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El tuit de Pablo Echarri y el agotamiento del progresismo cultural

Hola @leocifelli, acá estoy, como te dije, para explicar por qué creo que tu gestión frente a la Secretaría de Cultura es, cuando menos, mala.

Ninguna gestión que llegó para paralizar el accionar de los distintos institutos culturales, echando a la mitad de sus empleados, subejecutando sus presupuestos y con intenciones claras de vaciarlos de contenidos y hasta cerrarlos —como lo han puesto en manifiesto con los ataques recibidos primero en la Ley Ómnibus, luego en la Ley Bases y ahora en la Reforma Laboral— puede ser considerada exitosa en materia cultural.

No se puede tener una gestión cultural exitosa si el Instituto de Cine paralizó todo el sistema de fomento durante todo 2024 y mitad de 2025, pasando de 170 películas en 2023 a 28 en 2025, o si se encanutaron 37.000 millones de pesos en un plazo fijo en lugar de ponerlos a producir películas. O si se elimina el ente de clasificación de películas habilitando censura por primera vez desde la dictadura.

Tampoco es buena gestión haber perdido 5.000 millones de pesos del Instituto Nacional del Teatro, no realizar las Fiestas Nacionales del Teatro en 2024 y 2025, desregular el sistema de propiedad intelectual argentino, vaciar Encuentro, Paka Paka y DeporTV, o avanzar con artículos que buscan desfinanciar INCAA y RTA.

Eso no es gestionar bien la cultura. Eso es intentar destruirla.

Cambiar aires acondicionados o alquilar espacios del CCK no alcanza para ser un buen Secretario de Cultura. A lo sumo alcanza para ser un administrador prolijo y obediente, porque está claro que no ocupás ese espacio por una propuesta cultural propia, sino para cumplir sin chistar las decisiones de tus jefes políticos.

El texto es largo, argumentado y apoyado en datos verificables. No es un exabrupto. No es un slogan. Y justamente por eso merece algo más que aplauso automático o rechazo reflejo.

Quién habla y desde dónde

Pablo Echarri no habla solo como actor. Habla como figura orgánica del campo cultural kirchnerista y como referente histórico del entramado sindical y corporativo del sector artístico, en particular de la Asociación Argentina de Actores. Aunque hoy no ocupe un cargo formal, Echarri fue durante años una de las caras públicas más visibles de ese espacio. Su voz no representa una opinión individual sino un consenso construido: el de un modelo de política cultural basado en institutos autónomos, financiamiento automático, representación sectorial fuerte y mediaciones corporativas estables entre el Estado y los artistas. Desde ahí habla. Y eso explica tanto la solidez factual de su denuncia como los límites de su encuadre.

Pablo Echarri no representa una opinión individual sino un consenso construido: el de un modelo de política cultural basado en institutos autónomos, financiamiento automático, representación sectorial fuerte y mediaciones corporativas estables entre el Estado y los artistas.

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Del otro lado está Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura del gobierno de Javier Milei. Cifelli no llega al cargo con una propuesta cultural propia ni con una trayectoria intelectual en la materia. Su función es esencialmente ejecutiva: administrar una decisión política ya tomada, que consiste en reducir la cultura como política pública a su mínima expresión.

Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura del gobierno de Javier Milei. Cifelli no llega al cargo con una propuesta cultural propia ni con una trayectoria intelectual en la materia. Su función es administrar una decisión política ya tomada, que consiste en reducir la cultura como política pública a su mínima expresión.

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Una historia que no empieza con Milei

El conflicto actual no nace con este gobierno. Durante el menemismo se sanciona una seguidilla de leyes estructurales —la Ley de Cine, la Ley Nacional del Teatro, la Comedia Nacional, entre otras— que transforman la política cultural argentina en un sistema de institutos relativamente autónomos, cada uno ligado a su disciplina, con financiamiento propio y lógica corporativa.

Ese entramado —que conozco de primera mano por haber sido Subsecretario de Cultura— dio lugar a lo que puede llamarse sin exagerar un Leviatán cultural: un Estado fragmentado en organismos capturados progresivamente por los propios sectores beneficiarios. El kirchnerismo no creó ese sistema. Lo expandió, lo legitimó simbólicamente y lo convirtió en identidad política. La cultura pasó a pensarse como derecho, sí, pero también como renta simbólica y material administrada por corporaciones culturales.

La Secretaría de Cultura se convirtió en un Leviatán: un Estado fragmentado en organismos capturados progresivamente por los propios sectores beneficiarios. El kirchnerismo no creó ese sistema. Lo expandió, lo legitimó y lo convirtió en identidad política. La cultura pasó a pensarse como derecho, sí, pero también como renta y material administrado por corporaciones culturales.

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El punto ciego: presupuesto y pensiones

Cuando ocupé funciones ejecutivas, pude ver algo que rara vez se discute: alrededor del 95 % del presupuesto cultural se destinaba a pensiones vitalicias asociadas a los Premios Nacionales. Premios que, en la práctica, no se otorgaban por excelencia, sino por los mismos mecanismos de reproducción endogámica y negociación sectorial que hoy se celebran como defensa de la cultura.

Argentina es un país atravesado por el juicio al Estado. Un país que todavía sostiene litigios para actualizar las pensiones de las viudas de coroneles de la dictadura por desfasajes inflacionarios. En ese contexto, no discutir la estructura del gasto cultural fue una decisión política del progresismo cultural. Y ese silencio pesa hoy.

Milei como reset: necesario y peligroso

La política cultural del mileísmo es abrasiva y destructiva. Pero sería ingenuo no admitir que algunos sectores del sistema necesitaban un reseteo. El problema es que el reset propuesto no corrige la captura corporativa: la reemplaza por elitización. Al retirarse el Estado, la cultura no se vuelve libre ni democrática. Se vuelve dependiente del capital educativo, del networking internacional, del mercado global y de las plataformas privadas. Netflix, Hollywood, fundaciones, universidades de elite. No hay conflicto: hay reconcentración.

La política cultural del mileísmo es abrasiva y destructiva. Pero sería ingenuo no admitir que algunos sectores del sistema necesitaban un reseteo. El problema es que el reset propuesto no corrige la captura corporativa: la reemplaza por elitización.

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Sin conflicto no hay cultura

Este es el punto que el tuit de Echarri no puede formular: sin conflicto no hay cultura. Cuando la cultura se estabiliza como sistema de beneficios, pensiones y representación sectorial, pierde su capacidad de incomodar, de disputar sentido, de justificar socialmente su existencia más allá de sus propios actores. El progresismo cultural neutralizó el conflicto en nombre de la protección. Y cuando llegó un gobierno dispuesto a destruir ese sistema, la defensa solo pudo articularse en términos administrativos y nostálgicos.

El tuit de Echarri no es un error. Es un síntoma del agotamiento del progresismo cultural argentino. Un progresismo que ya no sabe cómo defender la cultura sin defender al mismo tiempo el sistema corporativo que la vació de conflicto. Milei no destruye un sistema sano. Destruye un sistema agotado. Eso no lo legitima, pero explica por qué puede hacerlo sin una resistencia cultural verdaderamente convincente.

El tuit de Echarri no es un error. Es un síntoma del agotamiento del progresismo cultural argentino. Un progresismo que ya no sabe cómo defender la cultura sin defender al mismo tiempo el sistema corporativo que la vació de conflicto. Y, sin conflicto, no hay cultura.

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La pregunta sigue sin respuesta: ¿Cuál debería ser hoy el rol de una Secretaría de Cultura?, ¿Administrar rentas?, ¿Garantizar derechos, ¿Fomentar excelencia sin endogamia?, ¿Sostener conflicto sin clientelismo?.

¿Entonces… cuál debería ser hoy el rol de una Secretaría de Cultura?

Mientras esa pregunta no se formule en serio, la cultura seguirá atrapada entre un modelo corporativo agotado y un vaciamiento deliberado. Y en ese choque, lo que se pierde no es un presupuesto, sino la posibilidad misma de una cultura viva. Responder qué debería ser hoy una Secretaría de Cultura exige antes aceptar algo incómodo: no existe política cultural sin conflicto. Cuando la cultura se administra como renta, como sistema de protección sectorial o como extensión simbólica de la política social, deja de producir sentido y se vuelve gestión de estabilidad. Una Secretaría de Cultura no debería garantizar ingresos, trayectorias ni reconocimiento permanente; debería existir para mantener abierto el conflicto cultural, incluso —y sobre todo— cuando ese conflicto incomoda a los propios actores culturales.

¿Entonces… cuál debería ser hoy el rol de una Secretaría de Cultura?El problema no ha sido la presencia del Estado, sino su captura. Durante décadas, el Estado cultural funcionó como ventanilla automática de financiamiento para corporaciones artísticas que confundieron representación sectorial con legitimidad cultural.

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El problema histórico de la política cultural argentina no fue la presencia del Estado, sino su captura. Durante décadas, el Estado cultural funcionó como ventanilla automática de financiamiento para corporaciones artísticas que confundieron representación sectorial con legitimidad cultural. La respuesta a esa captura no puede ser el retiro del Estado ni la delegación al mercado, porque el mercado no democratiza la cultura: la reconcentra y la vuelve accesible solo para quienes ya poseen capital educativo, redes y visibilidad. Pero tampoco puede ser la continuidad del financiamiento automático, los premios vitalicios y las mediaciones cerradas. Una Secretaría de Cultura debería existir precisamente para desarmar ese doble reflejo: corporación o mercado.

Eso implica abandonar la lógica de la representación y asumir una lógica de evaluación. Evaluar no es moralizar ni censurar: es asumir criterios explícitos de riesgo, impacto público, innovación, circulación social y capacidad de generar conflicto. La cultura no puede sostenerse solo por pertenencia, identidad o historia acumulada. Evaluar implica también algo que el progresismo cultural evitó sistemáticamente: la posibilidad de decir no. Sin esa posibilidad, no hay política cultural, solo administración de expectativas.

Un punto decisivo —y deliberadamente omitido durante años— es la confusión entre política cultural y política social. La protección de los trabajadores culturales es necesaria y legítima, pero no puede resolverse a través de institutos, premios o financiamiento cultural. Jubilaciones, pensiones, cobertura médica y estabilidad básica pertenecen al campo de la política social. Cuando se mezclan ambas dimensiones, la cultura queda atrapada en un sistema rígido, intocable, incapaz de renovarse y de justificar públicamente sus decisiones. Una Secretaría de Cultura no puede ser al mismo tiempo sindicato, caja previsional, curaduría y aparato simbólico sin destruir su función específica.

Finalmente, una política cultural contemporánea no debería garantizar resultados, obras ni carreras. Debería garantizar condiciones de posibilidad. Educación pública robusta, acceso a archivos, circulación territorial, infraestructura compartida, reglas claras y temporales. El resultado —qué obras se producen, qué trayectorias se consolidan, qué lenguajes sobreviven— debe quedar abierto. La cultura no es igualdad de resultados; es igualdad de oportunidad para arriesgar, para fracasar y para incomodar.

Si una Secretaría de Cultura no puede sostener ese espacio de conflicto, evaluación y apertura, entonces deja de ser una herramienta política y se convierte en lo que fue durante demasiado tiempo o en lo que hoy amenaza con ser: o un Leviatán corporativo sin legitimidad, o un cascarón vacío entregado al mercado. Ninguna de las dos cosas produce una cultura viva.

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