not to defame or interfere with ongoing legal proceedings, but to exercise the right to narrate experiences from a clinically and socially vulnerable position. Any errors or inaccuracies should be attributed to the psychological state described in the texts, and not to any malicious intent.

A testimony on institutional violence, mental health, and the collapse of the rule of law

It was a punch. Not a metaphor. A single, sudden blow. From that moment, time fractured. What came next —the hospital, the arrest, the isolation, the signature— no longer followed any linear order. It became a superimposition of scenes in which my body ceased to be a body and became evidence. A threat. An object to manage. What I’m about to recount is not simply a story of unlawful arrest. It is a portrait of how, in one of the world’s self-proclaimed guardians of human rights, a person in psychiatric crisis can be transformed into the perfect target for institutional criminalisation.

After that first assault, I arrived at the hospital visibly injured and in clear psychological distress. I was medicated, vulnerable, and asking for help. But I wasn’t treated as a patient —I was treated as a problem. A security protocol was activated, my mental state was ignored, and force was prioritised over care. Shortly after, two police officers arrived. I was restrained in public, handcuffed in the pouring rain, my face pressed to the pavement, my hands behind my back. The pain in my wrists was so intense that to this day, one of my shoulders remains lower than the other. The level of force was excessive. I was unarmed. I posed no danger. That scene alone may already constitute a violation of the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, which requires the use of force to be strictly necessary, proportionate, and respectful of human dignity.

One of the officers falsely claimed that I had attempted to bite his hand —a physical impossibility, given that I was kneeling, immobilised, and unable to lift my head. This fabricated accusation was seemingly used to retroactively justify the use of excessive force. According to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), this could amount to arbitrary arrest, prohibited under Article 9.1.

Urinated

Then came the van. Not a patrol car: a sealed, windowless transport vehicle with no heating, no airflow, and no space to sit upright. I was thrown into it like cargo. Still handcuffed, I lay face-down on a metal floor reeking of bleach, urine, and rubber. I couldn’t move. I was soaked, confused. At one point, I felt warm fluid spreading down my back. I believe one of the officers urinated on me. That act —in and of itself— constitutes cruel, inhuman, and degrading treatment, which is absolutely prohibited under the United Nations Convention Against Torture. The humiliation was deliberate. Not the excess of a single officer, but a symbolic exercise of power. I was no longer a patient, nor even a citizen. I was being reduced to waste.

Dehydrated in State of Dissociation

At Hastings Police Station, I was placed in a solitary cell: fluorescent light around the clock, a plastic mattress on concrete, a stainless steel toilet with no seat. I spent more than 30 hours without food or water. There were no blankets. No clock. No sense of time. Despite clear signs of physical and psychological distress, I received no medical assistance.

I repeatedly asked to contact the Argentine consulate —as guaranteed under the Vienna Convention on Consular Relations. My request was ignored. I never saw a consular officer. That denial is a direct violation of international law. My right to consular protection was erased.

I also asked for a lawyer. It took hours before one was assigned. Under UK law (PACE 1984), every person under arrest is entitled to immediate legal counsel. In my case, that right was delayed and then weaponised. I was assigned a solicitor —not to protect me, but to extract a statement. He was the one who pressured me to sign, saying that if I didn’t, I’d face more serious charges. At the time, I was speaking to the toilet. I didn’t understand what was happening. I didn’t know where I was. But I signed. That document —drafted by others— would later become central evidence against me.

Even more concerning: that same solicitor was later listed as a witness for the prosecution. The system was now self-sufficient. It created, verified, and endorsed its own story. Meanwhile, I —sedated, dehydrated, dissociated— was the ideal character: foreign, queer, clinically ambiguous. A perfect body to carry the projection.

Manipulation of Footage and No Rights to Habeas Data

While I was still detained, edited and decontextualised footage began circulating. It was framed to sexualise and criminalise me. I was denied access to the full footage. Habeas Data non available for someone like me. A sub/citizen. The narrative was already in motion. Every part of what I’ve described violates international legal instruments the UK is bound to uphold: the Convention Against Torture, the ICCPR, the European Convention on Human Rights, and the Vienna Convention. But beyond those treaties, what was truly violated here was the most basic principle of justice: the presumption of innocence. The State never treated me as someone to be protected, or even heard. I was treated as someone to be punished, contained, managed —before I even understood what I was being accused of.

Consular assistance was denied. Legal defence was inverted. And my psychiatric condition —the reason I sought help in the first place— was weaponised against me. This isn’t an exceptional case. It’s the product of a system where foreignness, queerness, and psychological vulnerability are treated as threats, not as conditions requiring care. A system that locks you up first and asks questions later. A system that, like all colonial machines, needs disposable bodies to maintain the illusion of order.

I can tell this story now. But the nightmare is not over yet,