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El Pitufo

Cuando se corre el telón ornamental del “patrimonio” y se deja de mirar la foto con placa de bronce para seguir los papeles, aparece una red nítida. El hilo conductor es Facundo De Almeida: secretario privado de Teresa Anchorena durante la gestión de De la Rúa (como Subsecretaria y Secretaria de Cultura), de Rubén Stella (conmigo como jefe directo) y luego con Macri (como Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos); más tarde, funcionario clave del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires —la autoridad de aplicación de la Ley de Mecenazgo— y, al mismo tiempo, gestor/directivo del Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo (MAPI), una institución cuyo núcleo inicial se armó en torno a una cesión de piezas del coleccionista Matteo Goretti. 

Facundo de Almeida, secretario privado de Anchorena está exiliado, a cargo de la colección de Mateo Goretti, investigado en Argentina por robo de bienes culturales del Museo Ambato y vinculado al esquema de ingeniería financiera entorno del mecenazgo de CABA Pro.

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Ese mismo Goretti fue luego investigado en Argentina por robo de bienes culturales y encubrimiento vinculados a objetos del Museo Ambato, mientras que, en paralelo, la Procelac impulsó en 2015 la imputación del ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi por un presunto esquema de ingeniería financiera que habría reconducido donaciones privadas, entre ellas de empresas de Techint y Ledesma, hacia finalidades extra culturales por vía de fundaciones como CEPPA y Pensar. No hace falta forzar los hechos para ver el puente: Anchorena forma a De Almeida, De Almeida articula mecenazgo y MAPI, el MAPI se apoya en la colección de Goretti, Goretti preside CEPPA, y el universo de mecenazgo donde operan Lombardi y la Procelac pone bajo sospecha la modalidad con la que circuló el dinero que sostenía la escena cultural. La pregunta no es si Anchorena “robó un museo” —afirmación que no sostengo—, sino cómo su proyecto patrimonial y su red de confianza habilitaron, protegieron o naturalizaron una forma de gestión donde patrimonio, mecenazgo, coleccionismo y política se convirtieron en vasos comunicantes.

Anchorena forma a De Almeida, este gestiona mecenazgo en CABA y el MAPI que se apoya en la colección de Goretti, presidente de CEPPA. El universo de mecenazgo donde operan Lombardi y la Procelac pone bajo sospecha el uso de cultura para lavar y evadir.

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ANCHORENA, SU SECRETARIO PRIVADO Y EL CUESTIONADO MATEO GORETTI

El MAPI es un laboratorio de esas ambigüedades. Se fundó en 2004 bajo la órbita cultural de la Intendencia de Montevideo, ocupando el Edificio Reus, hoy Monumento Histórico Nacional uruguayo. Anchorena estuvo involucrada directamente y sus trámites venían de su rol como Directora Nacional de Cooperación Internacional de Ruben Stella que me alarmó a tal punto que termine yendo a ver al Ministró de Justicia quien, sintomáticamente, no me recibió. Era Jorge Vanossi: amigo De la Ruista de Anchorena. Ella le pidió, como favor, que no me atienda. 

El MAPI es un escándalo. Se fundó en 2004 bajo la órbita cultural de la Intendencia de Montevideo, ocupando el Edificio Reus, hoy Monumento Histórico Nacional. Anchorena lo facilitó. Me alarmó a tal punto que pedi una audiencia con el Ministró de Justicia quien, sintomáticamente, no me recibió. Era amigo de ella.

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Como hacen tantos museos latinoamericanos de antropología y arqueología, armó su acervo con una mezcla de depósitos, comodatos y donaciones provenientes de universidades, bibliotecas, asociaciones de amigos y particulares. El mecanismo en sí mismo no tiene nada de irregular: los comodatos son parte del repertorio curatorial contemporáneo, sobre todo en instituciones cuyo presupuesto público no alcanza para competir en el mercado. El problema aparece cuando el acervo descansa en la colección de un actor investigado por sustracción de piezas de un museo provincial y cuando ese mismo actor preside una fundación que, según expedientes y artículos periodísticos, figura en el radar de la Procelac por triangulaciones de aportes. Allí la obligación deja de ser retórica y se vuelve técnica: la proveniencia debe ser exhaustiva, verificable y pública; la cadena de custodia, reconstruible; y la compatibilidad con la Convención UNESCO 1970, el Código de Ética del ICOM y la Ley 25.743 argentina, demostrable pieza por pieza.

El dilema del MAPI de Uruguay aparece cuando el acervo descansa en la colección de un actor como Goretti, investigado por sustracción de piezas de un museo provincial

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Desde ese prisma, lo que faltó no es la ceremonia sino la disciplina archivística. Un museo puede exhibir objetos precolombinos, pero debe publicar el inventario con metadatos de procedencia, las actas de ingreso, los dictámenes de licitud y, cuando existan alertas de sustracción o exportación ilícita, activar protocolos de repatriación. El MAPI ha producido investigación y programas educativos; sin embargo, cuando el tronco de la colección es el depósito de un coleccionista cuya trayectoria fue objetada, el estándar de transparencia debería subir varios escalones. Transparentar no es un castigo: es el único modo de que el patrimonio deje de ser una palabra talismán y vuelva a ser conocimiento contrastable.

EL TRIÁNGULO DE ALMEIDA-MECENAZGO CABA-MAPI URUGUAY 

El triángulo De Almeida–Mecenazgo CABA–MAPI es decisivo para comprender la circulación de legitimidades entre Buenos Aires y Montevideo. De Almeida salta de la secretaría privada de Anchorena a la vicepresidencia del Consejo de Promoción Cultural porteño, es decir, al órgano que evalúa y aprueba los proyectos que reciben aportes con crédito fiscal, y, en simultáneo, ocupa funciones de conducción en el museo que, a su vez, depende para parte de su sostenimiento de esa cultura de aportes y reconocimientos cruzados. De Almeida no tiene ni formación ni capacidad estratégica para estar en esa posición. De Almeida y su posicionamiento fue un acuerdo entre Goretti y Anchorena o, mejor dicho, entre Lombardi y Anchorena.  Desde una perspectiva de gobernanza, no se trata de asignar culpas penales sino de nombrar un conflicto de intereses de manual: quien evalúa, opina o reglamenta el flujo de fondos no debería ser, al mismo tiempo, director, asesor o beneficiario —directo o indirecto— de organizaciones situadas en el otro extremo de la cañería. Cuando esa incompatibilidad blanda se normaliza, la legalidad formal puede seguir intacta, pero la legitimidad se evapora.

El triángulo De Almeida–Mecenazgo CABA–MAPI es decisivo para comprender la circulación de legitimidades entre Buenos Aires y Montevideo. De Almeida salta de la secretaría privada de Anchorena a la vicepresidencia del Consejo de Promoción Cultural porteño

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En este mapa, el lugar de Anchorena aparece en dos niveles que se superponen. En el plano práctico-político, fue la jefa que apadrinó la carrera burocrática de De Almeida y el nombre propio que blindaba ante terceros la confianza en el dispositivo. En el plano ideológico-retórico, consolidó durante décadas una estética de la conservación entendida como negación del tiempo, una especie de embalsamamiento que convertía cada intervención pública en un rito de consagración. Esa estética produce una consecuencia: pone el aura por encima de la trazabilidad. La guardiana, la foto, el decreto y la placa reemplazan a los inventarios, a las actas de recepción, a los peritajes y a los informes de procedencia. El sistema, así, premia a quien domina la liturgia y castiga a quien pregunta por los papeles. El archivo se vuelve accesorio del epitafio. Y encima aparece gente como Patricia (ver post anterior) que dice ‘admirarme’ pero pide respeto y no se anima a dar la cara. Seres inferiores. Entre íncubos y gusanos.

El sistema, así, premia a quien domina la liturgia y castiga a quien pregunta por los papeles. El archivo se vuelve accesorio del epitafio. Y encima aparece gente como Patricia (ver post anterior) que dice ‘admirarme’ pero pide respeto y no se anima a dar la cara. Seres inferiores. Entre íncubos y gusanos.

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LA PROCELAC Y LA INGENIERÍA DE DONACIONES QUE ERAN EVASIÓN FISCAL

Cuando la Procelac y una fiscal federal describieron en 2015 una ingeniería de donaciones que habría reconducido aportes del régimen de mecenazgo porteño hacia finalidades políticas por vía de fundaciones intermedias, el golpe no fue jurídico solamente; fue conceptual. El mecenazgo es un mecanismo delicado: la sociedad renuncia a una porción de recaudación tributaria a cambio de que privados financien proyectos culturales de interés público. Si el Estado no vigila que esos fondos lleguen donde deben llegar, deja de ser un incentivo cultural para convertirse en un subsidio difuso al prestigio corporativo, y en el peor de los casos, en un canal paralelo de financiamiento partidario. Que en ese mismo expediente asomen nombres de empresas como Techint o Ledesma no debe escandalizar por sí mismo —la filantropía corporativa existe y es legítima—, pero obliga a una rendición más exigente: cuando hay beneficios fiscales, la transparencia deja de ser un gesto amable y pasa a ser un deber. 

El patrimonio arqueológico indígena agrega una capa moral que la retórica de la “posta” patrimonial suele olvidar. Esos objetos nacieron de contextos comunitarios específicos; muchos salieron de la tierra bajo regímenes de expolio.

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El patrimonio arqueológico indígena agrega una capa moral que la retórica de la “posta” patrimonial suele olvidar. Esos objetos nacieron de contextos comunitarios específicos; muchos salieron de la tierra bajo regímenes de expolio; otros viajaron por oscuras rutas comerciales después de dictaduras, represiones y pobrezas. Convertirlos en capital simbólico de élites urbanas sólo es defendible si el recorrido que los llevó a una vitrina pública está documentado y si, cuando aparece evidencia en sentido contrario, la institución activa sin dilaciones la devolución. No hay contradicción entre conservar y restituir: la restitución, cuando corresponde, es una forma mayor de conservación de la memoria.

EL CONGELAMIENTO DEL PATRIMONIO COMO CORTINA DE HUMO PARA LA CORRUPCION 

El MAPI condensa, de manera casi didáctica, el legado doble de Anchorena: de un lado, la prédica conservacionista que detiene el tiempo; del otro, una práctica de gestión que enlaza poder público, fundaciones, coleccionistas y grandes donantes bajo reglas imprecisas de incompatibilidad. El museo funciona como escenario donde ambas dimensiones se abrazan: la mística de lo precolombino pide respeto, pero el respeto empieza por la proveniencia; la sacralidad del bien cultural convoca silencio, pero el silencio es exactamente lo que no puede permitirse cuando hay denuncias de sustracción o tráfico.

Lo que debería haber ocurrido —y aún puede ocurrir— no exige heroísmos ni presupuestos imposibles. Un inventario público ampliado del MAPI, con metadatos de procedencia objeto por objeto; la publicación íntegra de los contratos de comodato y de los dictámenes de licitud asociados a la colección de Goretti y a otras colecciones depositadas; una mesa técnica binacional con la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Cultura uruguayo, el Ministerio de Cultura argentino, la fiscalía catamarqueña, el Museo Ambato e ICOM para revisar los casos bajo alerta y definir rutas de repatriación si corresponde; auditorías externas y periódicas de los proyectos financiados bajo mecenazgo que involucren a CEPPA o a organizaciones vinculadas; y un régimen reforzado de incompatibilidades para funcionarios que evalúen proyectos culturales mientras ocupan, a la vez, posiciones de conducción o asesoría en museos o fundaciones con intereses en ese flujo. Nada de esto persigue a nadie: protege a las instituciones y devuelve el patrimonio al terreno de la comprobación.

La comparación entre archivo y epitafio, que ayer parecía una figura retórica, se vuelve en este caso un protocolo. El archivo es la suma de inventarios, actas, contratos, peritajes, acuerdos de seguro, informes de riesgos y certificados de exportación —cuando los hubiere— disponibles para escrutinio público. El epitafio es el texto emotivo de la inauguración, la foto con tijera y guantes, el discurso de autoridad que, por el solo hecho de pronunciarse, pretende clausurar la discusión. Un museo respetable necesita ambos: la ceremonia y los papeles. Lo inadmisible es que lo segundo quede subsumido en lo primero, y que la falta de archivo se compense con un exceso de epitafio.

SU SECRETARIO PRIVADO EN MECENAZGO DE LA CIUDAD Y ANCHORENA CUIDADO LA COMISIÓN DE MONUMENTOS: TOTO CAPUTO CULTURAL 

Volver a Anchorena permite comprender por qué este tipo de dispositivos perduran. En la cultura pública argentina, las genealogías pesan más que los currículos. Los apellidos se mueven de las comisiones a las asociaciones de amigos, de las fundaciones a los museos, de la función pública a la privada y otra vez a la pública, con una naturalidad que no sería problemática si existieran murallas chinas efectivas. Pero esas murallas casi nunca se levantan; lo que se levanta, en cambio, es una liturgia: guías de monumentos, declaraciones de interés, cenas de gala, velorios con honores. La liturgia fabrica autoridad; la autoridad habilita confianza; la confianza sustituye al control; el control, reemplazado por el afecto, se olvida. El resultado no es una conspiración sino algo más común y resbaladizo: la impunidad blanda de la pertenencia.

No es casual que, al morir Anchorena, el velorio en la Legislatura porteña se haya convertido en un acto de cosplay institucional. Los presentes —funcionarios, periodistas especializados, curadores, coleccionistas, herederos— ejercieron, con gesto enlutado, el rito de la santificación patrimonial. Se habló de resiliencia, de amor a la ciudad, de valentía y de servicio. Se dijo que no le temía a la muerte. Nadie puso sobre la mesa lo que en una democracia madura debiera ser natural: un balance de gestión con números, procedimientos y responsabilidades. No se trata de profanar el dolor ni de discutir frente a los deudos; se trata de crear ámbitos donde la evaluación técnica no dependa de la muerte de nadie ni se subordine a ella.

Si el objeto de esta reflexión es el vínculo entre Anchorena y el MAPI, conviene terminar recordando que el asunto no empezó ni terminó con un expediente judicial. El asunto es de diseño institucional: un ecosistema de cultura que confunde conservación con intocabilidad, que desplaza el archivo con epitafios, que premia la liturgia por sobre la trazabilidad, que tolera conflictos de interés en nombre de la eficacia y que se abraza a la filantropía corporativa sin exigir el estándar de transparencia que corresponde cuando hay beneficios fiscales. El MAPI puede salir fortalecido de este examen si decide publicar su documentación, revisar su proveniencia y, si cabe, restituir. Montevideo y Buenos Aires pueden volver a hablar en serio sobre mecenazgo si separan, de una vez, la promoción cultural del financiamiento político. Y el campo patrimonial argentino puede honrar por fin aquello que dice custodiar si sustituye la estética del embalsamamiento por una política de la memoria con verdad.

TERESA ANCHORENA: GUARDIANA DE QUÉ? 

No juzgo la vida privada de nadie, ni el dolor de sus enfermedades, ni la sinceridad de sus afectos. Señalo, más modestamente, que la cultura pública se destruye cuando se la confunde con un club, y que el patrimonio se degrada cuando se lo usa como pantalla de legitimidad para operaciones que no toleran la luz. Si Anchorena fue la “guardiana”, corresponde preguntar de qué guardaba y a quiénes. Si su legado es una momia, que sea por precisión conceptual: una momia es un cuerpo sin tiempo; la conservación que necesitamos no paraliza, contextualiza. Y si el velorio fue la culminación de una época, que la próxima sea menos de epitafios y más de archivos abiertos. Sólo así, del otro lado del duelo, el MAPI dejará de ser la escena de una ambigüedad y podrá convertirse en lo que siempre dijo ser: un museo que conserva para conocer, y que conoce para restituir.