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Escrito por el Dr. Rodrigo Cañete (University of Warwick)

Your Grace

Lo que me interesa del debate con el Doctor en Letras, Docente e Investigador Conicetero de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Mariano Vilar, a partir de su stream, ya excede su respuesta a mis críticas. Lo que tenemos es un retrato, en sus propias palabras, de un noble secular. Un universitario que explica por qué su doctorado y su pertenencia institucional lo colocan dentro de una élite, mientras el país redefine las condiciones bajo las cuales entrega recursos que podrían ser destinados a atender a los desahuciados mucho más directamente, organizará el trabajo y distribuirá las posibilidades de acceder a un conocimiento que permita no solo saber sino también abrirse camino en la vida. Mi objeción a los planteos y las formas del Dr. Vilar tiene como objeto, su ceguera ante esa desproporción. Cuando la defensa de ciertos modos de la universidad pública y gratuita se concentra en justificar la posición de quienes ya pertenecen a ella, y, para colmo, eso se hace de manera victimológica, la pregunta por lo que una sociedad necesita saber queda subordinada a la conservación de una identidad. Tambien a una identidad de grupo.

En su exposición sobre las élites, que fue una suerte de respuesta medio consciente y medio inconsciente a mis criticas a su previo stream con su charla con el Filósofo Analítico, el Dr. Vilar reconoce el efecto simbólico de los título nobiliarios seculares (que el considera equivalentes a un doctorado, en el mundo contemporáneo) y también las limitaciones económicas que plantea esa distinción. Esto le permite, como dije antes, colocarse en el autorizado lugar de víctima subsidiada. En el stream dedicado a las ‘elites’, aborda también, el conflicto inherente a la era meritocrática entre exigencia e inclusión. En su reflexión, no propone simplemente abandonar a quienes fracasan sino excluirlos como principio de organización de una jerarquía social. Es, en ese punto, en el que la universidad publica como ‘corte secular’ comienza a aparecer como un problema. La institución pasa a funcionar como medida de los sujetos, aunque todavía esté pendiente la evaluación de sus propios criterios. La pertenencia certificada empieza a confundirse con una autorización para definir el valor de los demás.

Entitlement

Eso es lo que llamo entitlement: una prerrogativa que se vive como evidencia y, por eso, rara vez necesita justificarse ante quienes quedan fuera, puede coexistir con salarios bajos y precariedad laboral. Un docente puede estar económicamente maltratado y disponer, sin embargo, de autoridad para determinar qué trayectoria es legítima, qué lenguaje merece reconocimiento y qué objeción revela ignorancia. Y, convengamos, que no todos son Mr.Keating de Los Poetas Muertos sino que, por lo general, el pedagogo contemporáneo no es el ideal romántico que uno puede imaginar desde la clase media no ilustrada sino un burócrata con problemas de adaptación social que usa su autoridad limitada para autorizarse mediante el ejercicio de prácticas exclusionarias y, hasta, perversas. El progresismo se vuelve defensivo cuando utiliza su vulnerabilidad económica para volver intocable su autoridad cultural.

Discutir esto nos permite posicionar el excepcionalismo argentino en perspectiva comparada con, por ejemplo, el caso francés y la insurrección de los lycéens. En ambos casos, el privilegio educativo se reproduce mediante condiciones aparentemente neutrales y aparece como ‘naturalizado’. No llama la atención que ambos Doctores en su entrevista en su stream al Filósofo Analítico se confiesen como hijos de profesionales y académicos. Lo que, tambien, queda en evidencia en esa charla es que la carrera de filosofía es innecesariamente larga lo que presupone disponibilidad ilimitada, familiaridad previa con su lenguaje y tolerancia a recorridos imprevisibles lo que distribuye oportunidades según recursos y acceso geografico. El mismo problema de los lycéens. La diferencia es que en la Argentina, las reinvindicaciones de ‘izquierda’ son enarboladas por sus beneficiarios de ‘elite’. La gratuidad de la matrícula es una conquista indispensable, pero no vuelve gratuito el tiempo. Quien debe trabajar, cuidar a otros o viajar durante horas paga de maneras que la institución puede no registrar. El problema de la educación publica exige estudiar esas condiciones, en lugar de suponer que toda selección expresa diferencias de talento. Ahí la crítica del elitismo encuentra una tarea concreta: revisar cuánto del mérito reconocido depende de ventajas sociales que el progresismo clasemediero porteño transformó en un derecho natural y ya, ni siquiera, puede ver. Por esto, esas diferencias elementales en la distribución presupuestaria en materia educativa permanecen sin reconocerse.

La situación en la que por izquierda y por derecha, la Argentina se metió exige salir de esa conversación autorreferencial. Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos relevados durante el primer semestre de 2026. Había sido del 28,2% en el semestre anterior. Conviene también reconocer que el registro actual sigue por debajo del 41,7% de fines de 2023. El deterioro reciente no autoriza a pensar en una evolución continuamente ascendente. Precisamente porque cuestiono el modo en el que las políticas de educación publica y gratuita son defendidas por sus beneficiarios progresistas, necesito describir sus resultados con más cuidado que sus propios propagandistas.

La pobreza, además, no mide por sí sola la concentración de la riqueza. Una sociedad puede reducir privaciones monetarias y mantener, o profundizar, una distribución extraordinariamente desigual de la propiedad y del poder de decisión. Importa quién posee los activos, quién fija las condiciones del crédito, quién controla los datos y quién puede esperar mientras otros necesitan vender su tiempo para sobrevivir. La polarización que me preocupa tiene que ver con esto: la distancia entre quienes pueden organizar el futuro y quienes apenas consiguen adaptarse a decisiones tomadas por otros porque ni siquiera tienen tiempo para participar de la asamblea o de la protesta frente al Congreso es clave.

Accountability

Qué pasa si se pone este tipo de inversión (las asignaciones presupuestarias a la educación publica) e, inciativas destructivas de lo publico llevadas adelanta por el gobierno libertario de Milei como, por ejemplo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En principio, el R.I.G.I. ofrece un ejemplo concreto de cómo se distribuye esa capacidad. Garantiza estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante treinta años a los proyectos adheridos, junto con beneficios específicos. Su alcance no se limita a la minería, pero su aplicación a actividades extractivas vuelve decisiva una pregunta: ¿qué capacidad conserva el país para transformar la explotación de recursos en conocimiento, desarrollo productivo y autonomía en ciencia y tecnología? Si se comparan las condiciones pactadas por Lula y las propuestas por Milei, se puede apreciar la diferencia entre un gobierno de una nación autónoma y un virreinato. La clave para ver esto esta en la duración de las garantías dadas a los inversores extranjeros.

El extractivismo se vuelve políticamente decisivo cuando el territorio aporta materias primas mientras las decisiones estratégicas, las tecnologías y una parte sustancial del valor quedan organizadas desde otros lugares. Para evaluar ese riesgo hacen falta geólogos, economistas, especialistas ambientales, juristas y comunidades con acceso efectivo a la información. Hace falta poder discutir contratos y consecuencias, no solamente celebrar anuncios de inversión. La soberanía pierde contenido cuando se reduce a una bandera y no incluye la capacidad de producir, contrastar y utilizar conocimiento sobre lo que se está haciendo con el país.

Por eso el ajuste libertario al sector universitario y científico no puede justificarse mediante la torpeza argumentativa del profesor e investigador, Dr.Vilar. El Grupo EPC calcula una caída real del 8,8% en el presupuesto ejecutado por el CONICET entre enero y septiembre de 2026 respecto del mismo período de 2025. Debilitar equipos, infraestructura y continuidad de investigación tiene efectos sobre capacidades que tardan años en reconstruirse. Mi crítica a la autocomplacencia elitista de ese tipo de progresismo Puanero requiere diferenciarlo de las condiciones materiales en las que una politica científica puede tener continuidad en la Argentina. De otro modo, acabaría ayudando a quienes convierten toda deficiencia institucional en argumento para desmantelar lo que todavía permite comprenderla.

La propia universidad ofrece instrumentos para apreciar la gravedad de la situación en la que se encuentra la Argentina en materia de ciencia y tecnologia. El reporte fiscal de octubre del IIEP, UBA-CONICET, por ejemplo, examina ingresos, gastos y resultados del sector público. Sería absurdo sostener que toda investigación pública es inútil y, potencialmente, suicida. La cuestión debe atravesar a la institución: enfrentar las formas de trabajo que aumentan la capacidad colectiva de comprender con formas de legitimación que convierten el reconocimiento entre pares en destino suficiente. Confundirlas le hace un favor al discurso libertario que las quiere liquidar juntas.

Desde ya, la solución no radica ni en la de financiación de la educación publica ni en el traslado de la responsabilidad del sector a la universidad privada. Ademas, cualquier discusión sobre el tema no puede ser cuantitativa ni puede reservar la calidad a una cuestion cuantitativa como, por ejemplo, un licenciado en filosofía es mejor si estudia seis años en lugar de tres. Los efectos de interés publico de esa distinción es evidente ya que una universidad puede producir graduados competitivos y contribuir muy poco a la autonomía cognitiva de su sociedad. Esto es algo que en la discusión entre ambos Doctores en el stream de Vilar, emerge pero es desarrollado como una curiosidad laboral (y, por lo tanto, de acuerdo a las coordenadas del universitario como connoisseur desprofesionalizado) o, (y, este es un fenómeno muy porteño) como un instrumento cuyo uso va en detrimento del sujeto cognoscente. La escuela secundaria y la universidad deben enseñar a utilizar y discutir inteligencia artificial para participar de procesos que permanecen fuera de discusión.

A escala mundial, la expansión de la inteligencia artificial hace de esta ultima pregunta algo crucial. Una institución que se limita a certificar niveles de erudición, como si estuviéramos en épocas escolásticas, queda atrapada entre la automatización y la fetichización de sus propias credenciales. Esto último plantean un, muy pernicioso, rechazo de esas herramientas. La tarea de la formación universitaria hoy es más difícil que antes porque obliga a enseñar a formular problemas, y verificar pruebas, desde el vamos. y reconocer los intereses inscritos en los instrumentos que utiliza. También por conservar espacios donde investigar algo no dependa de su rentabilidad inmediata. La autonomía cognitiva tiene, por eso, una infraestructura material: bibliotecas, laboratorios, archivos, acceso a datos y trabajadores con continuidad. Delegar esas condiciones mientras se celebra la circulación ilimitada del conocimiento puede producir una libertad de consumo acompañada por una dependencia creciente en la producción.

Las carreras de humanidades son claves en la transición que estamos atravesando entre la mediósfera a la IA. Mucho se puede decir al respecto pero si de resumirlo se trata, podríamos decir que nos permiten reconstruir qué idea de progreso vuelve aceptables determinados sacrificios. Ese trabajo, como todo buen trabajo academico, requiere tres cosas: archivos, conceptos y tiempo. También requiere que la autoridad esgrimida por el doctor certificado como tal pueda discutir y poner sus hipótesis a prueba. Haber leído a Foucault o a Barthes no sustituye esa explicación y este ha sido históricamente un grave problema en la UBA donde la referencia ‘erudita’ funciona como código de pertenencia, una suerte de jerga pretendidamente sofisticada que, a fin de cuentas, no es mas relevante que la de cualquier profesión.

La reelección de Lula del 25 de octubre, frente a Flávio Bolsonaro, importa en este contexto porque mantiene abierta otra escala de intervención. Su campaña volvió a colocar la industrialización, los ingresos y la diversificación comercial dentro del horizonte de lo público. El resultado no garantiza su realización ni elimina las contradicciones del modelo brasileño. Conserva, sin embargo, el deseo de disputar las condiciones de integración económica a las potencias predatorias de la era Trump. Para Argentina, la existencia de ese interlocutor regional deberia ser visto como una oportunidad pero sabemos que está lejos de ser el caso.

Ahí encuentro el punto de contacto con nuestro progresismo y, en particular, con nuestro progresismo universitario. Una victoria electoral puede convertirse en ocasión para repensar el modo en el que estamos haciendo las cosas pero también puede transformarse en un rito de confirmación de nuestra identidad de grupo. Lo mismo sucede con la defensa de la educación pública. Si acabamos convenciéndonos de que nosotros somos la vanguardia ilustrada y nuestros adversarios son los bárbaros, el problema persiste1. La superioridad cultural o lo que llamo ‘eticismo’ deviene la compensación por nuestra impotencia política. Mientras tanto, los libertarios ocupan el territorio. Casi se quedan con todo Sudamérica.

Y es en este punto en el que me gustaría reintroducir del suicidado angloafricano Profesor de Cambridge, Jason Arday que introduce otra forma de endogamia institucional en la educación superior. El 19 de octubre, el Committee for Academic Freedom anunció una investigación externa sobre su contratación y los procedimientos universitarios. Entre sus participantes figura Steven Pinker, profesor de Harvard.

Cambridge, por su parte, anunció una revisión independiente en dos partes tras el fallecimiento de Arday: una sobre apoyo y protección, y otra sobre contratación y respuesta institucional a cuestiones de integridad académica. Además, el 21 de octubre, Byline Times informó que se había retirado el aviso de investigación de un artículo de 2020 y restablecido su versión corregida en 2024. El periódico interpretó ese resultado como ausencia de fundamento para nuevas acusaciones.

Este caso obliga a preguntar cómo se verifican antecedentes, cómo se tramitan denuncias, qué resultados se publican y cómo se protege a las personas sin sustraer procedimientos al examen. También quienes promueven investigaciones externas deben explicar sus criterios e intereses. La relevancia para la discusión que estamos llevando adelante en este post, tiene que ver con los costos del elitismo universitario cuando se cierra sobre si mismo y carece de controles neutrales, reales. El caso de Arday es un caso en el que el amiguismo y el elitismo se cruzó con el racismo y el resultado es un suicidio. La transparencia exige procedimientos que permitan revisar tanto una acusación como una defensa, sin que ninguna pertenencia a ninguna grupo sustituya la evidencia necesaria para encontrar a alguien culpable.

Una universidad gestionada como brand internacional como Cambridge enfrenta incentivos muy distintos de los de una cátedra pública de la UBA. En el Norte Global, la principal preocupación es el prestigio y la victimologia puede ser puesta en práctica desde ahi pero cuando ese mecanismo se das vuelta para transformarse en una cacería de brujas, el resultado puede ser fatal. En Puán, la endogamia depende de disciplinas académicas, grupos de amigos, continuidades de cátedra, perversiones varias y corporativismos.

La autonomía universitaria debería permitir investigar relaciones de poder que otras instituciones prefieren mantener opacas. Para hacerlo, necesita aceptar exigencias equivalentes sobre su propio funcionamiento. Criterios públicos de evaluación, decisiones fundamentadas, posibilidades efectivas de apelación y análisis de excelencia estudiantil y académica como condiciones de legitimidad. La exigencia académica pierde autoridad cuando no distingue entre dificultades de aprendizaje, obstáculos materiales y arbitrariedades institucionales varias. Estudiar esas diferencias forma parte del trabajo educativo. Exigir que el estudiante se adapte por si solo, sin investigar cómo se produce su fracaso resulta intelectualmente cómodo para el superior jerárquico pero, tanto en el Norte como en el Sur, socialmente muy costoso.

La victoria de Lula abre un margen; las políticas libertarias argentinas muestran lo que se juega cuando ese margen se estrecha. Entre ambos escenarios, la universidad tiene que decidir qué capacidades ayuda a construir y para quiénes. Defiendo una institución capaz de incomodar al poder económico y de someter sus propias jerarquías a examen. Esa doble exigencia permite salir de la falsa elección entre corporativismo y desmantelamiento. El título puede reconocer una formación. Lo que no puede hacer es absolvernos de explicar cómo esa formación amplía la libertad de quienes nunca tendrán uno.