Progresismo Golpista?
Hace dos días escribí que el discurso de algunos periodistas cercanos al progresismo argentino, al estilo de Ari Lijalad, Rosemblat o Roberto Navarro, había derivado en un gesto antidemocrático y lo que lo hacia peor es que, sintomáticamente, esto era “en nombre del amor”. La reacción no tardó en llegar: me acusaron de exagerar, de malinterpretar, de “frutear”. Sin embargo, el intercambio que mantuve en X con varias voces me confirma que el problema no es semántico: es político. La lógica es siempre la misma. Ante un presidente elegido por el voto popular —en este caso Javier Milei— se naturaliza la idea de que el mandato puede y debe ser interrumpido, no ya por un juicio político en condiciones excepcionales, sino por el deseo de sectores que se creen autorizados a leer la Constitución como una herramienta a mano para cualquier disconformidad coyuntural. Se estetiza la política como si fuera un folletín moral: “si el presidente no garantiza derechos básicos, hay que removerlo”. Vean este intercambio que tomo como paradigmático por lo que moralista y autoritario:
Algunos periodistas cercanos al progresismo argentino han derivado en un gesto antidemocrático y lo que hace todo esto peor es que, sintomáticamente, esto es “en nombre del amor”. La reacción no tardó en llegar.
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Narcisismo Irresuelto?
Desde un punto de vista psicoanalítico, la volatilidad decisional puede leerse como efecto de defensas narcisistas frente a la angustia de responsabilidad: ante la amenaza de “castración” (reconocer límites, errores, pérdida de omnipotencia), el yo apela al clivaje (sostener posiciones incompatibles sin articularlas), a la proyección (atribuir al adversario lo que no se quiere admitir en uno) y a la desmentida (saber y no querer saber a la vez). En clave lacaniana, la exigencia moral de “cambiar de opinión sin culpa” se sostiene en el fantasma de un Gran Otro que siempre “manda”—medios, redes, encuestas—y ante el cual el sujeto se presenta como mero ejecutor: “no decidí, me decidieron”. Así se produce un deslizamiento ético: el superyo contemporáneo ordena simultáneamente “sé coherente” y “sé oportunista”, y premia el giro rápido si es performado como pureza (“corregí porque soy moralmente superior”) mientras castiga la asunción de culpa (“me equivoqué”) por vivirse como pérdida narcisista. Resultado: una economía psíquica de inocencia perpetua, donde la mutación táctica se legitima como sensibilidad ética y la responsabilidad se externaliza como “exigencia del contexto”, manteniendo intacta la auto imagen y evitando el trabajo de elaboración del error.
La lógica es siempre la misma. Ante un Presidente elegido por el voto popular —en este caso Javier Milei— se naturaliza la idea de que el mandato puede y debe ser interrumpido por el deseo de sectores que se creen autorizados a leer la Constitución como una herramienta para cualquier disconformidad coyuntural.
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Pero en un sistema presidencialista como el argentino (más parecido al americano que al francés), la regla es clara: el presidente se remueve solo mediante juicio político excepcional, con causales probadas, y siempre con las garantías institucionales extremas que la Constitución prevé. Usar ese recurso como “atajo” es otra cosa: es golpismo encubierto. Lo más inquietante es que este golpismo ya no viene de los cuarteles, sino del periodismo progresista que, indignado, cree estar ejerciendo una crítica legítima. En realidad, está alimentando a la bestia: a la derecha que capitaliza la victimización, que transforma cada ataque en un argumento de refuerzo, que se fortalece en la narrativa del complot.
En clave lacaniana, la exigencia moral de “cambiar de opinión sin culpa” se sostiene en el fantasma de un Gran Otro que siempre “manda”—medios, redes, encuestas—y ante el cual el sujeto se presenta como mero ejecutor: “no decidí, me decidieron”.
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De La Rúa fue electo y cayó. Lo recordaron en la discusión. Pero la Argentina de 2001 era otra: sin reservas, sin moneda, sin legitimidad. Aun así, ¿es ese el modelo de resolución que queremos repetir? ¿Un país que solo sabe deshacerse de gobiernos a mitad de camino? La paradoja es brutal: en nombre de la democracia, se normaliza su suspensión. En nombre de los derechos, se habilita el atajo autoritario. El progresismo cree estar marcando límites éticos, pero en realidad está naturalizando el golpismo blando. Y así, paso a paso, legitima aquello que dice combatir. Porque cada vez que se relativiza el mandato democrático, se fortalece la narrativa de Milei. Cada vez que se juega con la idea de remover a un presidente electo sin cumplir el proceso constitucional extraordinario, se alimenta a la bestia.
El progresismo cree estar marcando límites éticos, pero en realidad está naturalizando el golpismo blando. Y así, paso a paso, legitima aquello que dice combatir. Porque cada vez que se relativiza el mandato democrático, se fortalece la narrativa de Milei.
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La Constitución y la Infantilización de la Democracia
El juicio político en la Argentina está previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. Allí se establece que la Cámara de Diputados puede acusar al presidente, al vicepresidente, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema por mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes, y que corresponde al Senado juzgar públicamente estas acusaciones bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema. La sentencia no puede exceder la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, dejando abierta la posibilidad de procesos penales ordinarios. En teoría, se trata de un mecanismo excepcional, que requiere mayorías agravadas y que busca asegurar que sólo en situaciones extremas se interrumpa un mandato conferido por el voto popular.
En la práctica, sin embargo, el antecedente más recordado, el de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, muestra otra cosa. La salida del presidente no fue el resultado de un juicio político completo ni de un proceso constitucional ordenado, sino de su renuncia forzada por la combinación de estallido social, aislamiento político y presión de factores de poder. En la memoria colectiva suele confundirse su caída con la herramienta del juicio político, como si hubiera sido un desenlace institucional, pero en realidad lo que ocurrió fue un vacío de poder precipitado por la incapacidad de articular una salida parlamentaria. De la Rúa se fue sin ser destituido, y esa confusión abrió la puerta a una naturalización peligrosa: la idea de que los presidentes en la Argentina son descartables cuando pierden respaldo, aunque la Constitución no habilite una destitución tan amplia ni tan discrecional.
El problema es que, aunque la Constitución marca el marco general, la Argentina carece de una ley orgánica exhaustiva que regule con detalle el procedimiento. Existen reglamentos internos de las Cámaras, prácticas parlamentarias y proyectos de codificación que nunca prosperaron, pero nada que establezca con claridad qué significa “mal desempeño”, qué estándares de prueba se requieren o en qué plazos deben sustanciarse los procesos. Ese vacío deja espacio a la discrecionalidad política y, lo que es más grave, a la intromisión de actores no institucionales. Los servicios de inteligencia, que operan filtrando información o fabricando causas; los medios de comunicación, que convierten la idea de juicio político en un espectáculo permanente de “remoción anticipada”; y los poderes corporativos, que presionan desde afuera para precipitar la caída de un gobierno. En 2001 esa conjunción fue determinante en el desenlace del gobierno de la Alianza. Hoy reaparece, con otros nombres y estrategias, pero con la misma lógica: aprovechar las zonas grises del mecanismo constitucional para legitimar, bajo apariencia institucional, lo que en la práctica es una forma de golpismo blando.
El problema es que la remoción del Presidente, aunque la Constitución marque el marco general, carece en la Argentina de una ley orgánica exhaustiva que regule con detalle el procedimiento. El Pacto de Olivos dejó abierto el camino para la continuidad dictatorial.
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Navarro y la Naturalización de que el Progresismo Responde a los Grupos Económicos
En su programa, Roberto Navarro no se limitó a criticar al gobierno: según sus propias palabras, “los grupos empresarios ya le bajaron el pulgar [al Presidente]” y “en el Congreso ya hay reuniones para reemplazarlo”. La figura que sobrevuela ese discurso es la Asamblea Legislativa como atajo destituyente, como si el Parlamento pudiera —por voluntad política o presión corporativa— relevar a un presidente en ejercicio sin que medie renuncia, incapacidad sobreviniente validada conforme a derecho, acefalía real ni juicio político. Ese desliz normativo es grave. La Asamblea Legislativa —reunión conjunta de ambas Cámaras— no es un órgano de remoción; interviene para tomar juramento, aceptar renuncias y aplicar la ley de acefalía cuando la vacante ya existe (renuncia, muerte, destitución previa o ausencia permanente), no para fabricarla por “acuerdo” entre actores de poder. Convertirla en dispositivo de recambio express es banalizar la Constitución: el único mecanismo de responsabilidad política del Presidente en funciones es el juicio político (acusación en Diputados, juzgamiento en el Senado, mayorías agravadas y causales taxativas). Todo lo demás —“los empresarios ya lo bajaron”, “en el Congreso ya se están reuniendo para reemplazarlo”— describe mecanismos para-institucionales que, presentados como “defensa de derechos”, terminan normalizando el golpismo blando. La paradoja es evidente: se invoca la legalidad para erosionarla, se habla de instituciones mientras se las suplanta por un mix de servicios, mesas chicas y operaciones mediáticas.
El guiño de Navarro reinstala, además, la doctrina De la Rúa mal entendida. En 2001 no hubo destitución por juicio político: hubo renuncia en un contexto de vacío de poder, estallido social y aislamiento político. La Asamblea Legislativa actuó después de consumada la vacancia, conforme la ley de acefalía, para cubrir la presidencia. Transformar ese antecedente en modelo de “reemplazo” del titular del Ejecutivo sin vacancia previa es torcer la historia para legitimar la excepción. De ahí que el discurso “si el presidente no gusta, se lo saca” no fortalece la democracia: la corroe y, paradójicamente, fortalece a la derecha al regalarle el rol de víctima perseguida por una conjura de medios, servicios y “progresismo moral”.
Cúneo usa el epíteto de la enfermedad mental como un insulto sino que nadie le diga nada.
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En el mismo registro aparece Cúneo, que traslada al set televisivo una “teoría de la esquizofrenia” del poder: no se plantea judicialmente ni con pericias sino mediáticamente, montando la idea de un presidente “desquiciado”, “drogadicto” o lo que convenga al guión. En primer lugar, Cúneo usa el epíteto de la enfermedad mental como un insulto sino que nadie le diga nada. Ese corrimiento del foro competente (Poder Judicial, causales probadas, proceso) al foro del espectáculo (acusación performática, veredicto por trending topic) no es inocuo: desinstitucionaliza y deja servido el terreno para la “salida” por vías de hecho. La deriva se agrava cuando ese clima de sospecha se hiperboliza con acusaciones moralmente incendiarias sin sustento judicial; el que Elisa Carrió haya deslizado —como también Cúneo— que el Presidente “mira” o “miró” vídeos pedófilos ilustra el punto: en vez de denuncia con base probatoria y radicada donde corresponde, se instala un discurso de demolición reputacional que, si no se somete a prueba en el ámbito debido, opera como herramienta de desestabilización política. No se trata de blindar a nadie frente a eventuales delitos —si existen, deben investigarse en tribunales—, sino de marcar que el atajo mediático para acelerar la crisis suplanta los cauces constitucionales y, al hacerlo, abre la puerta a actores no democráticos.
No se trata de blindar a nadie frente a eventuales delitos —si existen, deben investigarse en tribunales—, sino de marcar que el atajo mediático para acelerar la crisis suplanta los cauces constitucionales y, al hacerlo, abre la puerta a actores no democráticos.
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En suma: Navarro pone en circulación la Asamblea Legislativa como dispositivo de recambio cuando solo procede frente a vacancia; Cúneo reemplaza pericia por espectáculo; Carrió escala con imputaciones gravísimas sin sustento procesal público. El resultado es el mismo: un ecosistema que desborda el marco constitucional y banaliza el juicio político, convirtiéndolo en amenaza permanente y legitimando la intervención de servicios y medios como si fueran poderes del Estado. Llamar a eso “defensa de la república” es, en el mejor de los casos, un autoengaño peligroso; en el peor, la normalización del golpismo blando bajo retórica moral.
Además, todo este dispositivo desplaza la fuente del poder democrático. La legitimidad ya no emana del voto ni del procedimiento constitucional, sino de la alianza inestable entre servicios de inteligencia y medios de comunicación. Son ellos quienes fabrican un paisaje donde determinados actores son consagrados como “figuras de prestigio” no por la calidad de sus argumentos, sino porque resultan funcionales al guion de turno. Así, Elisa Carrió es sostenida por Clarín como una especie de oráculo de la moral republicana, Roberto Navarro se erige como vocero de la progresía kirchnerista al abrigo de antiguos y actuales financiamientos estatales, y Santiago Cúneo, que durante años orbitó en los márgenes, penetra poco a poco en el mainstream gracias al efecto multiplicador de las redes y los programas de polémica.
El mecanismo es siempre el mismo: se produce un relato de urgencia, se lo instala como si fuera “voz de la sociedad”, se lo legitima mediáticamente, y de ese modo se lo vuelve insumo político. La fuente de poder se desplaza desde la institución representativa hacia el aparato de comunicación y servicios, generando una lógica perversa en la que lo que cuenta no es la Constitución sino la capacidad de crear escándalos virales, operaciones de inteligencia o denuncias que se evaporan en el aire.
La Democracia Contaminada
Uso deliberadamente la palabra “contaminación” porque lo que ocurre es literal: se contamina el conjunto democrático. Cada vez que se habilita este juego, se degradan las condiciones del debate público, se instala la sospecha como norma y se abre la puerta a soluciones extra institucionales. Lo que debería resolverse en el Congreso mediante los cauces previstos —el juicio político, excepcional y con mayoría agravada— se decide en la mesa editorial de un canal, en una redacción o en un despacho de los servicios. El resultado es una democracia enferma, incapaz de metabolizar conflictos dentro de su propio marco normativo y condenada a ser gobernada por lo que los medios decidan amplificar y los servicios decidan filtrar.
Loveartnotpeople.blog 
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