Escrito por el doctor Rodrigo Cañete · Universidad de Warwick (University of Warwick) · All rights reserved.
Metrópolis
Hay una inversión obscena del concepto de ciudadanía en la investigación de la cacería de travestis y mujeres trans en los Bosques de Palermo: las víctimas se vieron obligadas a ser ellas mismas quienes conservan y aportan las imágenes de violencia que sus propios atacantes filmaron y difundieron en las redes sociales. Fueron tambien las mismas víctimas quienes tuvieron que participar en la producción de pruebas, mientras los perpetradores de la violencia contra ellas sintieron que gozaban de la impunidad suficiente como para exhibir su agresión como un trofeo frente a quienes quisieran verla. Es difícil encontrar una síntesis más precisa de la desigualdad en el derecho a la visibilidad y no solo eso, en la relacion con el trato humano: mientras unos administran el registro audiovisual de su crueldad; las víctimas deben luchar para que ese mismo registro sea reconocido como evidencia de un delito.
Hay una inversión obscena del concepto de ciudadanía en la investigación de la cacería de travestis y mujeres trans en los Bosques de Palermo: las víctimas se vieron obligadas a ser ellas mismas quienes conservan y aportan las imágenes de violencia que sus propios atacantes filmaron y difundieron en las redes sociales
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Buenos Aires no es una ciudad sin cámaras de seguridad. Por el contrario, durante el gobierno de Jorge Macri se ha venido convirtiendo en una ciudad Orwelliana. Su gobierno esgrime la videovigilancia como una de sus mayores realizaciones: más de diecisiete mil cámaras conforman una red porteña con una cobertura anunciada del 82 % de las calles que puede considerarse como un panóptico. En el 2023, esta red probó ser rápida y eficaz cuando se lo propone o, mejor dicho, cuando los sujetos cuyos derechos son vulnerados son considerados lo suficientemente importantes para que el Estado usé sus herramientas de control para transformar esa visibilidad en evidencia. Esto se vio con suma claridad en la investigación del asesinato del ingeniero Mariano Barbieri que permitió reconstruir el recorrido de un sospechoso mediante al menos quince cámaras públicas y privadas del entorno de Palermo. Está asimetría nos obliga a hacernos tres preguntas: ¿qué registraron las cámaras localizadas en las calles Ombúes, Andrés Bello y los accesos al Lago de Regatas durante la madrugada del ataque? ¿Cuántos de esos dispositivos funcionaban, quién los monitoreaba y cuándo se preservaron sus imágenes?
Víctimas Criminalizadas
La secuencia institucional del caso del ataque a las trabajadoras sexuales debería preocuparnos a todos. Según informó Clarín, hasta el mediodía de ayer miércoles 4 de noviembre no constaba, siquiera, un parte policial por las agresiones a las trabajadoras sexuales, mientras sí se había registrado la lesión sufrida por un adolescente de catorce años durante el enfrentamiento. Es evidente que hay algunos ciudadanos que importan a las instituciones y otros que no. La fiscal Andrea Scanga inició una investigación de oficio y solicitó al Centro de Monitoreo Urbano los registros de las cámaras cercanas. Qué muestran esas cámaras? Y por qué el registro es sólo de cámaras cercanas sin los ciclistas venían siendo observados y hasta habían habido interacciones con la policía en diferentes puntos de la ciudad. Que se investiguen también las lesiones del adolescente es correcto; lo inquietante es la diferencia entre la rapidez con que ciertos daños ingresaron al expediente y las dificultades para reconocer administrativamente la violencia sufrida por las mujeres trans. Ya, en ese punto, el accionar de las instituciones del Gobierno de la Ciudad no pueden ser consideradas como neutrales.
La fiscal Andrea Scanga inició una investigación de oficio y solicitó al Centro de Monitoreo Urbano los registros de las cámaras cercanas. Qué muestran esas cámaras? Y por qué el registro es sólo de cámaras cercanas sin los ciclistas venían siendo observados y hasta habían habido interacciones con la policía en diferentes puntos de la ciudad.
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Una de las agredidas denunció que llamó tres veces a la Policía y que los efectivos tardaron entre veinticinco y treinta minutos en llegar. Esa demora es un testimonio que debe cotejarse con los registros del 911 y el despacho de móviles. Jorge Macri repudió públicamente los hechos y prometió identificar a los responsables. Pero una declaración de condena no reemplaza el deber de explicar qué ocurrió con los recursos de seguridad disponibles: qué patrullas estaban asignadas a la zona, a qué hora recibieron el aviso, qué órdenes se impartieron y qué actuaciones se hicieron para localizar a quienes difundieron los videos. ¿De qué sirve celebrar la eficacia tecnológica de una policía si, ante un ataque colectivo, las preguntas elementales sobre su despliegue siguen abiertas?
¿De qué sirve celebrar la eficacia tecnológica de una policía si, ante un ataque colectivo, las preguntas elementales sobre su despliegue siguen abiertas?
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Jorge Macri, Criminal en La Haya?
La autoridad política de Jorge Macri se ha construido visualmente alrededor de la recuperación del espacio público: operativos, detenciones, desalojos de vendedores informales, cámaras y policías como demostraciones de un territorio bajo control. Este caso le pone al gobierno de Jorge Macri un espejo frente de sí porque obliga a deletrear las prácticas fascistas que ha venido aplicando en franca imitación de las practicas de ICE en los Estados Unidos. La contradicción con la que se enfrenta Macri es una ciudad hipervisible y controlada que no logra ofrecerles protección de manera igualitaria y que al mostrar esa impotencia, está poniendo en evidencia los problemas reales que su política plantea que tienen que ver no con una relacion transparente entre hipervisibilidad y acción contra el delito sino algo mucho más delicado que tiene que ver con la catalogación de grupos poblaciones para su jerarquizacion y posterior criminalización mediante su castigo o, simplemente, ‘haciendo la vista gorda’. Esto hace intensamente visibles a determinados habitantes cuando desea vigilarlos o desplazarlos y, sin embargo, no ofrecerles una protección igualmente eficaz cuando son víctimas. Esto coloca a Jorge Macri muy cerca de una denuncia de crímenes contra la humanidad por omisión deliberada.
Hoy, no obstante lo anterior, ya aparecieron nuevas pistas periodísticas sobre posibles implicados y la fiscalía seguía analizando cámaras y redes; no corresponde congelar el expediente en el primer día. Pero tampoco aceptar que cada avance posterior borre las preguntas iniciales. El problema que debe responder el gobierno y tambien la fiscalía no es sólo quiénes golpearon, sino cómo pudo desarrollarse, filmarse y circular una persecución colectiva en una zona sometida a vigilancia, y por qué fueron las propias mujeres atacadas quienes debieron llamar tres veces y luego ser requeridas de presentar las pruebas para que la ciudad viera lo que habían sufrido. La legitimidad de una política de seguridad no se mide por la cantidad de cámaras que exhibe, sino por la protección que garantiza, especialmente a quienes menos poder tienen para reclamarla.
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